Por L. B. Miranda. A un año de la asunción de Jorge Mario Bergoglio como obispo de Roma, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas dio a conocer un informe sobre los casos de pedofilia en el seno de la Iglesia Católica, en el cual se exige al Vaticano dar respuestas y adoptar medidas al respecto.
El 31 de enero de este año el órgano de la ONU emitió el informe final con las observaciones y comentarios relativos al análisis de la conducta de la Santa Sede con relación al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos del Niño. Recordemos brevemente a qué cuestionamientos debió responder la Santa Sede durante el 2013, a los efectos de la elaboración del informe. Se le requirió: respuesta sobre las medidas puestas en práctica para que los sacerdotes acusados de abusos sexuales no permanezcan en contacto con niños/as; indicar qué instrucciones fueron dadas para que los casos de abuso sean denunciados a la Policía de sus respectivos países y en cuáles casos podían no revelarse estos crímenes; informar acerca del apoyo ofrecido a los niños/as víctimas de abuso sobre las investigaciones canónicas en contra de los sacerdotes involucrados y sobre la cooperación de las autoridades eclesiásticas con las magistraturas nacionales. El Comité también exigió conocer la política de la Iglesia en cuanto a las indemnizaciones y su relación con la obligación para guardar silencio al respecto, y qué medidas para prevenir nuevos abusos habían sido adoptadas.
Con las respuestas obtenidas, el Comité elaboró un escueto informe -como es costumbre en estos órganos- con algunas interesantes consideraciones. El mismo comienza con un “tirón de orejas”, resaltando cuánto lamentaba que hubieran transcurrido catorce años (sí, catorce) desde la última revisión de la implementación de la Convención por parte de la Santa Sede. Luego de señalar como un avance la sanción de una serie de normas dirigidas a tipificar los crímenes contra los niños y niñas y la creación de la Comisión para la Protección de los Menores, el órgano de expertos puntualizó la responsabilidad especial que le cabe a la Santa Sede en orden a implementar las disposiciones de la Convención, no solo en el territorio de la ciudad del Vaticano, sino también en relación con los individuos y las instituciones bajo su autoridad a lo largo de todo el mundo.
Acerca de la legislación emanada de la Santa Sede, el Comité expresó su preocupación por encontrar que varias de sus normas omiten consideraciones respecto de la protección de los derechos de los niños y niñas contra la discriminación, la violencia y todas las formas de explotación y abuso sexual, recomendando una revisión integral, específicamente del derecho canónico, a los fines de su compatibilidad con la Convención.
Por otro lado, y con objetivos eminentemente preventivos, el Comité instó a la Iglesia a generar instancias de capacitación dirigidas a todos los integrantes del clero y de las órdenes e instituciones católicas que tengan relación con niños y niñas, sobre derechos y obligaciones derivadas de la Convención.
El Comité no fue indiferente a las retrógradas declaraciones del Papa Francisco relativas a la homosexualidad expresando, en consecuencia, su preocupación por considerar que tales dichos contribuyen a la estigmatización y a la violencia contra adolescentes, niños y niñas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero y contra los niños y niñas criados por parejas del mismo sexo.
Asimismo, el Comité tocó otra cuestión de especial sensibilidad: la consideración del registro género-sensitivo por parte de la Iglesia. De tener intenciones de cumplir con la Convención, la Santa Sede deberá adoptar una postura clara de lucha contra la violencia de género, contra la discriminación entre hombres y mujeres, específicamente mediante la utilización de terminología género-sensitiva y la eliminación en los colegios católicos de cualquier tipo de material que tienda a legitimar estereotipos en este sentido.
Respecto de los casos que habían sido puestos a la luz por el órgano de Naciones Unidas (estamos hablando de las “Casas Magdalenas” y de los “Legionarios de Cristo”) el Comité instó, sobre el primer caso, a la realización de una investigación interna relativa al personal religioso que trabajó en dicha institución y su consecuente determinación de responsabilidad y aplicación de sanciones tanto por la Iglesia como a través de la legislación de los Estados donde se haya implementado el sistema, junto con el pago de una plena compensación para las víctimas y sus familiares. En relación con el segundo caso, el Comité solicitó la adopción de políticas que permitan la desinstitucionalización de los niños y niñas confinados en instituciones católicas y su reunificación con las familias de origen.
Un tema de particular interés tocado en el informe es el relativo al comentario realizado en conexión con un caso sucedido en Brasil en 2009: la sanción aplicada por el Arzobispo de Pernambuco a la madre y al médico de una niña de 9 años, quien, tras haber quedado embarazada como consecuencia de una violación cometida por su padrastro, fue sometida a un aborto de emergencia por encontrarse en riesgo su vida. El Comité expresó la necesidad de que la Santa Sede revise su posición con relación al aborto, sobre todo en los casos en donde se encuentra en juego la vida y la salud de la mujer embarazada.
Finalmente, sobre la explotación y el abuso sexual de niños y niñas por parte de miembros de la Iglesia Católica, el Comité enfáticamente recomendó la investigación independiente de los casos de abuso sexual de niños y niñas, así como de la conducta de la jerarquía católica en su resolución, apoyándose en la sociedad civil y en las organizaciones de derechos humanos. Los resultados de dichos procedimientos deberán hacerse públicos y servir para promover la prevención de estos crímenes despreciables. Asimismo, el Comité instó a remover inmediatamente de sus cargos a los abusadores; dejar de considerar estos casos como “delitos contra la moral” y derogar todas las obligaciones que imponen que las víctimas y quienes tomen conocimiento de estas circunstancias guarden silencio; desarrollar procedimientos para la identificación temprana de niños y niñas víctimas de abuso sexual; proporcionar canales de comunicación accesibles y confidenciales propicios para que los niños y niñas víctimas y testigos de abuso sexual puedan informar dichas situaciones; asegurar contención psico-social, la rehabilitación y reinserción en el entorno; el pago de una compensación adecuada a las víctimas y sus familiares libre de condicionamientos relacionados con garantías de confidencialidad, entre otras sugerencias.
La Santa Sede deberá responder nuevamente frente al Comité en septiembre de 2017. Para ese momento, tendrá que demostrar haber logrado avances significativos en materia de cumplimiento de las obligaciones a las que aceptó someterse cuando ratificó la Convención.
Como dijimos en la nota anterior, si bien las recomendaciones de los órganos de supervisión de los tratados internacionales de derechos humanos no tienen carácter vinculante, al menos desde el punto de vista formal, el haber transitado por todo el procedimiento que se señaló significó un avance sin precedentes, sobre todo si se compara con el actuar de la Iglesia Católica a lo largo de toda su historia en lo que a derechos humanos respecta.
No es este el espacio para reflexionar sobre los motivos o las causas que provocan que las autoridades de la Iglesia Católica recurran sistemáticamente al abuso, la vulneración y la fractura de la niñez. Quizás los lugares de poder generen cierta sensación de impunidad para dar rienda suelta a la perversión. O tal vez la feroz represión a la que se someten sea una aberración tan reprochable como las conductas que de ella se derivan. Pero sí es este el momento y lugar en la historia donde empiezan a rendirse cuentas, donde deben tomarse acciones, donde se exigen y tendrían que obtenerse explicaciones. Ojalá sea el punto de partida, con hechos concretos, y no solo a través de gestos, pedidos de perdón o buenas intenciones.