Por Ezequiel Arauz. Esas, son dos de las principales conclusiones de un informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA en torno a las negociaciones colectivas del 2011.
Desde 2004, el Observatorio del Derecho Social (ODS) de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), realiza un relevamiento en torno a las negociaciones colectivas y paritarias. Con la versión 2011 finalizada, puede concluirse en primera instancia que los incrementos salariales lograron mantener el nivel adquisitivo frente a la inflación, logrando en algunos casos superar el nivel de suba de precios mayormente aceptado.
Sin embargo, una tendencia que viene profundizándose sobre los salarios de los empleados formales, es la presión tributaria que en definitiva, recorta algunos de esos incrementos. Por otra parte, en el marco de las negociaciones entre patronal y los representantes de los trabajadores, repuestas a partir de 2003, siguen estableciéndose acuerdos flexibilizantes de determinados derechos laborales.
El ODS asegura en la presentación de su trabajo que, durante 2011, no se produjeron modificaciones sustanciales en torno a las características generales de las rondas negociales, pero sí se registró una reducción de la cantidad final de homologaciones, es decir acuerdos de la patronal y los representantes sindicales ratificados por el Ministerio de Trabajo. Puntualizando, del total de 2046 unidades que se registraron en el año 2010 se pasó a 1834 el año pasado.
Las paritarias continúan teniendo un perfil “eminentemente” salarial, ya que mediante el otorgamiento de sumas fijas periódicas (remunerativas o no remunerativas) o de otros adicionales salariales, más del 90% de las 615 que se registraron por actividad, encerraron exclusivamente recomposiciones en la escala de haberes. Generalmente, a los aumentos solo se le agregan ítems relacionados con los aportes sindicales o cláusulas de paz social. Es decir que no hay mayores debates ni resoluciones en torno a condiciones de trabajo
Dispersión y adicionales
Respecto de los porcentajes de incremento en los básicos convencionales obtenidos el año pasado, el ODS habla de un escenario de “dispersión”, ya que en un promedio general, los incrementos tuvieron como piso el nivel anual de inflación – de 24% tomando los IPC elaborado por siete provincias – y llegando incluso hasta el 28%. Mientras, algunos gremios puntuales obtuvieron un 30% de incremento.
Trazando una proyección y mencionado previamente que las rondas de 2012 todavía no finalizaron, pero que la mayoría de las paritarias “de peso” están cerradas, puede asegurarse que tanto el piso como el techo salarial se ubicaron por debajo de lo ocurrido un año atrás. En ese año, en la parte inferior de la escala se ubico la UTA con 18 %. En tanto que ningún gremio llegó al 30% este año, el mejor acuerdo lo logró Camioneros con un 25,5%, un punto y medio por encima del actual porcentaje promedio.
Respecto de 2011, el ODS afirma que el promedio salarial de los trabajadores registrados del sector privado ascendió ese año, a la suma de $ 5.382, en tanto que “los básicos inferiores de las principales escalas salariales se encuentran, mayoritariamente, entre los $ 3.000 y $ 4.000 mensuales”.
Además el estudio fija que el tratamiento de los adicionales al salario adquirio en los últimos tiempos una importancia significativa. “En muchos casos ellos explican gran parte del contenido de la negociación” afirma. Además continúa observándose una “dispersión de los porcentajes de incremento de los básicos convencionales”.
De la agenda sindical actual
La ruptura formal de la CGT, que se concretó esta semana, tuvo como telón de fondo una agenda de reclamos que afectan directamente a un sector de los trabajadores formales, y que, con matices y agregados, es compartida por la totalidad del sindicalismo. En ese contexto, dos aspectos adquirieron notable relevancia. Mucho se habló de ellos: se trata por un lado de la cuarta categoría impuesto a las ganancias, aquella que se refiere a los ingresos personales y por otro de las asignaciones familiares.
Durante 2011, el número que fija el tope mínimo a partir del cual se tributa ese impuesto, fue incrementado en un 20%, por decreto y en acto de la presidente Cristina Kirchner y el – todavía aliado – Secretario General de la CGT, Hugo Moyano a principios de abril, quien luego calificó ante los medios el acuerdo como “muy, pero muy bueno”.
Con todo, esa suba quedó por debajo del índice inflacionario anual y de los porcentajes de recomposiciones salariales, con lo que la cantidad de trabajadores que tributó ganancias finalmente aumentó. Respecto del otro punto en conflicto, aquel que se refiere las asignaciones familiares, los topes salariales que indican quienes dejan de percibirlas experimentaron una actualización todavía menor.
En ese escenario, muchos trabajadores que obtuvieron un incremento real de sus salarios de convenio, experimentaron por otra parte una reducción de su ingreso total, dado el impacto del impuesto a los ingresos personales, o por haber dejado de percibir las asignaciones familiares.
Flexibilizando, hoy y ayer
Sin embargo, el dato más sustancial en un mercado laboral post devaluación, reactivado en base a que el 35 por ciento de los que trabajan lo hagan en negro, flexibilizados y en condiciones de fuerte informalidad y precarización, es aquel que cuantifica las dificultades para desandar, casi una década más tarde, las reformas introducidas en tiempos de profundización neoliberal para los empleados formales.
En tal sentido, el trabajo del ODS registró una serie de cláusulas impuestas por la patronales en materia de jornada y de organización del trabajo, apuntando a profundizar la flexibilidad laboral. Así, el 34% de los convenios colectivos homologados en el año 2011 prevé pactos de “polivalencia funcional”, es decir, cambios de funciones o rotación de trabajadores en diversos puestos de trabajo, que altera la correspondiente escala remunerativa siempre en favor del empleador.
En un similar porcentaje del total de los acuerdos (32%) se establecieron mecanismos en los que la patronal queda habilitada a desarrollar mecanismos de promoción por “evaluación de desempeño” y en el 43% se habilitó el trabajo en turnos. Mientras que en el 7% se autorizó al empleador a computar la jornada en base a promedios, en el 27% fue habilitado por acuerdo para fragmentar el período vacacional.