Por Adrián Pulleiro. Un repaso del panorama político nacional. Las acusaciones contra el vicepresidente Amado Boudou, los 30 años de la Guerra de Malvinas y la situación de tensión/negociación con Repsol-YPF.
Si vamos de lo más visible a lo menos evidente, entre los hechos de los últimos días que seguramente tendrán derivaciones en el terreno político se destacan las idas y venidas vinculadas con las denuncias de corrupción contra el vicepresidente, Amado Boudou. No es la primera vez que a un funcionario de los gobiernos kirchneristas se lo involucra en un hecho de estas características, aunque sí se trata del primer caso que implica al equipo gubernamental asumido en diciembre.
Más allá de las acusaciones cruzadas, el affaire Boudou es comprensible en los marcos que quedaron definidos a partir de los resultados de las elecciones de octubre pasado. El triunfo rotundo de Cristina Fernández no sólo ratificó al oficialismo como la fuerza que ocupa el centro de gravedad en el escenario político, también selló el futuro inmediato de las expresiones opositoras por derecha que las empresas multimediáticas enfrentadas con el kirchnerismo venían fogoneando. En ese contexto, no es ilógico pensar que dentro del oficialismo los conflictos y las disputas vayan incrementándose. A la vez, como no parece haber márgenes para un apaciguamiento, también es lógico que esos grupos mediáticos continúen actuando como operadores políticos de primera línea, aunque tengan que lidiar con una eficacia comunicacional en decadencia, puesto que en el fragor de la batalla han puesto en juego una alta dosis de su credibilidad.
Por ahora los resultados de las investigaciones no han aportado demasiados datos que demuestren irregularidades en el “salvataje” de la gráfica ex Ciccone y que comprometan de forma directa al vicepresidente. Igualmente, los grupos mediáticos en guerra con el oficialismo seguirán manteniendo el tema en primera plana hasta que el caso se diluya o finalmente ponga contra las cuerdas a Boudou. En cambio, puede ser más significativa la actitud del ex ministro de Economía, quien al sentirse amenazado por los medios de comunicación en cuestión, pero también por un sector del sistema judicial, optó por dejar planteada públicamente una muestra de cómo se da en la práctica la relación entre el poder político y los grupos económicos que hacen negocios con los estados nacional y provinciales. En su réplica del jueves pasado, Boudou centró sus cuestionamientos en el Gobierno de Santa Fe encabezado por el Partido Socialista, pero también -casi al pasar- criticó al gobierno justicialista de Daniel Scioli, cuando sostuvo que en la provincia de Buenos Aires las empresas de juegos de azar gozan de una adjudicación directa desde hace más de una década. El señalamiento puede no pasar de un hecho anecdótico, no obstante es llamativo en momentos en que más allá de algunos amagues y del caso puntual del sector sindical que dirige Hugo Moyano, lo que ha primado hasta el momento entre las filas kirchneristas es -independientemente de los colores y las procedencias- una casi nula autonomía y un fuerte seguidismo respecto de las iniciativas que provienen de la Casa Rosada.
Entre tanto, sin anuncios ni actos rimbombantes por parte del Gobierno nacional, pasó el 30° aniversario del comienzo de la guerra de Malvinas. La sensación es de cierto desfasaje con respecto a la forma en que el oficialismo encaró el tema en los últimos meses. Es probable que haya llegado al límite de un posicionamiento que de avanzar un paso más para intentar una apertura de las negociaciones por la soberanía de las islas se hubiera enfrentado a la disyuntiva de tener que poner en cuestión las relaciones económicas y comerciales con el Estado británico, que por el momento gozan de las ventajas de un tratado bilateral de inversión vigente desde 1990. Dicho sea de paso, desde el campo popular tampoco hubo una demostración pública unitaria capaz de instalar la necesidad de avanzar en esa dirección.
En este marco, algunos gobiernos provinciales han anunciado nuevas recesiones de contratos con Repsol-YPF. A diferencia de lo que venía ocurriendo, en los casos de Chubut y Santa Cruz se trata de áreas más importantes y que están en actividad. Por ahora el Gobierno nacional no parece tener definido un plan que implique un cambio sustancial en el papel que viene jugando la mayor empresa petrolera que actúa en el país. Como ocurrió con la mayor parte de las medidas más trascendentales que ha adoptado en los últimos 8 años, hasta el momento se orienta por la necesidad de dar respuesta a una situación concreta: desinversión, falta de producción, sangría de recursos para importar más energía. En ese sentido no sería sensato descartar que finalmente avance con algún tipo de operación que le permita imponer en la compañía un control estatal. Asimismo, entre los gobernadores de las provincias petroleras no prima la uniformidad de criterios; para algunos hay que volver a concesionar los pozos a otras empresas, para otros operar a través de empresas públicas al estilo ENARSA que establezcan acuerdos con el sector privado. Como sea, el próximo jueves la presidenta Cristina Fernández se reunirá con los gobernadores que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos y probablemente las apuestas e intereses de unos y otros empezarán a quedar más claros.
Sin dudas, lo que aparece con mayor claridad es la debilidad que existe entre las fuerzas populares y de izquierda para intervenir con iniciativas organizativas y propuestas alternativas de cara a vastos sectores de la población. Una serie de acontecimientos han puesto de manifiesto los límites estructurales del modelo “neodesarrollista”. Algunos síntomas dan cuenta de que se viene un período de menor crecimiento económico y de esfuerzos cada vez mayores para lograr buenos resultados en materia distributiva. Construir con audacia las herramientas unitarias y las acciones necesarias para forjar correlaciones de fuerza favorables para imponer políticas que modifiquen sustancialmente la matriz mercantil y depredadora que está en la base del modelo energético y del transporte, para avanzar en la distribución de la riqueza y poner freno a las actividades extractivas parece ser la gran tarea del momento, pero también el gran déficit para aquellos sectores que apuntan a cambiar el rumbo actual.