En plena cuarentena contra el Coronavirus, reflexiones post 8M. El anteproyecto de ley de libertad sexual del gobierno progresista de coalición español
Por María García Yeregui
El pasado domingo celebramos el 8M, 112 años después de que 129 mujeres en
huelga, trabajadoras de la Cotton Textil Factory de Nueva York, fueran quemadas,
encerradas en la fábrica donde trabajaban, por su propietario. No fue la primera ni la
última vez, ni en Nueva York ni en otras partes del mundo. En la misma ciudad
estadounidense, tres años después de aquel 8 de marzo de 1908, otras 123 mujeres eran
quemadas vivas en la fábrica Triangle Shirtwaist, junto a 23 compañeros.
Los patrones fabriles repetían el mismo patrón represivo que ya habían aplicado
los empresarios de la industria textil contra las trabajadoras de la gran huelga de 1857.
Un año después, en el viejo continente, la Barcelona popular y obrera donde en 1854 y
1855 se habían organizado las primeras huelgas generales del país ibérico –con
solidaridad de otras ciudades españolas con menor industrialización- era bombardeada,
por tercera vez en una década.
Eran aquellos tiempos del siglo XIX en los que la ley de los tribunales de Gran
Bretaña -epicentro de la revolución industrial- llevaba varias décadas sentenciando a muerte a los obreros que rompiesen alguna propiedad privada mobiliaria, es decir, las
máquinas de la automatización textil que los expulsaban a una mayor precariedad
laboral y al desempleo.
También fueron leyes aplicadas por tribunales las que condenaron a la hoguera a
las mujeres rebeldes, subversivas al orden social imperante y -como analizó Silvia
Federici- sus transformaciones estructurales desde arriba en la transición del feudalismo
al capitalismo, durante las llamadas cazas de brujas de la Edad Moderna.
Metodos, de disciplinamiento sangriento de los movimientos populares y,
a partir del siglo XIX, obreros, con especificidad sobre los cuerpos de las mujeres. Una vez en la modernidad contemporánea, dichos disciplinamientos en masa, a costa de vidas humanas no implicaban ya la quema de mujeres rebeldes en una pila usando la ley, sino que, como macabras muestras de impunidad sistémica, que implican de nuevo a la ley y al Estado, suponía quemarlas como colectivo de trabajadoras por decisión de
la elite propietaria de los medios de producción. Ellos las encerraban y prendían fuego “a su propiedad” como método represivo reiterado.
Por ello, las mujeres del movimiento feminista -atravesado de raíz por el
internacionalismo anticapitalista del siglo pasado- nos venimos movilizando los 8 de
marzo, como símbolo inolvidable, desde 1910. Lo hacemos en su memoria, intrincada
dolorosa y orgullosa, en nuestras luchas colectivas contra el patriarcado.
Sus propias compañeras organizaron la huelga de las camiseras el año siguiente
de aquella masacre administrada ejecutada por el poder empresarial. En 1909, el
también llamado levantamiento de las 20 mil, apoyado por la Liga Nacional de
Sindicatos de Mujeres de América, profundizó un ciclo de luchas que se prolongaría durante 5 años, hasta conseguir cambiar el movimiento obrero de la industria textil como uno de los más organizados del país norteamericano. El movimiento obrero de mujeres transformó las condiciones laborales, habiendo puesto en su sitio con su
feminismo y a través de la organización huelguista, al machismo hegemónico en el
sindicalismo masculino.
Desde entonces, a lo largo de las décadas hasta sobrepasar el siglo, hasta llegar a
las huelgas de esta imparable y mundial cuarta “ola” que vivimos, las mujeres seguimos tomando las calles, con alegría y rabia entremezcladas.
Con este legado presente durante la pasada semana en mujeres de todo el
mundo, por pagos ibéricos el gobierno presentó novedades legislativas. La Ministra de Igualdad, Irene Montero (Podemos), anunció el anteproyecto de ley de Libertad Sexual, a dos meses de erigirse el gobierno de coalición progresista. Lo hizo finalmente por
fuera de la reforma del código penal en la que trabaja el Ejecutivo. Una reforma que
exigimos incluya, desde los movimientos sociales por los derechos civiles del país, las
derogaciones tanto de la contrarreforma penal que hizo el gobierno del Partido Popular en 2015, como de la ley de protección ciudadana, la ley mordaza. El anteproyecto de ley de Libertad Sexual representó el final de la disciplina de discurso establecida en función de la unidad, entre el PSOE y Unidas Podemos -“un gobierno con muchas voces pero una misma palabra” en declaraciones del presidente- con acusaciones entre ministros del PSOE y de Unidas Podemos. Recordemos que se trata del primer gobierno de coalición dentro del régimen de monarquía parlamentaria instaurado por la Constitución transicional de 1978, es decir, desde la II República española y sus gobiernos de coalición –los dos de las izquierdas, muchos más que progresistas tanto el reformista como el del Frente Popular del 36, y el del bienio de la coalición de derechas que gobernaron durante los 5 años que la reacción dejó que durara la república antes de dar un golpe de Estado cívico-militar que fracaso parcialmente dando comienzo a la guerra civil española del siglo XX.
