Por Nadia Fink / Fotos: Analía Cid y Camila Parodi
A un año del asesinato de Berta Cáceres, entrevistamos a su hijo, Salvador, y damos cuenta de un proceso que sigue, tanto en el pedido de justicia como en el trabajo de la organización, COPINH. En Buenos Aires se realizaron actividades para conmemorar su lucha.
Mientras se cumple un año del asesinato de Berta Cáceres en su casa de La Esperanza, en Honduras, nuevos vínculos entre los asesinos y el entrenamiento militar que recibieron en Estados Unidos generan repudio y ponen sobre la mesa los tejidos entre las trasnacionales que saquean la tierra, los gobiernos locales serviles al país del Norte y el paramilitarismo latinoamericano que es, una vez más y como en un reciclado Plan Cóndor, entrenado por quienes todo lo saben en amedrentamientos y ataques a líderes y lideresas sociales: los Estados Unidos.
Pero Berta era la Coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y pertenecía a la comunidad Lenca; es decir que tanto en su sangre como en su lucha cotidiana llevaba impresa la resistencia de más de 50 años y el amor por la tierra y por los ríos. Así, de estas dos formas de construir opuestas, surge este homenaje con pedido de justicia que trae a Berta en la continuidad de sus compañeras y compañeros del COPINH, en las palabras de su hijo, Salvador; y marca contrastes en la información irrefutable de los vínculos de sus asesinos con la empresa.
Los sospechosos de siempre
Berta fue asesinada en la noche del 2 de marzo de 2016, en su casa de La Esperanza, una pequeña población de Honduras de unos 9 mil habitantes. Al menos cuatro personas entraron a su hogar y la mataron mientras dormía. Había recibido 33 amenazas anteriores y, se suponía, estaba custodiada por el Ejército. Si bien de inmediato quisieron hacerlo pasar por un crimen pasional, o por una disputa interna del COPINH, las presiones internacionales llegaron pronto: la lucha emblemática de Berta era contra la instalación de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, que llevaba adelante la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA) en el departamento de Intibucá, territorio Lenca. La construcción de la represa era directamente ilegal, porque violaba el Convenio 169 de la OIT ya que no se había realizado consulta alguna a la comunidad.
En ese contexto de presión, la justicia tuvo que investigar y cuatro hombres fueron detenidos en mayo de 2016: se trataba de Sergio Ramón Rodríguez, gerente ambiental de la empresa DESA; Douglas Geovanny Bustillo, teniente retirado de las Fuerzas Armadas de Honduras y contratado por DESA como jefe de seguridad entre 2013 y 2015; Mariano Díaz Chávez, Jefe de inteligencia del Ejército en camino al ascenso y Edilson Atilio Duarte Meza, contratado como sicario.
En una reciente investigación de The Guardian, la periodista Nina Lakhani afirma que hay registros militares de que al menos dos imputados asistieron a cursos de contrainsurgencia. “(Mariano Díaz) asistió a cursos de liderazgo de cadetes en Fort Benning, Georgia, en 1997, y a un curso de lucha contra el terrorismo en la academia de la Fuerza Aérea Interamericana en 2005. Los registros militares muestran que en 1997 Bustillo asistió a cursos de logística y artillería en la Escuela de las Américas, en Fort Benning, Georgia, donde se capacitó a cientos de oficiales latinoamericanos que más tarde cometieron abusos contra los derechos humanos”, desarrolla en su informe.
Consultado por Marcha, Salvador Zuñiga, hijo de Berta Cáceres respondió: “Honduras fue la base en la que operaron las contrarevoluciones, y el Ejército de nuestro país fue servil a eso. Los batallones del Ejército en las décadas del 70 y 80 eran conocidos como ‘los escuadrones de la muerte’, porque torturaban, perseguían y asesinaban. Actualmente esos escuadrones siguen funcionando, quizás modificaron sus maneras de operar. Incluso, dentro de la comunidad de Río Blanco, que es donde se está llevando adelante la represa de Agua Zarca y es el motivo por el que asesinaron a mi mami, también hay presencia de bases militares”.
Así la nombra Salvador, “mi mami”, y sin embargo hay en sus 22 años, en su mirada antigua y en su voz firme, una profunda convicción de los ideales de Berta, y de la continuidad en el legado y en la lucha que ella llevaba adelante. Por eso, detalla que si bien no tuvieron acceso a la causa en todo este año por parte del Estado hondureño, las búsquedas de justicia se multiplican en varias direcciones: incluso en la presentación de la “Ley Berta Cáceres” en el Congreso norteamericano en la que se pide, entre otros puntos, que Estados Unidos detenga el financiamiento del Ejército de Honduras. No está de más recordar que el año pasado, el presupuesto fue de 18 millones de dólares de “ayuda” en apoyo militar.
