Por Ana Beatriz Villar
Si bien la historiografía tradicional pasó por alto, cuando no ocultó cínicamente, el rol fundamental de obreros y campesinos armados, la resistencia al fascismo en la España de entreguerras continúa siendo un proceso histórico clave. El pánico en las clases dominantes, las reformas moderadas de la República y el fuerte proceso organizativo de trabajadores urbanos y rurales puede arrojarnos algunas claves de cómo se configuró el escenario que desencadenó en una guerra civil que mantuvo al mundo en vilo hasta la instauración de la dictadura franquista.
La República y las reformas a medio camino
España ingresa al siglo XX con un alza de las luchas, motivada por la crisis económica y los ecos de la Revolución Rusa. Con el apoyo del rey Alfonso XIII, inicia en 1923 la dictadura de Primo de Rivera, la cual se prolonga por siete años, apelando a la fuerza para mantener el orden social.
En 1930 los principales dirigentes de la oposición firman un pacto en el que se comprometen a terminar con el régimen. El gobierno pretende dar canal institucional a estas tensiones y convoca a elecciones municipales. Las organizaciones opositoras lanzan una firme campaña de propaganda a favor de la República, convirtiendo las elecciones en un plebiscito para la monarquía.
En abril de 1931 se proclama la Segunda República. Las reformas tendientes a la transformación del sistema político, la separación del Estado y la Iglesia y la limpieza de las fuerzas armadas, emprendidas por el gobierno presidido por Manuel Azaña, enfurecieron a gran parte del ejército y las jerarquías eclesiásticas, distanciándolas aún más del nuevo régimen.
Pero la República se vio casi de inmediato en conflicto con algunos de sus propios partidarios. La aplicación de medidas sociales y laborales sin recurrir a una redistribución de la riqueza generó tensiones también con sectores de la clase trabajadora. El gobierno de Azaña, no estaba dispuesto a transformar el sistema fiscal vigente desde el siglo XIX. El escaso presupuesto heredado de la dictadura de Primo de Rivera y la sequía del invierno de 1930-31, aumentó las penas de los pobres en el sur rural, haciendo aún más urgente la tarea de redistribución. Sin embargo la reforma agraria inicia recién en 1932 y alcanza sólo a 12 mil de los 2 millones de campesinos sin tierra.
Los sindicatos
El desarrollo logrado por la CNT –anarquista– y la UGT –socialista– convirtieron a los sindicatos en las fuerzas centrales de la conflictividad de la época. Después de la persecución sufrida, sobre todo por la primera, durante la última dictadura, ambas centrales lograron multiplicar sus bases sociales, pasando de un cuarto de millón a fines de 1930 a un millón al cabo de un año y medio. Esto fue acompañado por una oleada de huelgas y ocupaciones de tierras, fuertemente reprimidas.
En 1933 ganó el control del gobierno un bloque formado por los sectores conservadores de la República. La anulación de las reformas que se habían realizado los años anteriores y la incorporación como ministros de representantes de la CEDA (organización identificada con el fascismo) desencadenaron la huelga revolucionaria de 1934 contra el advenimiento del fascismo en España.
La huelga logró ser aplacada por medio de una sangrienta represión y el apresamiento de dirigentes políticos y obreros. La insurrección de 1934, la radicalización obrera y el temor de las clases dominantes configuraron un escenario polarizado para las elecciones de 1936.
La derecha se presentó con un frente unido en torno a la necesidad del advenimiento de un régimen autoritario.
El Frente Popular
Mientras, Republicanos demócratas y sectores de izquierda conformaron el Frente Popular, un pacto exclusivamente electoral que reunió a casi todas las organizaciones de izquierda salvo la CNT. El pacto, si bien no contemplaba las reivindicaciones históricas de trabajadores agrarios y urbanos, llevaba consigo la exigencia de amnistía a los 30000 obreros que aún seguían encarcelados por la insurrección de 1934, lo cual provocó una amplia adhesión. Incluso por primera vez, la CNT dejó libertad de acción a sus afiliados modificando su histórica actitud de repudio al acto electoral.
El 16 de febrero de 1936 ganó el Frente popular las elecciones. Dicha victoria reforzó la inconformidad de las clases dominantes y fortaleció la demanda de imponer un Estado autoritario. El orden y la propiedad se percibían amenazados.
Si bien el gobierno del Frente Popular intentó mantener el proceso de reformas fuera de la calle, desde el día siguiente a las elecciones, poderosas manifestaciones de masas abrieron las cárceles en todo el país, sin esperar las firmas del decreto de amnistía. Dos días después comenzaban las huelgas por la reincorporación inmediata a sus trabajos de los obreros encarcelados durante la represión de 1934, pago de sus salarios adeudados y aumento salarial en general. Mientras, en el campo las ocupaciones superaban el medio millón de hectáreas de tierra.
El 17 de julio, el ejército español de África se alzó en Marruecos, secundado al día siguiente por guarniciones de toda España. Si bien miles de militantes se movilizaron pidiendo armas para luchar contra los militares, el gobierno caracterizó que su acción sería suficiente para restablecer el orden. Dos presidentes, negándose a armar lo que devendría en la revolución obrera, renunciaron a su cargo. Al anochecer la CNT y la UGT lanzaron la huelga general.
El nuevo presidente, José Giral, aceptó dar el paso decisivo, decretando la disolución del ejército y la distribución de armas a las milicias obreras formadas por los partidos y sindicatos. Fue gracias a la heroica defensa de estos últimos que, tras varios días de enfrentamiento, el país quedó dividido territorial y políticamente en dos campos opuestos, para dar inicio a uno de los procesos más conmocionantes de la historia contemporánea: la revolución y la guerra en España.