Un ejecutivo de coalición que se conformó como consecuencia de los resultados
de la repetición electoral del pasado 10 de noviembre, convocada por el presidente de
gobierno, entonces en funciones, Pedro Sánchez (PSOE), para buscar unos resultados
que le permitieran un gobierno en solitario, dentro del régimen parlamentario del país,
objetivo que no consiguió.
Desde la investidura de Sánchez por mayoría simple en el Congreso y la conformación del consejo de ministros, a lo largo del segundo mes de gobierno, ha habido cuestiones dentro del Ejecutivo difícilmente asumibles para las tradiciones políticas de las que viene Unidas Podemos: como su voto negativo en la mesa del Congreso, junto al PSOE, a hacer pública la hoja de servicio del policía de orden público Antonio González Pacheco, Billy El Niño. Un conocido torturador de la brigada político-social durante al tardofranquismo y la transición, que fue condecorado en democracia por su labor policial -lo que implica sumas de dinero del heraldo público vigentes hasta hoy-, una institución con la que no ha dejado de tener relación en estas décadas de democracia liberal. Un error a subsanar, comunicaron después desde el partido del vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias.
Hubo otras fricciones que fueron manifestadas en el Congreso por el grupo
parlamentario de Unidas Podemos, pero no en las declaraciones de ninguno de los
cuatro miembros de la formación que son parte del consejo de ministros –ni del
vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ni de la Ministra de Igualdad, Irene Montero,
ambos de Podemos, ni del Ministro de Consumo, Alberto Garzón, ni de la Ministra de Trabajo. Yolanda Díaz, ambos de Izquierda Unida, partido en coalición con Podemos
desde 2016.
Fricciones que requerían más contundencia por ser respecto a la indignidad
europea: las violaciones de los derechos humanos que sufren los desplazados, migrantes y refugiados en las fronteras greco-turca, las vallas de la hispano-marroquí de Ceuta y Melilla, y en la fosa común que es el mar Mediterráneo.
Y es que acerca del respeto y protección de los Derechos Humanos, en los países
del centro del capital occidental, vivimos momentos, tradicional y continuamente
indignos, pero hoy tenebrosamente agudizados. Por supuesto, debido al crecimiento de las ultras derechas y la derechización de las derechas hegemónicas neoliberales en los países del continente –Gran Bretaña, Italia, Alemania, Austria, Francia, España, Polonia, Hungría, Grecia, etc. Pero también por el sentido común derechista que se hace presente tanto en las instituciones nacionales como en la Unión Europea. Vivimos por tanto en una obscena continuidad con giros recrudecidos en la deshumanización de migrantes y refugiados.
Me refiero concretamente a la sentencia del tribunal de Estrasburgo de DDHH,
del 13 de febrero, sobre las ‘devoluciones en caliente’ y, por supuesto, a la nueva
lacerante crisis de refugiados en la frontera greco-turca, que nos retrotrae a la de 2015, y
que está dejando represiones aberrantes opuestas al respeto de los derechos de los
migrantes de zonas de conflicto como Siria o Afganistán, con discursos de alarma
xenófoba, en términos de “invasión incontrolable contenida” por las fuerzas del
monopolio de la violencia del Estado griego, a la hora de denunciar la política de
subalternidad como ‘guardianes fronterizos’ que los países centrales de la UE acuerdan
hacia los territorios considerados dependientes y degradados, como tratan a Grecia. Una política utilitaria y disciplinaria hacia el país heleno tras su intento de liberarse soberana y popularmente de las condiciones de su deuda así como de las políticas de ajuste y castigo que implementó la troika en los años post2008. Hoy, con muy pocos votos de diferencia, la derecha vuelve a gobernar Grecia que cerró el ciclo post-memorándum con el retorno de los conservadores, junto el amén ortodoxo.
Sin olvidar, el pago a Erdogan durante estos años para que cumpliera el rol de
primera frontera frente al éxodo poblacional. La coyuntura para el gobierno turco,
violador sistemático de derechos humanos, políticos y sociales, en el juego geopolítico
abierto desde hace casi una década en Siria, ha cambiado y la población desplazada ha
llegado en mayor número a la frontera turco-helena. Características de la tercerización
represiva que también aparece en el comportamiento de España respecto a Marruecos.
Y que, por supuesto, se relaciona con la perversa situación en territorio libio, a partir de la invasión de la OTAN en 2011.
