Se cumplieron tres años del gobierno de Bukele en El Salvador. Este nuevo aniversario se da en el medio de un Régimen de Excepción que anula derechos básicos como la defensa frente a una detención. A pesar de que la medida cuenta con apoyo de buena parte de la población, por los altos índices de violencia en el país, las denuncias de detenciones arbitrarias llegan todos los días y afectan principalmente a las juventudes populares.
Respecto a las detenciones arbitrarias, la ONG Cristosal, reportó que el perfil de los detenidos son principalmente jóvenes, de 18 a 30 años, trabajadores del sector servicio. Se trata en muchos casos del principal proveedor económico del hogar y el portar tatuajes les vuelve directamente sospechosos.
Por Gerson Vichez/ Fotos Gerson Najera *
“El presidente amante del freestyle”. Ese era el título de la nota que tuiteó el 10 de marzo de 2019 el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, mejor conocido como Slipt, nombre que usaba como grafitero y rapero. La publicación de The Urban Roosters –una famosa plataforma de freestyle– detallaba que Nayib Bukele “promueve el freestyle como método para que los jóvenes no caigan en malos hábitos”. Tres años después, al menos tres artistas de freestyle (rap improvisado) han sido detenidos durante el régimen de excepción: Diktx, Visionario y Anormal. Los tres son padres de familia. Los tres provienen de familias pobres. Los tres residían al occidente del país. Los tres vivían de hacer rap improvisado en los autobuses.
Guadalupe y Vanesa distan un par de décadas en edad entre sí, pero ambas muestran afiches, videos y fotografías de Diktx. Cada una habla sobre el talento de este joven para el rap improvisado. Cuentan sobre sus presentaciones en Santa Ana y Sonsonate, también narran las batallas de freestyle en las que ha participado. Cualquiera pensaría que son dos fans del rapero, pero en realidad Guadalupe es la madre de Diktx y Vanesa la esposa. Desde el 18 de abril, Diktx, cuyo nombre de pila es Bennett Ruano, fue detenido por la policía en el marco del régimen de excepción. Desde ese momento, su madre y su esposa buscan desesperadas una respuesta sobre su paradero.
“Nosotros no nos oponemos al régimen (de excepción), porque para nosotros sería lo mejor poder ir a cualquier lugar, pero sí nos duele que agarren a personas inocentes y que no se les pueda defender”, dice Guadalupe, mientras muestra la documentación que ha recogido para demostrar la inocencia de su hijo.
En sus manos lleva: una solvencia de la policía que detalla que Bennett no posee antecedentes penales, varias hojas de firmas de personas que dan fe de que su hijo es un joven trabajador, también la impresión de capturas de pantalla de un video donde Bennett está rapeando en un autobús (como constancia laboral) y afiches de las presentaciones del rapero, entre estas, en la Latin American Bitcoin & Blockchain Conference (Labitconf) y otra en la sede del partido Nuevas Ideas en el municipio de Sonsonate.
El régimen de excepción en El Salvador lleva dos meses y fue renovado el pasado 26 de mayo para un mes más por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista. El régimen suspende los derechos de asociación y reunión, también la defensa en caso de detención. Además, permite la detención administrativa por quince días, cuando el plazo normal es de un máximo de tres días. El origen de esta medida fueron los 87 asesinatos ocurridos entre el 25 y 27 de marzo de 2022. De acuerdo a una investigación del periódico El Faro, esa ola de homicidios fue consecuencia del rompimiento de las negociaciones que mantuvieron el gobierno de Nayib Bukele y las pandillas durante los últimos dos años y medio. Esto lo confirmaron con audios de un funcionario público: Carlos Marroquín.
Otto Flores, abogado de Los Siempre Sospechosos de Todo, una organización que trabaja para prevenir el abuso policial y de la Fuerza Armada, señala que la acción penal que se está ejerciendo durante este régimen se basa en elementos subjetivos por parte de la policía: antecedentes penales, desavenencias personales o discrepancia con la personalidad o el oficio de una persona, como en el caso de los miembros de la comunidad hip hop.
“Existe una criminalización de la personalidad, cosa que va contraria a la Constitución y al derecho procesal penal, porque claramente se establece que este juzga actos, no personalidades, no formas de vestir, no actitudes”, explica Flores, y agrega: “También existe una estigmatización basada en la aporofobia, es decir, el hecho de que una persona porque vive en una zona marginal o considerada zona roja ya la hace sospechosa como tal”.
Desde la detención de Bennett, su madre y su esposa dedican parte de su tiempo a la búsqueda de información sobre su proceso. “Yo he ido a varios lugares, a la Fiscalía, a la Procuraduría, me he ido a meter hasta la Asamblea y ya no sé dónde más ir para que me ayuden. Mi hijo no es un delincuente, él nunca había estado preso, ni siquiera por pleitos. Mi hijo es inocente”, asegura Guadalupe.
Bennett tiene 27 años y es padre de una niña de dos años. “Él es el apoyo de nosotros, yo solamente trabajo dos días en una casa (como empleada doméstica) y el resto del tiempo él me ayuda con mi comida y mis cosas. Igualmente, él mantiene el hogar de su esposa y su hija y cuando estoy ahí, él ve hasta por mis medicinas”, cuenta la madre.
