Por Javier Torres Molina, desde Río Negro. Siete policías de la provincia de Río Negro fueron detenidos en la causa que investiga la desaparición de Daniel Solano, entre los que se encuentran aquellos que comenzaron con la investigación del caso y en total 22 efectivos se encuentran imputados por homicidio.
Como muchos integrantes de la comunidad guaraní de Cherenta y demás habitantes de Tartagal en la provincia de Salta, Daniel Solano había sido reclutado por la empresa Agro Cosecha para desempeñarse en la recolección de frutas en la localidad de Choele Choel, provincia de Río Negro. Como tantos otros trabajadores “golondrina”, a Solano le prometieron un buen salario y un lugar adecuado donde descansar después de agotadoras jornadas de trabajo bajo el sol. Llegó a desempeñarse en una finca que pertenece a la multinacional Expofrut sólo quince días, ya que desde el 4 de noviembre se encuentra desaparecido.
Fue visto por última vez en un local nocturno donde policías que realizaban adicionales lo habrían expulsado del lugar y la causa no tenía mayores novedades hasta el pasado jueves en la que el juez Víctor Soto, a requerimiento del fiscal Guillermo Bodrato y en base a pruebas aportadas por la querella, ordenó detener a siete efectivos de la policía provincial y definió cambiar la calificación legal de la causa, que pasó de denominarse “desaparición de persona” a “investigación de homicidio”. Entre los policías detenidos se encuentran los que iniciaron las primeras investigaciones, luego que los familiares de Solano radicarán la denuncia por su desaparición.
Sergio Heredia, el abogado que representa a la familia de Solano, ha denunciado además de los policías imputados a personal de la empresa Expofrut, ya que ha recogido testimonios de trabajadores salteños que se han trasladado hacia Río Negro para desempeñarse en esos trabajos temporarios y han sido agredidos en las propias fincas de la empresa por efectivos de la policía provincial por reclamar sus salarios y mejores condiciones de vida, ya que a pesar de las promesas los alojan hacinados en galpones. Según declaraciones que realizó a medios de prensa, para el abogado entre los detenidos se encuentra el autor material del asesinato de Daniel Solano y espera que identifique el lugar donde se encuentra el cuerpo.
Los efectivos policiales fueron detenidos por personal de gendarmería nacional. El gobierno provincial había dispuesto la suspensión de trece policías, el traslado de cinco y sólo dos pasaron a disponibilidad.
Cambian las personas, continúan las mismas prácticas
Las autoridades que asumieron en la provincia el pasado 10 de diciembre han intentado despegarse de las prácticas que han caracterizado a la policía en los últimos años, aunque hasta el momento no han tenido demasiado éxito: bajo la actual gestión, murieron Nicolás Scorolli en Cipolletti víctima del gatillo fácil y Aldo Omar Pill en Sierra Grande por los golpes que recibió al ser detenido.
Construir una fuerza que respete los derechos humanos y sancionar a aquellos que infringen las normas han sido conceptos que han estado en boca de los principales responsables políticos de la provincia.
Para intentar lograr esos objetivos recientemente el gobernador Alberto Weretilneck removió al secretario de seguridad y al jefe de la policía provincial.
Como secretario de seguridad y justicia fue nombrado Miguel Bermejo, quién se desempeñaba como secretario ejecutivo del consejo de seguridad interior en el ministerio de seguridad nacional. Es la segunda vez que ocupa ese cargo, ya que anteriormente se había desempeñado en el mismo durante el primer gobierno del radical Miguel Saiz entre los años 2004 y 2007, por lo que su designación fue cuestionada por diferentes sectores que hacían referencia a varios casos en los que estuvo involucrada la policía provincial, mientras el funcionario calificaba con un diez el desempeño de la fuerza.
Por su parte, al frente de la policía por primera vez se designa a un civil que nunca perteneció a ese cuerpo. Se trata del abogado y ex concejal de Viedma Ariel Gallienger, quién hasta la asunción del actual gobierno integraba las filas del ARI.
Con su designación, el gobierno provincial intenta que la policía deje de ser autónoma del poder político, aunque las últimas declaraciones del novel funcionario no fueron de lo más afortunadas. Durante la movilización que se realizó en Bariloche contra la megaminería el pasado miércoles, 18 particulares agredieron a un manifestante y le quebraron su mandíbula. Los manifestantes denunciaron que la policía a propósito se alejó del lugar para liberar la zona y no tomaron la denuncia en la comisaría ya que adujeron que sólo la tenía que realizar el agredido, que en ese momento se encontraba en el hospital. El nuevo jefe de la policía sólo se limitó a expresar que la agresión la había efectuado algún turista molesto por el corte de calle, deslindando de toda responsabilidad al personal policial.
Seguramente Gallinger aún no conoce que esas prácticas son llevadas a cabo frecuentemente por sus subordinados. Por ejemplo el pasado 13 de julio el Consejo Asesor Indígena denunció que la policía violó las medidas de seguridad que estaban dispuestas permitiendo que particulares entren a un campo en disputa para agredir a la comunidad mapuche en el paraje de Tres Cerros, en Comallo, cuestión que ocurre a menudo con el pueblo mapuche.
Sin lugar a dudas, la desaparición y el seguro asesinato de Daniel Solano son muestras más que evidentes de las prácticas que están enquistadas en la policía provincial y que continúan bajo el actual gobierno, a pesar de los discursos.