En el marco de emergencia sanitaria, el reclamo por la liberación de personas privadas de su libertad ante las condiciones de detención, se hizo escuchar. En el país centroamericano, las organizaciones manifestaron la urgencia de dejar en libertad a “Las 17 y más”, mujeres inocentes encarceladas tras eventos obstétricos.
Por Fátima Cruz y Clanci Rosa* | Foto:
En el actual contexto de la emergencia por COVID19 organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) han instado a gobiernos a proteger a las personas recluidas y ha sugerido liberar temporalmente a quienes sean más vulnerables, para descongestionar las cárceles y así evitar contagios masivos.
El Salvador es el segundo país en el mundo en la lista de naciones con la mayor tasa de personas encarceladas. Según World Prison Brief (2018) en el país hay 597 prisioneros por cada 100,000 habitantes, que representa cárceles con mayor hacinamiento.
Rupert Colville, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó que “las personas detenidas arbitrariamente, sin base jurídica suficiente, o por delitos incompatibles con el derecho internacional, así como todos los encarcelados por ejercer sus derechos humanos, incluida la expresión de opiniones discrepantes, deben ser liberados”.
Es este marco, las organizaciones manifiestan la urgencia de dejar en libertad a las 17 y más, porque son mujeres inocentes que nunca debieron ser encarceladas.
Actualmente son 16 mujeres condenadas y privadas de libertad por el delito de Homicidio Agravado, tras experimentar una emergencia obstétrica y/o parto extrahospitalario, es decir condenadas a penas de hasta 30 años. En la actual emergencia las condiciones del sistema carcelario exponen aún mas la vida y salud de esta población.
Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Aministía Internacional, explica que la criminalización de mujeres por emergencias obstétricas y/o partos extrahospitalrios, e inclusive sospecha de abortos han sido uno de los temas más avergonzantes del país salvadoreño en materia de Derechos Humanos.
“El Salvador ha estado en el ojo de la comunidad internacional, precisamente por leyes draconianas violatorias a los Derechos Humanos de las mujeres y niñas, generando violencia institucional y estatal (..) que llevan a las mujeres ha enfrentar penas de hasta a 40 años de prisión acusadas de homicidio agravado” expresa.
Por tanto, considera que en el contexto de la pandemia, donde se han exacerbado las discriminaciones, desigualdades y violencias a los Derechos Humanos, es el momento oportuno para que el Estado salvadoreño intente reparar el daño que ha cometido contra dichas mujeres.
“Es necesario que se ocupe la oportunidad para que ellas sean liberadas bajo diferentes mecanismos que puede asumir el Estado, entre ellos el indulto, pero existen otros mecanismos de liberación temprana que puedan beneficiar a estas mujeres que en primer instancia no deberían estar encarceladas” enfatizó.
El Centro de Derechos Reproductivos también acompaña la medida, Catalina Martínez, directora para América Latina explica que este es un pedido que viene desde antes de la COVID-19, en conjunto con otras organizaciones han revisado los casos de las mujeres, y los han llevado a organismos internacionales, porque han entendido que se han vulnerado los DDHH de las mujeres.
“Bajo el contexto del COVID19 esto es más importante y debe ser mas relevante para el Estado y está entre sus obligaciones, porque el contexto de la COVID-19 ha revelado que un grupo de especial vulnerabilidad son las personas que están encarceladas, porque en la cárcel hay un riesgo mayor de contagio” detalla.
Martínez destaca que organismos internacionales han dicho que algunas de estas mujeres están detenidas arbitrariamente, “para nosotras es clarísimo que es justo liberarlas, primero porque están detenidas ilegalmente, segundo porque su permanencia en la cárcel incrementa el riesgo para su salud y vida, que ademas es injusto porque ellas nunca debieron estar ahí, tercero porque ya existen recomendaciones de órganos de Derechos Humanos y ellas son grupo identificable que debe se liberado” enfatizó.
*original en Revista La Brújula