Por María Paula García. A pocos días de que finalice el 2012, vamos cerrando la sección Géneros con un recorrido de algunos hechos relevantes por lo repudiable que expresan y que ameritan tanto indignación como una necesaria reflexión. En esta primera parte dos casos, en Buenos Aires y en Misiones.
Luego de décadas de invisibilización y lucha por poner sobre el tapete de la agenda política nacional las cuestiones relacionadas con las desigualdades entre los géneros y las reivindicaciones de derechos que de ellas se desprenden, el 2012 fue un año muy particular. Profundizándose una dinámica iniciada tiempo atrás, claramente el terreno de disputa, tanto por la obtención de derechos como para el cese las más crudas violencias, se trasladó al ámbito de los poderes del Estado en sus diferentes niveles, logrando instalar debates que involucraron a amplios sectores de la sociedad.
Sin embargo, la lucha que ha permitido obtener leyes fundamentales como las de salud sexual y reproductiva, de matrimonio igualitario, de identidad de género y de trata de personas, han revelado la existencia de enemigos acérrimos de los derechos de las mujeres. Y mientras que el blanco de los repudios ha sido y continúa siendo el oscurantismo clerical, algunos de los casos más resonantes del año que culmina, dejan al desnudo la alianza entre los sectores religiosos y otros igualmente reaccionarios pero enquistados en los distintos poderes y esferas del Estado. Efectivamente, el final del 2012 nos muestra a la justicia y al sistema de salud como instancias donde diferentes mujeres, en su mayoría pobres, han debido enfrentar los más feroces ataques por parte de estos poderes que no han tenido el más mínimo reparo, no sólo en intervenir, sino en hacerlo sin respetar las más mínimas garantías legales de las víctimas con tal de frenar el ejercicio de sus derechos. Cada uno de los episodios de violencia que recorreremos confirma los supuestos sexistas y misóginos que siguen colocando a las mujeres en causantes de sus propios males y depositarias del tan tristemente difundido “algo habrán hecho”.
La jueza, el capellán, el jefe de gobierno y el director médico
Lejos de ser una película o el título de la novela, este cuarteto de personajes son los que se unieron pasa avasallar los derechos de una mujer cuyo caso no debía trascender. Luego de escapar de una red de trata en la que cayó engañada por una promesa salarial y que la mantuvo secuestrada en algún lugar de la provincia de Chubut, esta mujer de 32 años y 3 hijos se presentó en la guardia del Hospital Ramos Mejía solicitando la interrupción de un embarazo de 9 semanas fruto de reiteradas violaciones. Jamás imaginó que el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, ventilaría la inminente intervención en una cena con empresarios, facilitando el accionar de la asociación fundamentalista Pro Familia junto con la ayuda de la jueza Myriam Rustán de Estrada.
En el mes de marzo la Corte Suprema de Justicia había convalidado la interrupción de embarazos en caso de violación, zanjando las diferentes interpretaciones realizadas del artículo 86 del Código Penal y dejando bien claro que en dicho casos los abortos son no punibles y su práctica no debe ser judicializada. A pesar de ello, la dirección del hospital acató la medida cautelar interpuesta por la jueza y suspendió el aborto.
Pero lo peor estaba por venir, ya que como si no hubiera sufrido lo suficiente, esta mujer debió soportar un escrache en su casa, una misa realizada por el capellán del hospital en su vereda y finalmente otro escrache en el hospital. Casi en cadena nacional se debatía la situación de una mujer a la que nadie escuchaba. Estos episodios continuaron violando su intimidad y la expusieron a la presión de los antiderechos, pero además la pusieron en peligro frente a los tratantes de los cuales había escapado.
Felizmente, la rápida solidaridad del movimiento de mujeres así como de legisladores y comuneros, logró que la Corte Suprema intervenga y obligue al hospital a cumplir con la ley. Mientras que esta mujer pudo ejercer su derecho a interrumpir un embarazo, Mauricio Macri fue denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, la jueza denunciada por prevaricato, el capellán Fernando Llambías con sueldo estatal de 5000 pesos investigado y el director médico Carlos Mercau renunció poco después alegando “motivos personales”. Lo sucedido no evitó que días después Macri vetara a través de un decreto la norma votada en la legislatura porteña sobre aborto no punible.
María de nadie
A miles de kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en medio de la selva misionera y abandonada a su suerte, María Ovando, pobre, analfabeta y con 37 años, sobrevivía en la miseria con sus doce hijos y dos nietas. Acostumbrada al duro trabajo de recolección de yerba, a la maternidad desde los 15 y a las parejas ocasionales que la fueron abandonando luego de pegarle cotidianamente, su vida transcurría sin que los defensores de los niños por nacer repararan siquiera en la desnutrición de los ya nacidos.
Un día a su hija Carolina de 3 años le dolió demasiado la panza, y María debió dejar de amamantar a su último hijo de 2 meses para llevar a la niña a cuestas hasta el centro de salud más cercano. Bajo el rayo del sol, sin una moneda para el colectivo y con el dolor de una cesárea reciente, tenía que recorrer 25 kilómetros. Pero no llegó. Carolina murió en sus brazos y ella, sin saber qué hacer, hizo lo que consideraba más natural en esos casos: cavó una pequeña tumba con sus manos y la enterró debajo de un árbol. Nunca imaginó que los mismos poderes para los cuales fue invisible durante décadas aparecerían para culparla por abandono agravado de persona.
Desde esa misma tarde en que la policía apareció en su casa, estuvo detenida durante 2 años y separada de sus hijos y nietas, a los cuales no pudo ver durante ese tiempo. Si no hubiera sido por una periodista que investigó el caso y que llegó a la televisión, María seguiría esperando ser juzgada.
Mientras que abominables personajes gozan del beneficio de la presunción de inocencia, a María le dictaron rápidamente la preventiva. Luego, el juicio expresó crudamente de qué hablamos cuando hablamos de criminalización de la pobreza y de vulnerabilidad de derechos. Pero también mostró en qué medida el sistema judicial puede reaccionar con una fuerza directamente proporcional a sus prejuicios sexistas y misóginos. No faltaron las voces que la llamaron “mala madre”, haciendo referencia a los piojos, granos, falta de aseo y bajo peso de sus hijos. Y tampoco las repudiables afirmaciones como las del fiscal Federico Rodríguez, quien declaró en el momento mismo de la absolución de María que “pareciera ser que los pobres pueden abandonar y dejar morir a sus hijos”.
María Ovando fue sobreseída a finales de noviembre, y a pocos días de la navidad continuaba esperando la restitución de sus hijos y nietas. La jueza de familia le pide que se mude cerca del hogar donde los niños han vivido durante estos dos años, al cuidado de sus abuelos paternos, y que disponga de una casa con una cama para cada uno de ellos. María es libre finalmente, pero evidentemente no se ha librado del estigma de ser una mujer pobre con demasiados hijos. Hasta el mismísimo intendente de la localidad de Colonia Delicia, Eberth Vera, criticó al tribunal por creerle a una mujer que dejó morir a su hija desnutrida a pesar de recibir dinero del programa provincial Hambre Cero.
En la segunda parte repasaremos los casos de Marita Verón, y Aylen y Marina Jara. En total, cuatro muestras de la realidad de diversas mujeres inocentes, culpabilizadas, criminalizadas e invisibilizadas. Y un tesoro en común: la fuerza de cada una para soportar y enfrentar los embates de un Estado y sus instituciones que, en sus diferentes niveles y sectores, tienen una deuda enorme con los derechos, en este caso, de las humanas.