Uno de los casos de corrupción más grandes de la historia de España salpica al actual gobierno de Mariano Rajoy. Los mercados vigilan la situación y ponen en riesgo la estabilidad económica y política del país.
El denominado ‘caso Bárcenas’ continúa dando de que hablar en España. El ex tesorero del gobernante Partido Popular fue citado por la Oficina Anticorrupción de ese país para dar explicaciones acerca de una serie de cuentas en bancos suizos donde había llegado a acumular varios millones de euros. La primer cuenta, descubierta hace poco más de un mes, contenía más de 22 millones de euros, depositados en Dresdner Bank de Ginebra, por los cuales Bárcenas deberá responder por presuntos delitos fiscales. Pero esta semana, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), dependiente del Banco de España, detectó el movimiento de 1.235.000 euros desde una cuenta arraigada en el banco Lombard Odier de Ginebra, para pagar la ‘amnistía fiscal’ de Bárcenas, un mecanismo que evita a los grandes ahorristas caer en la evasión. Ese dinero, que no estaba registrado en las posesiones del ex senador del PP, terminó siendo el segundo hilo de investigación para citarlo como imputado de los delitos contra la Hacienda Pública, cohecho y blanqueo de capitales.
Ahora bien, estas acusaciones podrían recaer sin dudas en el ámbito privado del empresario, si no fuera por la vinculación del mismo con el caso Gürtel, una investigación comenzada por el juez Baltazar Garzón en 2009 que apunta a la financiación ilegal a los directivos del PP a través del blanqueo de sumas malhabidas. Según un artículo publicado por el diario El Mundo, Bárcenas habría pagado sobresueldos a los principales dirigentes del Partido Popular por sumas que van desde los 5.000 hasta los 15.000 euros mensuales, mientras fue tesorero del partido. Una suerte de contabilidad paralela, que según los investigadores estaría relacionada con las cuentas de Bárcenas en Suiza y sus empresas radicadas en Panamá y Uruguay.
Si bien el propio magistrado actuante en la causa señala que “No resulta suficientemente acreditada la conexión de los nuevos hechos denunciados con los que vienen constituyendo el objeto del presente procedimiento” -en referencia al ‘caso Gürtel’-, el próximo 25 de febrero Bárcenas deberá comparecer ante los jueces para dar explicaciones y refutar las acusaciones contra los altos mandos del partido de gobierno.
Una situación que genera no pocos problemas para el actual ejecutivo comandado por Mariano Rajoy. El mundo financiero mantiene ya desde hace más de un año cierta desconfianza hacia la política económica del PP. España sigue sumida en una crisis de enormes proporciones tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Si a eso se le suma el fuerte descontento social, y el caso de corrupción más grande de la historia del país ibérico, queda claro que las chances de salir ilesos de este inicio de 2013 son bastante ajustadas para el gobierno de Madrid. Los diarios españoles se hacen eco cada día más de sendas investigaciones periodísticas y judiciales en torno a los sobornos recibidos por parte de funcionarios del PP para favorecer tal o cual empresa en las licitaciones públicas. Once funcionarios ya han entregado sus renuncias, y varios políticos de alto rango están siendo fuertemente cuestionados, incluido el propio mandatario Rajoy.
El mundo de las finanzas ya está evaluando cómo reaccionar ante la situación. España se encuenta desde hace meses analizando la posibilidad de pedir un rescate financiero a la Unión Europea y el FMI, pero la inestabilidad política derivada de estos escándalos dificultan la tarea. Mientras tanto, ya está recibiendo un importante rescate para sus bancos, y de esta manera paliar el sistema financiero interno, algo que no está surtiendo los efectos esperados a causa de las altas tasas de interés de sus títulos y la suba constante de su prima de riesgo. En este contexto, es que los grandes grupos financieros concentrados quedan a la expectativa de las novedades judiciales de los casos Gürtel y Bárcenas.
“La confianza pública en el gobierno puede no recuperarse. El escándalo podría suponer un punto de inflexión”, analiza Alex White, directivo de JP Morgan. “El enojo público hará que sea más difícil para el gobierno vender la necesidad de un ajuste fiscal y las reformas estructurales. Si hubiera la necesidad de hacer un mayor esfuerzo y aceptar nuevas reformas, España podría tener dificultades para renovarse en el nuevo entorno, pero el efecto será limitado si el contexto económico actual no empeora”. JP Morgan es una de las entidades financieras responsables de las presiones hacia los gobiernos centrales por las políticas de ajuste implementadas a partir del comienzo de la crisis económica mundial. Y la desconfianza de estas entidades hacia la situación española es quizás el peor desaliento para el gobierno conservador de Rajoy.