“En las comunidades entendí cuáles eran las razones por las que ella seguía su lucha”
Salvador creció escuchando que a su madre la llamaban “revoltosa, bruja, guerrillera”, en una sociedad donde “pensar cualquier tipo de transformación es peligrosa”; y si bien siendo un niño le resultaba difícil escuchar todo ese tipo de comentarios, nos cuenta, “la formación que tuvimos nosotros es la que nos hizo entender cuáles eran las razones de por qué ella seguía su lucha, a las que estuvimos vinculados desde pequeñitos”. Y fue en las comunidades indígenas donde encontró esas razones: “Iba desde que tenía 4 o 5 años, y así fui aprendiendo sus realidades: vi las situaciones de pobreza extrema, o que no había acceso a la salud ni a la educación; pero también fui viendo cómo se valoran toda la naturaleza: los ríos, las montañas, los animales; y también se transmite mucho la fuerza y la historia de rebeldía que tienen los pueblos”.
También entendió, desde la cercanía, lo opuesto de las miradas ancestrales con la voracidad de las empresas. “Estando en las ciudades es bien difícil entender lo que significa un río. Cuando llegan las empresas les prometen es dinero y trabajo, pensando que con eso es suficiente, y al final también termina siendo mentira porque eso se privatiza”, dice. Y ejemplifica con un recuerdo tan simple como contundente: “Un muchacho tenía que irse a estudiar fuera de la comunidad, y él decía que lo que lo hacía sentir más triste era que cuando se levantara no se iba a poder bañar en el río. Entonces ahí es cuando uno nota qué significan los ríos: es parte de la cotidianeidad, es algo elemental, no se concibe la vida sin él”.
Berta también pudo ver eso, y construir desde una organización. Hoy Salvador y Laura, otra de sus hijas, son parte del COPINH y rescatan la idea que llevo a que se conformara. “El COPINH abarca diferentes pueblos indígenas en Honduras y surgió porque existía una deuda desde los movimientos revolucionarios de los 70 y 80, que tomaban sólo como que los luchadores y las luchadoras pertenecían a la clase obrera. Faltaba el reconocimiento de los pueblos originarios, poner en contexto dónde estábamos parados en América Latina”, describe Salvador.
Con Berta en el corazón y en la mirada
Las jornadas internacionales por el año del asesinato de Berta Cáceres abarcan 15 países. Coincide, además, con la cercanía al paro (también internacional) de mujeres que se realizará el 8 de marzo. Si bien en Honduras ya hay 134 líderes y lideresas asesinadas desde el Golpe de Estado de 2009, que derrocara al presidente Manuel Zelaya, la historia de Berta cala profundo. Porque era una mujer escuchada y reconocida en una sociedad marcadamente machista, y porque contaba con un reconocimiento que incluía el premio Goldman (el “Nobel Verde”, como lo llaman) en 2015. “También sentimos que al tener tanto reconocimiento, por ejemplo haber ganado el premio Goldman, en que tantas organizaciones estaban pendientes, no nos imaginamos que podía suceder…”, explica Salvador y demuestra la fragilidad de los derechos humanos en Honduras. Por eso mismo la jornada, tal como lo explica él, “tiene que ver con fortalecer estas solidaridades que son tan importantes, de seguir compartiendo otras luchas, de seguir estando juntas y juntos. Tiene que seguir siendo importante la solidaridad porque la situación crítica en Honduras continúa”.
Según los datos recientes de la Global Witness, Honduras es el país más peligroso del mundo para las y los activistas ambientales. ¿La respuesta del Estado del Honduras?: llevar adelante una demanda a la organización por difamación.
El asesinato de Berta desnuda la trama siniestra de las grandes transnacionales y el saqueo de la tierra asociadas a la militarización de los países y al amedrentamiento de quienes se organizan (“la represa Agua Zarca estaba financiada por el USA ID, por el Banco Holandés, por bancos alemanes y canadienses… y por eso insistimos en que no es sólo de Honduras o en la comunidad sino que son transnacionales que financian proyectos en otras partes del mundo y que también funcionan con estos mismos mecanismos. Ellos también son responsables”), pero también habla de la figura colectiva que supo construir en vida; de las comunidades que resisten, como desde hace 500 años, colonizaciones y avances en sus tierras; y de la confluencia en las luchas; “Por eso hay movilizaciones y también actos espirituales; se puede ver toda la pluralidad de la lucha, la cantidad de colores que se unen en el camino”, cierra Salvador.