Foto: Javier Torres Molina
Por Javier Torres Molina, desde Río Negro. En el último mes se han producido una serie de ocupaciones de tierras en la ciudad de Viedma donde numerosas familias construyen sus precarias casas. Lejos de brindar soluciones, las autoridades buscan evitar nuevas “usurpaciones”.
En el último mes, en diferentes barrios de Viedma, tales como Parque Independencia, Guido, Santa Clara, San Martín y en el Balneario El Cóndor, numerosas familias decidieron ocupar terrenos para establecer carpas y comenzar a construir pequeñas casas con chapas y maderas. En su mayoría se trata de familias jóvenes y con trabajos precarios que no pueden acceder al pago de un alquiler y mucho menos a la compra de un terreno, cuyos costos en la capital provincial se han elevado acompañando el formidable aumento de sueldo que han recibido los funcionarios políticos.
Según se expresa desde el Foro Permanente por una Vida Digna -que agrupa a organizaciones políticas, sociales y ambientales- el organismo provincial encargado de administrar el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) destina la mayor parte de su presupuesto a la construcción de viviendas para los sectores medios que pueden acreditar un trabajo estable, inscribiendo a personas que cuenten con un ingreso de entre 4 y 6 mil pesos, dejando de lado a quienes viven por debajo de la línea de pobreza.
Desde el Foro se exige que se declare el estado de emergencia habitacional y se ponga en marcha una política habitacional integral que de respuesta a la problemática que afecta a un conjunto importante de la población de la provincia y que se regule el precio de los alquileres y el valor de la tierra de acuerdo al salario medio de los rionegrinos. Además proponen la “constitución de un fondo de emergencia provincial, subvencionado mediante el aumento de los impuestos a los grandes terratenientes de la Patagonia : los Benetton y los Lewis, que desde el extranjero ordenan alambrar tierras y cortan el acceso a ríos y caminos”.
La respuesta estatal
La primer reacción de las autoridades municipales y provinciales fue repudiar las tomas y la segunda formar un grupo de trabajo para abocarse a la solución de la toma de tierras en Viedma.
Pero lejos de armar un grupo donde intervengan representantes del Ministerio de Desarrollo Social o del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), el grupo reunió a funcionarios municipales y provinciales con responsabilidad política, funcionarios judiciales y autoridades policiales, ya que el “problema” no sería el habitacional sino la “usurpación” de determinadas propiedades.
En ese sentido, el ministro de gobierno Hugo Lastra declaró que “la gravedad está dada por el grado de organización que tienen estas tomas; no son tomas aisladas, de personas que tienen una necesidad y acuden en forma espontánea a un lugar”. A su vez, el intendente interino de Viedma, José Luis Foulkes, si bien aceptó que “hay necesidad” de tierras en la ciudad, señaló que las ocupaciones “hablan de algún nivel de inteligencia y organización que llama la atención”.
Como parte del trabajo de ese grupo, la municipalidad denunció ante la justicia las ocupaciones de tierras y el juez Carlos Reussi -que estuvo en la reunión donde se analizaron las tomas- imputó a 44 ocupantes de la toma desarrollada en el balneario El Cóndor por el delito de usurpación, ordenando a la Policía que impida el establecimiento de carpas y la construcción de viviendas.
Marcha pudo recorrer el lugar donde se desarrolló esa toma que fue bautizada por sus ocupantes como “Barrio Obrero 1º de Mayo”. Las tierras son municipales y antiguamente se usaban como basural. La organización a la que se refieren las autoridades implicó ponerse de acuerdo entre los vecinos en cuanto a que tierras ocupar y que día, además de delimitar los terrenos de acuerdo con la cantidad de familias, para de a poco ir levantando las casillas.
Los nuevos habitantes, a través de una carta entregada al ministerio público, expresaron que realizaron la ocupación por “la falta de planes de viviendas y lotes sociales, muchos de nosotros hemos estudiado acá y nuestros hijos van a la escuela del lugar, todos pagamos alquiler y algunos viven con sus padres teniendo hijos a cargo, nuestra intención es pagar estas tierras, con planes accesibles”.
El Cóndor está ubicado a 30 kilómetros del centro de Viedma sobre el mar, donde desemboca el río Negro y es el lugar donde veranea la gente de la zona. La municipalidad de Viedma ha cedido en varias ocasiones terrenos bien ubicados para que empresarios desarrollen sus emprendimientos turísticos, a muy bajo precio.
El gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck, se se refirió a las ocupaciones y manifestó que el mejor remedio para esa problemática era utilizar la figura de asociación ilícita: “en Cipolletti utilicé una figura legal que dio resultados, que es la figura de la asociación ilícita. Cuando más de dos personas se unen para generar alguna acción planificada, premeditada y con organización es asociación ilícita. Y si en Viedma estamos en presencia de camiones identificados, de grupos de personas que hacen esto, de elegir propiedades públicas, como está pasando, no estamos en presencia de de actitudes desesperadas de la gente, sino que gente que se organiza para quedarse con lo ajeno”.
Por su parte, el hijo del fallecido gobernador Carlos Soria, demostrando que además de la intendencia de General Roca heredó sus principios, expresó en relación a una toma que se desarrolla en su ciudad que cuando el juez ordene el desalojo “ahí voy a estar con la topadora, otra vez”.