Por Paula Rosales desde San Salvador / Foto: Agrupación Cuidadana
El Salvador mantiene, desde 1998, una prohibición total a cualquier tipo de aborto, incluyendo los casos donde mujeres y niñas corren peligro de muerte o hayan sufrido violación sexual. La pena máxima es hasta 40 años de prisión debido a que los jueces las juzgan por homicidio agravado.
Imelda Cortez fue violada constantemente durante ocho años por su padrastro de 70 años de edad, quien a base de amenazas abusaba de ella. Producto de las violaciones, Imelda resultó embarazada.
En abril de 2017, Imelda Cortez, una estudiante de bajos recursos económicos, tuvo un parto extra hospitalario, por lo que llegó desmayada al centro de salud y los médicos determinaron que ella se había provocado un aborto, así que la entregaron a la policía.
Desde entonces la joven es procesada por el supuesto delito de tentativa de homicidio agravado en perjuicio de su hija recién nacida, por lo que podría ser condenada a 20 años de prisión.
De acuerdo a la abogada defensora Alejandra Romero, las pruebas indican que “Imelda presentó rasgos de un parto reciente, parto extra hospitalario; ella no se realizó ninguna acción para provocar dicho parto, sino fue un parto natural”.
Sin embargo, el sistema judicial se niega a otorgarle la libertad a Imelda a pesar de todas las pruebas científicas y forenses que concluyen que es inocente, sostiene la abogada.
El empobrecido país centroamericano mantiene desde 1998 una prohibición total a cualquier tipo de aborto, incluyendo los casos donde mujeres y niñas corren peligro de muerte o hayan sufrido violación sexual. La pena máxima por este delito es hasta 40 años de prisión debido a que los jueces las juzgan por homicidio agravado.
Según la agrupación ciudadana Colectiva Feminista en la actualidad 24 mujeres están condenadas a largas penas de prisión por haber sufrido complicaciones obstétricas durante sus embarazos, los casos van desde violaciones sexuales, malas atenciones en el sistema de salud y abortos espontáneos ocasionados por golpizas.
La mayoría de mujeres que son acusadas de provocarse abortos coinciden con las características de pobreza extrema, bajos niveles de educación y carecen de defensores públicos incapaces de defenderlas. Cada una de ellas fueron denunciadas por los médicos que atendieron sus emergencias.
La lucha por revertir las sentencias
De acuerdo con organizaciones internacionales de los derechos humanos, El Salvador tiene una de las leyes más severas en cuanto a los derechos reproductivos de las mujeres y niñas se refiere.
El partido oficialista de izquierda FMLN presentó en 2017 una iniciativa de ley para despenalizar en 4 causales el aborto: para salvar la vida de la mujer durante su embarazo; cuando el embarazo sea producto de violación; malformación del feto que haga inviable la vida extrauterina y menores de edad víctimas de violación o estupro.
En el país existen grupos conservadores de derecha que se oponen a debatir una nueva legislación y rechazan de tajo toda forma y discusión sobre las prácticas de aborto, incluso, aquellas donde las mujeres están en peligro de muerte.
Además, en un país donde más del 70 por ciento de las personas se dicen cristianas, la educación sexual se ve como un tabú y algo ignominioso.
De acuerdo al informe “Al borde de la muerte”, presentado en 2014 por Amnistía Internacional, las pruebas que incriminan a las mujeres de haberse provocado un aborto son deficientes y poco concluyentes. Y los procesos a los que son sometidas no cuentan con las garantías necesarias para aplicar la justicia correspondiente.
Por esa razón la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, ha desarrollado una campaña de exposición de 17 casos de mujeres que tuvieron complicaciones obstétricas y han sido condenadas a largas penas en prisión.
La campaña tiene como objetivo que la Corte Suprema de Justicia revise cada uno de los casos en los que se han comprobado fallas judiciales del proceso sancionatorio y dictamine el indulto de la pena. Debido a la presión de organizaciones sociales un total de 23 mujeres han recuperado su libertad bajo la figura de conmutación y revisión de pena.
Sentencias de muerte
Sobrevivir al sistema penitenciario salvadoreño no es cosa fácil. En todas las cárceles hay un completo hacinamiento. La capacidad instalada para las 19 cárceles del país es de 8.100 reclusos, en la actualidad sobrepasan los 25.000.
Una misión de las Naciones Unidas dijo que el sistema carcelario en el empobrecido país centroamericano es “denigrante e inhumano”.