Pues bien, el ministro del Interior español, el juez Fernando Grande-Marlaska,
que conservó el cargo desde el anterior ejecutivo de Sánchez, en solitario a partir de la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018, declaraba: “La sentencia de
Estrasburgo manifiesta que la violencia [refiriéndose a los saltos de migrantes a la valla] es un límite al ejercicio de los derechos fundamentales”. Como decimos, frente a esto
hubo palabras en contra desde el Congreso por parte de Unidas Podemos, pero entre los
ministros hubo disciplina de silencio.
Sin embargo, la paciencia de Pablo Iglesias se ha desbordado por las críticas y
correcciones que otros ministros del ejecutivo elegido por el presidente “socialista”, han planteado respecto a la legalidad y constitucionalidad de la redacción del texto del anteproyecto de ley, presentado por la ministra podemita. La gresca saltó al ámbito público porque ministros del PSOE, como la vicepresidenta primera, el ministro de Justicia y el ya mencionado ministro de Interior criticaron la calidad y redacción
inconstitucional del anteproyecto. Entonces Pablo Iglesias los acusó de “machismo
frustrado” en unas declaraciones a los medios.
Para entender algunas reacciones de la derecha y también de sectores de la
población, el hecho de que Pablo Iglesias e Irene Montero sean pareja está presente. Son
líderes de un partido cuya cúpula ha quedado reducida al equipo seleccionado por
Iglesias a lo largo de múltiples crisis vividas desde 2016, y que han influido sin duda en
la pérdida de dos millones de votos en estos años; crisis internas en las que la figura de
Montero, siendo pareja, ha sobresalido, desplazando concretamente, desde aquel año, a Iñigo Errejón -que después rompió el partido en Madrid en una jugada de chantaje
político y supuso una escisión a nivel nacional-, como mano derecha de Iglesias.
Con estos mimbres, aparece en escena el señalamiento machista de la vida de las
mujeres y las prácticas machistas dentro de las lógicas patriarcales que hacen siempre
de lo personal algo político. Salieron a la palestra dos formas de machismo clásicas, sin
igualarlas entre sí por ññello: el de la duda como acusación de la valía y trabajo de Irene
Montero, y el que se atisba como paternalismo en las declaraciones de su pareja por no reprimirse esta vez, a diferencia de lo hecho con el resto de los temas acuciantes de fricción pero, ante todo, no poniéndose a la orden de ella, del comportamiento y tipo de
declaraciones de la aludida, que no fueron en esa línea hasta ese momento.
Sin duda hay machismo y patriarcado en las correcciones y las críticas, de hecho
es imposible lo contrario en esta estructura social y estatal; como también habrá errores en el anteproyecto, dentro del marco jurídico que abarca esta ley, y todas, como ha
habido leyes, ya no anteproyectos que tienen un recorrido largo hasta convertirse en
legislación, del PSOE y del PP.
En el plano de las reivindicaciones feministas los dos partidos miembros del
gobierno -aunque en las antípodas de Rosa Luxemburgo cuando decía que “quien es
feminista y no es de izquierdas, carece de estrategia, y quien es de izquierdas y no es
feminista, carece de profundidad”- están pugnando por la representatividad hegemónica del imaginario feminista desde el ejercicio institucional. No hay que olvidar que fue un gobierno del PSOE el que aprobó las leyes de violencia de género (2004) e igualdad (2007) y, por supuesto, la despenalizó el aborto, primero en 1985 y después con la ley de 2010 – 39 años después de aquella primera legalización de la legalidad republicana del Frente Popular en 1936.
El anteproyecto cambia el código penal haciéndose eco de la movilización
masiva del feminismo del país contra la vergonzosa sentencia del juicio a “la Manada”: la violación grupal en las fiestas de Pamplona de 2016. En dicha sentencia los hechos fueron caracterizados como abuso y no como agresión sexual como consecuencia del juicio machista desplegado por los magistrados sobre la actitud de la víctima -negación, resistencia o consentimiento tácito- debido a su parálisis durante la violación múltiple.
Esta mentalidad propia de la justicia patriarcal significó para la mujer violada una
revictimización a lo largo de todo el proceso judicial, y con posterioridad a la sentencia.
La compañera fue señalada, incluso acusada, por los magistrados tanto por su palabra
como por su comportamiento, antes, durante y después de la agresión sexual colectiva.
Por ello, el anteproyecto de ley elimina el concepto penal de abuso sexual y lo
tipifica como agresión, pretendiendo codificar legalmente el “sólo sí, es sí”. Dicho de otro modo, pretende legalmente proteger el derecho básico y fundamental de
participación libre de las mujeres en toda práctica sexual, es decir, el consentimiento,
sea obviamente verbal o no, en función de su deseo.
