Un desalojo en el municipio de São José dos Campos, provincia de San Pablo, dejó a 1700 familias sin techo, tras una operación militar marcada por fuerte represión por parte de la Policía, avalada por la justicia y el poder público.
A las 6 de la mañana del domingo 22 de enero, la mayoría de los habitantes del asentamiento Pinheirinho, zona sur de la ciudad de São José dos Campos, fue despertada por el ruido de bombas, tiros de balas de goma y gas pimienta. El desalojo contó con la participación de 2 mil efectivos de la Policía Militar, un promedio de más de un policía por família. Para que se entiendan las dimensiones de la operación: la ocupación de la Rocinha, favela de Rio de Janeiro que cuenta con 100 mil habitantes, en noviembre del año pasado, ocupó a 1700 efectivos.
Tras la salida forzada de los habitantes -de los cuales por lo menos 2600 son menores de 18 años- empezaron a surgir innumerables relatos, muchos documentados en video y divulgados en las redes sociales, que evidencian el comportamiento abusivo por parte la Policía, tales como la existencia de muchos heridos, por lo menos uno de ellos con bala de plomo (que ya pasó por una cirugía y se encuentra fuera de riesgo).
Un video muestra al albañil Claudio Anésio Martins, de 49 años, siendo golpeado sin motivos por 5 policías. En otro video (con subtítulos en castellano) los ocupantes hacen diversas denuncias, mientras que las imágenes muestran a policías actuando sin identificación.
Las familias denuncian que no les dieron tiempo siquiera a recoger sus pertenencias, algunos ni siquiera pudieron llevar sus documentos. Las topadoras iniciaron la demolición de las casas pocas horas después de la desocupación del terreno, destruyendo todo y dejando bajo los escombros las pertenencias de los ocupantes.
El Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), organización presente en la ocupación, afirmó, al día siguiente, que 7 personas estaban desaparecidas. Los medios de comunicación brasileños ignoraron la denuncia.
Oficialmente, la Policía Militar de la provincia de San Pablo afirmó que no hubo heridos ni muertos. El 26 declaró en una nota oficial que la operación ocurrió “dentro de la legalidad y con respeto incondicional a los derechos humanos”. El gobernador Geraldo Alckmin (del Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB, principal partido de oposición por derecha al gobierno federal y al Partido de los Trabajadores, el PT), declaró que investigará “posibles abusos” de la policía militar, que responde a su mando.
Derecho a la vivienda y especulación
Las primeras familias llegaron al predio donde estaba ubicado el asentamiento Pinheirinho en 2004 y, desde entonces, luchan para que el área, de 1 millón 100 mil metros cuadrados, sea expropiada para que allí se edifiquen viviendas populares.
El predio pertenece, oficialmente, a la empresa Selecta, que declaró bancarrota en 1989 y que hasta hoy no saldó sus deudas. El dueño es el empresario Naji Nahas, conocido megaespeculador financiero, involucrado en diversos escándalos de corrupción en Brasil, acusado de lavado de dinero, desvío de recursos públicos y otros crímenes financieros.
El MTST afirma que esas tierras pueden haber sido adquiridas de forma irregular, lo que todavía no pudo ser comprobado. En su columna en la revista Carta Capital, el periodista Fernando Vives afirma que es un misterio como esas tierras pasaron del Estado a la empresa Selecta.
El predio también acumula deudas con el poder público, relativas a impuestos no pagos. Solo para la intendencia de São José dos Campos se calcula una deuda de 15 millones de reales.
Sin embargo, el valor del área está calculado en 180 millones de reales, cantidad 25 veces mayor que los 7 millones que valía en 2004, cuando el terreno fue ocupado.
Pasados 8 años, el área está siendo cotejada por el mercado inmobiliario. São José dos Campos, ciudad ubicada a cerca de 100 klómetros de la ciudad de San Pablo, posee poco menos de 700 mil habitantes. Está entre las veinte ciudades más ricas de Brasil. Abriga uno de los polos tecnológicos más importantes del país, incluyendo el mayor centro aeroespacial de América Latina y a la Embraer, una de las más grandes productoras de aviones civiles del mundo. Situada entre dos de las principales capitales del país, Rio de Janeiro y San Pablo, por ella pasará un tren de alta velocidad que unirá las dos ciudades, una de las obras que serán ejecutadas en vista del Mundial de la FIFA de 2014, en Brasil.
Repercusión y costo político
La violencia usada en la operación de desalojo y las innumerables denuncias de violación de derechos humanos e inoperancia en la solución del conflicto representó un revés para el gobierno del PSDB en la provincia. Principal economía del país, la provincia de San Pablo también es una de las más conservadoras y desde el fin de la dictadura (1985) optó por candidatos abiertamente conservadores. El PSDB está en el gobierno de la provincia desde 1995. El intendente de São José dos Campos, Eduardo Cury, también es del PSDB.
El gobernador afirmó que ordenó el desalojo cumpliendo la orden de la justicia provincial. Sin embargo, la justicia federal había dado una orden contraria, buscando una salida negociada. Pocos días antes de la operación, el 18 de enero, los diarios anunciaban que la orden de desalojo había sido suspendida por 15 días tras un acuerdo. Todo eso fue ignorado por el gobernador.
El MTST, en su página oficial, afirmó que gracias a la lucha de los ocupantes, había habido avances significativos en las negociaciones en septiembre del año pasado. Sin embargo, en cuatro meses, afirman que la Justicia de la provincia, el gobernador Geraldo Alckmin y la intendencia dificultaron todos intentos de acuerdo.
También responsabilizan el Gobierno federal, ya que el área, según la ley brasileña, puede ser expropiada por decreto del ejecutivo. El PT afirma que no lo hizo por respecto al pacto federativo, respetando las otras esferas de gobierno.
Sin embargo, el Gobierno federal, para algunos de forma oportunista, criticó duramente la operación. En su discurso en el Foro Social Temático, en Porto Alegre, la presidenta Dilma Roussef calificó la acción de “barbarie”. Paulo Maldos, secretario de Articulación Social de la Nación, estuvo en el local en el momento del desalojo y fue herido por una bala de goma. “Ellos [los policías] trataron al pueblo como enemigo, como si fuera una operación de guerra”, dijo.
El Gobierno federal anunció que va a estudiar las deudas que la empresa Selecta tiene con la Nación y que podrá proponer la expropiación de parte del terreno, donde construiría viviendas dentro del programa federal de habitación “Mi Casa, Mi Vida”, destinado a la población con renta de hasta 3 salarios mínimos.
En seguida, fue el turno de la provincia y el municipio para anunciar sus medidas. Geraldo Alckmin prometió la construcción de 5 mil casas en São José dos Campos para atender a las familias, obra para la cual fijó un plazo de 18 meses, pero no especificó en que terreno serán supuestamente construidas las viviendas. Además, anunció un plan para cada familia por el valor de 500 reales destinados a ayudar con el pago de alquileres en tanto las casas no estén listas.