Este martes los trabajadores del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes realizarán una medida de fuerza en las oficinas centrales del Organismo, a las 14hs para exigir mejoras en su situación laboral y la revalorización de las tareas del organismo.
Los principales puntos del reclamo que se llevarán a la sede ubicada en Av. Roque Sáenz Peña 832, serán: por políticas públicas integrales para la niñez, la jerarquización del Consejo, la elaboración de una Carrera propia que reconozca las tareas, aumento salarial, aumento del Plus específico y pase a planta permanente de todos los trabajadores del Organismo.
La situación actual del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
Creado en 1998 por la Ley 114 de la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA) es el organismo que tiene a su cargo la promoción y protección integral de los derechos de niños/as y adolescentes (NNyA).
Su función es fijar y articular políticas y asegurar, a través de mecanismos de exigibilidad hacia los otros organismos, el cumplimiento de la normativa de derechos vigente y garantizar un sistema articulado de efectivización y defensa de los derechos de NNyA. Sin embargo, desde el inicio de la gestión macrista, las/os trabajadores del Consejo vienen denunciando que el posicionamiento del organismo frente a las funciones que debe cumplir dista mucho de lo dispuesto por la ley.
Recientemente, la Junta Interna de delegados de ATE publicó un documento donde denuncia la emergencia del CDNNyA, la falta de aplicación de la Ley 114 y desjerarquización del organismo. En primer lugar, porque la estructura y el presupuesto del Consejo no se encuentran adecuados para cumplir con la función de autoridad de aplicación local que la Ley Nacional de Protección y Promoción de Derechos le atribuye. Otro tanto ocurre con el Plenario del organismo, que constituye una instancia de definición transversal de la política pública destinada a la niñez y adolescencia, cuya composición debe asegurar una representación pluralista de los actores comprometidos (incluyendo a las distintas áreas de gobierno con responsabilidad en la materia, ONG, trabajadores, Legislatura, etc.).
Actualmente los trabajadores denuncian una situación sistemática de menosprecio del Plenario del organismo por parte de los subsecretarios del gobierno de la ciudad que incumplen la ley y no asisten a las reuniones.
Además, en el documento se plantea que muchas decisiones que le incumben por ley al Consejo, no son adoptadas debido a un avasallamiento sobre su autonomía por parte de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, que se expresa en el incumplimiento de las estrategias de trabajo definidas desde el Consejo para la restitución de derechos de NNyA y en la falta de respuesta de programas de ese organismo frente a las medidas de exigibilidad de recursos. Así, el CDNNyA ha tendido a disminuir cada vez más la exigibilidad de recursos, renunciando de este modo a consolidarse como autoridad de aplicación de las leyes de protección integral y la adopción de medidas en materia de exigibilidad de derechos. En consecuencia, la prevención y la promoción de derechos queda relegada por la gran demanda de atención de la urgencia.
Por otro lado, el documento señala que a consecuencia de la insuficiencia de recursos se prologan las intervenciones; aumenta progresivamente la cantidad de intervenciones por equipo; se otorgan recursos diferentes a los solicitados; se diseñan estrategias en función de los recursos disponibles y la tramitación de los recursos se realiza a través de los juzgados. Todo ello significa un desprestigio institucional a partir del paulatino vaciamiento de áreas y programas específicos del propio organismo.
“Los Derechos de los niños, niñas y adolescentes necesitan trabajadores con derechos”
Actualmente el Consejo se encuentra funcionando sin estructura ni Planta Orgánica Funcional propia, y sin la correspondiente carrera profesional y escalafón salarial (incumpliendo entre otros el art. 55, Inc. C de la Ley 114). Tampoco se cumple el Art. 65º de dicha ley que establece la modalidad de ingresos por Concursos para garantizar la transparencia y el funcionamiento eficaz de las tareas de control y exigibilidad, así como también la jerarquización del organismo.
El gobierno de la Ciudad no reconoce la especificidad del organismo, ni la tarea crítica de aquellos que se desempeñan en la atención directa con los NNyA. La actual gestión ha prolongado la situación de precarización y avasallamiento sobre los derechos de los trabajadores.
En primer lugar, dado que no se cumple el derecho constitucional de igual tarea, igual remuneración. Hay más de 150 trabajadores contratados bajo una relación de dependencia encubierta, que es la de locación de servicios. A pesar que cumplen las mismas tareas que los otros trabajadores, presentan diferencias abismales y los salarios más bajos de todo el organismo. No perciben aguinaldo, licencias, reconocimiento de la antigüedad, ni aportes para la jubilación ni la obra social y deben pagar mensualmente el monotributo. Tampoco cuentan con la cobertura de ART, que se agrava cuando se requieren salidas a calle, visita de hogares, instituciones, etc.
En segundo lugar, en muchas áreas del organismo, los equipos técnicos no son suficientes para la atención y, además, existen equipos de trabajo que se encuentran incompletos. A su vez, la Dirección Ejecutiva cuenta con incumplimientos de sus de competencias institucionales, que recae en la sobreexigencia individualizada en los propios trabajadores.
Los trabajadores son perseguidos, sumariados y apercibidos, responsabilizados por no dar respuesta ante la falta de política pública en la Ciudad. Las condiciones laborales y la desvalorización de los equipos técnicos, expulsan a los trabajadores especializados y formados en el organismo, instalando la modalidad de rotación del personal como un obstáculo más en la consolidación de los equipos de trabajadores y en el vínculo necesario para trabajar con los chicos y sus familias.
Estas condiciones repercuten directamente en la política pública destinada a la niñez y la adolescencia e inciden negativamente en el funcionamiento de los programas y servicios para su atención y acompañamiento, poniendo en riesgo la efectivización del sistema de protección y promoción integral de derechos en la Ciudad.