Por Josefina Díaz desde Perú
El escenario previo a lo que serán los comicios presidenciales en Perú. Los avances y los límites de la reforma a la legislación electoral y un sistema hecho a medida de la elite gobernante.
El Perú celebrará este 10 de abril sus novenas elecciones generales desde el retorno formal de la democracia. En rigor, sería el cuarto proceso verdaderamente libre teniendo en cuenta que la década de los ´90, con Alberto Fujimori, no puede considerarse un período democrático.
Durante estos procesos ha habido muchas cuestiones que han jugado en contra del derecho ciudadano a sufragar de manera independiente y libre, pero ninguna tan nociva como el clientelismo político. Si bien esto no fue invento de Fujimori, lo que hizo el ciudadano japonés fue llevarlo a niveles insospechados y volver la política y las elecciones un juego del mercado. ¿El resultado? No es posible inscribir un partido ni tener espacio en los medios de comunicación masivos sin tener plata. Mucha plata. En Perú, ganar una elección sin regalar cosas era casi un sueño.
Empero, en diciembre se promulgó una nueva ley electoral. La tan ansiada reforma le cierra las puertas a las prácticas clientelistas y ha hecho que el entonces candidato a la presidencia César Acuña sea excluido por el Jurado Electoral. Lo mismo pasó con un gran número de candidatos legislativos. Por otro lado, esta nueva ley intenta fortalecer los procesos de democracia interna y por esta razón otro candidato presidencial, Julio Guzmán -que figuraba segundo según las encuestas-, también fue aparatado del proceso.
Esto pareciera ser un panorama saludable para un país que busca fortalecer sus partidos políticos y que quiere llevar a cabo elecciones realmente competitivas y justas. Sin embargo, la reforma electoral, que nació como una estructura sólida y bien pensada por los organismos del sistema electoral, creció como un Frankenstein gracias al Congreso. No sólo porque muchas reformas se quedaron en el tintero (como la eliminación del voto preferencial para congresistas), sino porque los plazos para las tachas, procesos de exclusión y demás prácticamente se cruzan con el día de la elección. No es una exageración: el Jurado Nacional de Elecciones puede retirar candidatos hasta diez días antes de los comicios.
Esto ha generado la preocupación de la comunidad internacional e incluso ha habido voces que denuncian un posible fraude. La decisión del ente electoral de no excluir a Keiko Fujimori, hija del dictador y primera en las preferencias según todas encuestadoras, quien incurrió en las mismas faltas que el defenestrado Acuña, es el principal motivo. Evidentemente, al sistema electoral no sólo le hacía falta un cambio en la legislación sino también una renovación de sus miembros.
Otro problema son las empresas encuestadoras. Es bastante raro que alguien conozca a una persona que haya sido encuestada alguna vez. Ni siquiera que conozca al amigo de un amigo que fue encuestado. Además, los resultados de las encuestas, en comparación con los resultados finales, parecieran pintar a los electores peruanos como “electores de la cola”, que antes de entregar su DNI al presidente de mesa están escogiendo recién a sus candidatos. Nadie fiscaliza el trabajo de las encuestadoras. Nadie sanciona a las encuestadoras. Nadie les toca un pelo a las encuestadoras. La denuncia del expresidente y nuevamente candidato Alan García contra la encuestadora Datum de haberle ofrecido una encuesta maquillada por 800 mil soles pareciera tener sentido (aunque, como se dice, “en la boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso”).
Sin asegurar que esto sea así, no sería raro que estas empresas busquen maximizar sus ganancias de formas ilícitas, en un país donde todo tiene un precio y donde muchos conocen a los candidatos por su ubicación en las encuestas más que por su aparición en los medios de comunicación.
A pocos días de las elecciones, las y los peruanos no sabemos a ciencia cierta quiénes son los candidatos entre los que tenemos que elegir ni sabemos la verdadera intención de voto de cada candidato. Si bien esto no configura un fraude electoral, deja muchas dudas sobre un proceso verdaderamente limpio.