Guadalupe relata que de pequeño Bennett quería ser arquitecto, “pero yo soy madre soltera y hasta noveno grado pude darle”, agregó. También cuenta que desde niño su hijo mostró interés por la música y que en los últimos años él escribía, grababa y editaba sus propias canciones, que pueden encontrarse en su canal de YouTube y en su página en Facebook.
En una de esas canciones, “Último intento”, comparte créditos con Anormal, y en uno de sus versos dice: “Todos tenemos sueños de pequeños. Aquí no hay paz, aquí hay guerra, aquí hay traiciones de la gente que uno no espera.” Anormal, Carlos Figueroa, era compañero de Bennett cuando subía a improvisar a los buses. También fue detenido el 18 de abril.
Carlos Figueroa tiene 24 años de edad, una década como artista y una hija de seis meses de edad. Su pareja, Jenniffer, dice que Carlos le habló por última vez para preguntarle si quería pollo para el almuerzo, ya que estaba en el comedor del mercadito El Ángel, en Sonsonate, junto a Bennett, quien también compraba comida para su esposa e hija. Después ya no respondió sus llamadas. Luego, supo que Carlos había sido detenido por la policía.
Cuando Jennifer llegó a la delegación, vio a Carlos golpeado y no le quisieron dar ningún dato sobre él. Horas más tarde, la madre de Bennett también llegó a la delegación y le entregaron las pertenencias de su hijo, junto a los dos platos de comida que había comprado para su esposa e hija. Ambos jóvenes habían sido trasladados al Centro Penal “La Esperanza”, mejor conocido como Mariona, sin derecho a defensa.
Carlos tenía un año trabajando en los buses, haciendo freestyle junto a otros artistas de la zona. El día de su detención, él y Bennett portaban un carnet que les acreditaba como artistas y como trabajadores con permiso para brindar su show en las unidades del transporte colectivo.
Cuatro días después de las detenciones de Bennett y Carlos, el 22 de abril, fue apresado René Linares, Visionario, quien también es parte de la escena de hip hop del occidente del país, pero en la ciudad de Santa Ana. René es reconocido como uno de los pioneros de su generación en el rap y el freestyle. También es padre de una niña de 11 años. Su madre tiene un puesto de pupusas y su padre es ayudante de carpintero. La mitad de lo que ganaba a diario cantando en los buses, lo entregaba a su mamá para los gastos de la casa. Si en una jornada lograba $10, cinco eran para su familia.
Un día, René le contó a su mamá que tendría empleo, que por fin podría aportar una cantidad fija a la casa y ayudar más a su hija. “Le iban a dar empleo como encargado de la limpieza en el Seguro Social de Metapán. Entonces debía presentar todos sus documentos. Aquí en Santa Ana sacó sus antecedentes y aquí tengo el documento donde dice que no posee antecedentes penales”, recuerda Christian, su hermano, mientras muestra los documentos.
René le pidió a su mamá que lo acompañara a San Salvador para solicitar su solvencia de la policía. Para su sorpresa, al tramitarla en el lugar, lo detuvieron. “Lo agarraron, no mediaron palabras con mi mamá, y lo llevaron a la delegación de La Tiendona”, narra Christian.
“Mi mamá me contó llorando que mi hermano estaba contento porque al fin iba a tener un trabajo formal con el que le iba a poder ayudar, tener fechas para pagar las cosas, no andar afligido en la rebusca –como le llaman ellos a salir a cantar en los buses– él estaba ilusionado con el trabajo que iba a tener”, añade el hermano de René.
“En un momento el gobierno dijo que nos apoyaría en nuestros proyectos para que los jóvenes no recurrieran a malos pasos, pero es triste que nos tachen como delincuentes, como vagos, como personas que no buscan un futuro. ¡Claro que buscamos un futuro! Aunque acá en el país es difícil, ya que la música que hacemos no es tan apoyada”, afirma un amigo de Bennett que también es artista de rap, Danny Crespín, conocido en la escena de hip hop como Dxnny.
Para uno de los veteranos del rap en la zona occidental del país, Marvin Carpio, cuyo nombre de rapero es Artillero, “más que régimen de excepción, es un plan de más abuso de poder desde el sistema, ya sean policías o militares”. Él considera que esta medida afecta a todos los artistas urbanos, “porque por el simple hecho de ser joven y andar tatuajes o representar música que no sea del agrado de ellos, es razón suficiente para ser detenido”, subraya.
Marvin cree que todos los acusados tienen derecho a un debido proceso y que si ahí se comprueba que son culpables, deben pagar por sus delitos. Dice que desde la comunidad hip hop, eso es lo que se pide para los artistas detenidos. “Sus familiares tienen derecho a saber dónde están, de qué se les acusa y cómo va su proceso, es lo mínimo”, concluye.
Con el paso de los días, el teléfono de Guadalupe dejó de recibir llamadas. Al marcarlo, no enlaza llamadas, como si el número no existiera. La razón: alrededor del penal de Mariona no hay señal para teléfonos celulares y Guadalupe es una de las centenares de madres que pasó días y semanas enteras esperando algún dato sobre su hijo, durmiendo por la noches a la intemperie. Comiendo unos días sí y otros no. Eso, antes de que la policía y el Ejército las desalojara el 24 de mayo
* Esta nota fue publicada originalmente en Revista Factum medio de investigación en El Salvador