Por Agustin Bontempo. El gobierno porteño que encabeza Mauricio Macri continúa con su afán persecutorio. Esta vez y a pocos días de la absolución de otros dirigentes gremiales, denunció por “amenazas” a la delegada de ATE Capital, Tamara Lescano.
La persecución incansable
Podría ser el título de un megafilm de Hollywood. Sin embargo, refiere a la incansable política de persecución que el gobierno porteño a cargo de Mauricio Macri lleva adelante en el marco de una estrategia demonizante y criminalizadora de los luchadores y referentes gremiales.
Esta semana se conoció el caso de Tamara Lescano, delegada de ATE en la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad, quien fue denunciada por el gobierno porteño por “amenaza simple” en el marco de un conflicto laboral de abril de este año. En ese entonces, Lescano encabezó una medida de fuerza por la reincorporación de trabajadores estatales despedidos. Buenos Aires, esa ciudad que lentamente excluye cada día más y más para convertirse en la residencia de unos pocos, incrementó últimamente sus gastos administrativos en el sostén de causas judiciales contra luchadores gremiales que defienden puestos de trabajo que el propio gobierno busca reducir o precarizar.
En abril de este año, el gobierno porteño echó a un trabajador de la Dirección General de Estadísticas y Censos quien ya se encontraba en situación de precarización laboral debido a las condiciones de su contrato de trabajo. En ese marco, Lescano impulsó un reclamo bajo la consigna “Basta de despidos y contratados”. Los antecedentes aparecen ya desde el año pasado cuando Lescano fue despedida y vuelta a contratar luego de los reclamos de sus compañeros. Según un comunicado de prensa difundido desde la Junta Interna de ATE Estadísticas, “el organismo que publica el Índice de Precios al Consumidor Porteño (IPCBA), a cargo del Licenciado José María Donati, persigue a los trabajadores que piensan diferente a la gestión”.
En diálogo exclusivo con Marcha, Lescano afirmó que “la consigna fue ‘Basta de despidos y contratados’, y por esto me denunciaron por amenaza simple. Es claramente un hecho político, sino una denuncia así ni hubiera prosperado”.
Si bien el hecho data de hace varios meses, Lescano fue notificada recién a fines de octubre. Debido a la denuncia, el próximo martes deberá presentarse a declarar. Aseguró que confían en que “el fiscal lo archive porque no tiene sentido. Fue un conflicto gremial puro que se da en el marco de una persecución que tenemos los trabajadores de la ciudad”. Tanto para Lescano como para otros trabajadores perseguidos por el gobierno porteño, este tipo de maniobras tienen como único objetivo “criminalizar la protesta”.
Todos al servicio de la precarización laboral
Resulta preocupante cuando los dispositivos judiciales autónomos del poder ejecutivo no sólo actúan en función de los mandatos de este último perdiendo todo tipo de especificidad, sino que además juegan el juego de ser serviciales a la precarización laboral. Así también actúan los altos y funcionarios que denuncian y coparticipan en la implementación de mecanismos persecutorios digno de regímenes antidemocráticos.
El agravante de la denuncia reside en que fue realizada directamente por sus jefas, Alejandra Maldonado y Lina Papadacos, respaldadas por el Director General de Estadísticas y Censos, José María Donati. Los abogados que patrocinaron a las denunciantes conforman el equipo de Estadísticas y Censos. Es decir, lejos de las acusaciones de Maldonado y Papadacos como una situación de amenaza, se clarifica la situación como un hecho político en el cual se pone a jugar todo el aparato del gobierno porteño. En este sentido que los dirigentes gremiales de ATE entienden que tanto este accionar como otros, debe leerse en clave política.
En el 2013, Tamara Lescano había sido despedida luego de un plan de lucha contra los despidos y la precarización laboral que sufrían decenas de trabajadores y trabajadoras del sector. En ese sentido, afirmó que aquella reincorporación fue “por una medida cautelar después de un plan de lucha”, aguardando hasta que existiera una sentencia firme. En dicha causa, “Lina Papadaco fue testigo y declaró en mi contra, demostrando que todo esto es una persecución política y en contra de los trabajadores”.
En el comunicado de prensa que difundió la Junta Interna de ATE Estadísticas también se hace mención a la falta de derechos, “como por ejemplo dejar de ser contratados en forma fraudulenta, contar con un salario digno no menor a la canasta familiar, que se les pague el aguinaldo, tener vacaciones de acuerdo a la antigüedad, derecho a faltar por enfermedad sin descuento salarial, entre otros reclamos laborales”.
Así la Junta Interna nació como respuesta a la vulneración de estos derechos. Al respecto sus miembros aseguran que “en el fallo del INADI” consta que Tamara Lescano sufrió “discriminación sindical”, luego de haber sido “despedida y reincorporada el año pasado”. Y agregan, “hoy esta actitud no sólo no ha terminado, sino que se ha profundizado, cruzando un límite muy profundo: denunciar en la Comisaría a nuestra delegada por defender a un trabajador contratado cuando intentaron despedirlo”.
En este contexto el próximo martes mientras Tamara Lescano deberá declarar por esta causa, la Junta Interna de ATE y trabajadores que integran la Dirección General de Estadísticas y Censos de la ciudad porteña, realizarán una actividad en solidaridad con Lescano en la puerta del edificio.