Otro de los ejes anunciados por la ministra ha sido el de tipificar penalmente el
acoso callejero, retomando por parte del ministerio el lema feminista: “sola y borracha, quiero llegar a casa”. En la web del ministerio podemos leer: “queremos que el grito feminista se convierta en una realidad para dejar de vivir con miedo. Los derechos de las mujeres nunca más se perderán en callejones oscuros”. Una utopía feminista que es presentada en el origen de esta ley. Una ley que tomaría por tanto la punición legal por
parte del Estado como una forma válida para comenzar a cambiar el paradigma que
cobija las relaciones de fuerza, naturalizadas en la cotidianidad de nuestras sociedades
patriarcales, en una de sus expresiones cotidianas en cuanto a las mujeres y sus cuerpos.
Por supuesto, la polémica con las derechas en ofensiva está servida, no sólo en el
fondo sino en la forma: por usar desde el ministerio un lema que hace referencia al
consumo de alcohol. Polémica presente, aún más cuando el Partido Popular ha copiado
a Ciudadanos este año en su estrategia de pugna por los significantes, con intento de
apropiación y victimismo como herramientas, y ha anunciado su provocación de participar en la manifestación por primera vez –un peligro para los feminismos en esta
coyuntura-. Primera participación del PP un 8M, con el fin de diferenciarse en algo de
Vox, dada su derechización sin filtro, en competencia constante, desde las elecciones
del año pasado, con la ultraderecha declarada.
Por otro lado, como decíamos en referencia a las críticas internas dentro del
gobierno: el patriarcado en sus formas institucionales progresistas aparece señalando algunos problemas dentro del derecho liberal, fundamentado culturalmente sobre la figura del hombre propietario. Sin embargo también hay principios del mismo que legitiman la tipificación de los comportamientos señalados como punibles, desde luego -nos resulten más o menos problemáticos, esta vez a nosotras, a las corrientes feministas anticapitalistas-. Me refiero a conceptos de origen patriarcal pero que con la igualdad dentro del derecho les dan legitimidad como derecho al honor, la intimidad o el orden público. Lo que seguro está presente como reacción es el yo de las subjetividades masculinas neoliberales ante regulaciones de este tipo.
De hecho, como casi siempre, en referencia a la diana de lo que expresa el lema
en sí, al escuchar las opiniones de masculinidades izquierdistas -concentradas en las estrategias de política de masas, a tener en cuenta sin duda en esta coyuntura de derechización peligrosa-, está haciendo falta que recordemos por qué la referencia a la bebida, al consumo de alcohol, es un elemento de la proclama, independientemente si el ministerio tomara otras, menos específicas desde luego, para la campaña como “vivas, libres y sin miedo nos queremos” o “no queremos ser valientes, queremos ser libres”.
Y es que como todas sabemos, la bebida siempre pero especialmente en la
sociabilidad nocturna y su ocio, está bien presente en los recuerdos y decisiones
cotidianas de nuestras vivencias como mujeres, dentro del contexto social en el que
vivimos en nuestros países, y, de hecho, por tanto, como contrapunto, también en las de
los hombres respecto a nosotras.
Sin embargo, hay que recordarles a los compañeros, una vez más, la relación
existente entre nuestro cuerpo, nuestra voluntad y el riesgo, el miedo que las mujeres
afrontamos respecto a las violencias sexuales que sufrimos sistemáticamente, y somos
potenciales de sufrir, por parte de la normalidad hegemónica machista. Indigna tener que recordarlo porque es una normalidad que conocen tan bien
como nosotras, aunque tienen el privilegio, el lujo como posibilidad, de olvidarlo. Cuando deciden rechazar individualmente su ejercicio, y así definirse como buenos
tipos según la propia división generada por el lugar común, acosador y machista, pero
sin discutirla. Acaso olvidan el lugar común machista de que una mujer borracha está
debilitada en su voluntad y por ende es un “blanco” para colmar un deseo propio con su
cuerpo, independientemente de la voluntad y el deseo de ella. Por no hablar de las
consecuencias de ese principio en sus diversas graduaciones en el acoso y la agresión, cuando vamos por la calle. O cuando tantos hombres, escondidos precisamente en la relación entre el alcohol y su voluntad, se permiten olvidar que sí ejercieron el acoso enla calle, en un boliche, o en la intimidad de un vínculo “cuando y porque ella está
borracha”.
Como explica Silvia Federici, refiriéndose al funcionamiento del patriarcado respecto a la reivindicación de la igualdad, más aún si es ‘igualdad de oportunidades’ en el dopaje liberal o neoliberal en el que vivimos todes: “las diferencias no son el problema, el problema es la jerarquía. La jerarquía hace que las diferencias se vuelvan una fuente de discriminación, de devaluación y de subordinación”.