Por Josiana García, desde Mar del Plata. Durante dos días, asambleas y grupos ambientalistas de la provincia de Buenos Aires debatieron sobre las consecuencias del uso de agrotóxicos en la producción agraria.
Más de 100 personas de distintos partidos de la Provincia de Buenos Aires se encontraron en Mar del Plata los días 30 y 31 de marzo en el marco del 3er Encuentro Provincial de Pueblos Fumigados. Se realizaron charlas y se debatió en comisiones sobre cuatro ejes temáticos: impacto de los agrotóxicos en la salud y el ambiente; aspectos legales; alternativas a la producción con agrotóxicos; y Ley de Semillas y defensa de nuestros bienes comunes.
También participaron organizaciones de Córdoba y Santa Fé que ya realizaron sus encuentros provinciales y se acercaron hasta Mar del Plata para compartir las conclusiones de ambas regiones y articular hacia el Encuentro Nacional de Pueblos Fumigados que será en los próximos meses.
Este Encuentro Provincial se realizó semanas antes de que finalice la suspensión de la ordenanza municipal 18.740 que prohíbe utilizar plaguicidas de síntesis o productos de similares características de aplicación agropecuaria o forestal en el Partido de General Pueyrredón (Mar del Plata-Batán) dentro del radio de los mil metros a partir del límite de las plantas urbanas o núcleos poblacionales. Esta ordenanza fue aprobada en el Consejo Deliberante por unanimidad en 2008 pero recién fue reglamentada tres años después.
A fines del año pasado, empresarios del agro, pequeños productores y quinteros de la zona se movilizaron para derogar la ordenanza 18.740 y proponían que fuera reemplazada por una que contemplase “la realidad del trabajo agropecuario en relación a la aplicación de agroquímicos, de acuerdo a las necesidades de una producción moderna y sustentable en lo ambiental y económico”.
Ante la movilización de los productores al centro de la ciudad y el desabastecimiento del Mercado Central de la ruta 88 durante algunos días, el Consejo Deliberante decidió modificar ciertos artículos de la ordenanza, así como también suspender la aplicación de otros por 150 días. En ese período, que vencerá a fines de abril de este año, se conformó una Comisión de Evaluación y Monitoreo para trabajar sobre la ordenanza. Además, las cámaras, asociaciones y cooperativas de productores debían presentar protocolos que propicien las buenas prácticas agrícolas; y el poder Ejecutivo debía elevar un Programa de Desarrollo Rural Sostenible que contemplase el cuidado del medio ambiente, la salud de la población y el desarrollo productivo del sector.
Ante la finalización del periodo de suspensión de la ordenanza, la ONG Bios en un comunicado afirmó que “producir sano es posible, y es rentable. No sólo porque los productores llenan sus bolsillos y hasta exportan, sino que es rentable porque el Estado ahorra en atención médica de alergias, asmas, erupciones, cáncer, o cuadros neurológicos a veces irreversibles”.