Por Sebastián Saade. Este año los conflictos contra la megaminería a cielo abierto tomaron relevancia en la escena social con su correlato en los medios de comunicación. En esta nota, el saldo de esas repercusiones.
Fraude en Chubut
El martes 25 de octubre estaba llamado a ser un día histórico para la democracia de la provincia de Chubut. La legislatura debía tratar el proyecto de ley presentado por iniciativa popular, apoyado por 13.007 ciudadanos de esa provincia. El proyecto planteaba la prohibición total de la megaminería nuclear y metalífera. La iniciativa popular es una herramienta de democracia semidirecta que llega al recinto legislativo impulsada por organizaciones sociales y con el apoyo del tres por ciento del padrón electoral.
Al iniciarse la sesión, el proyecto inicial presentado por las asambleas ciudadanas había sido modificado íntegramente. El nuevo proyecto que se debatía en el Congreso proponía suspender la actividad minera por 120 días y habilitar al Ejecutivo provincial a garantizar el debate sobre la minería y a llamar a “consultas populares vinculantes” en las regiones o localidades afectadas por el proyecto de explotación. Mientras tanto, en la calle eran reprimidos manifestantes de las asambleas ciudadanas y el recinto era desalojado y dejaron únicamente facciones de la UOCRA que se encargaron de vitorear a los diputados que votaron afirmativamente.
Cerca de la medianoche, representantes del FPV y el peronismo disidente aprobaron una ley que nada tenía que ver con el proyecto presentado por Iniciativa Popular. No a la Mina Esquel relató el momento: “Acaba de terminar la votación de nuestra iniciativa popular, o el Frankestein que quedó de ella, después de que los diputados del FPV la modificaran en un noventa por ciento: terminó 15 a 12 a favor del engendro-dictamen de mayoría que no se correspondía en nada con el proyecto original de las asambleas chubutenses. Desempataron los diputados: Villagra, Trotta y Willhuber. Los dos últimos, diputados por Esquel”.
La lucha contra la megaminería en la provincia patagónica no es nueva. La Ciudad de Esquel fue la llama que inició la lucha contra la megaminería, que luego se expandiera por distintos pueblos de la provincia de Chubut y de distintas provincias argentinas. El año pasado se cumplieron diez años del histórico plebiscito que con el ochenta y dos por ciento de los votos frenó la instalación de la empresa canadiense Meridian Gold para la explotación del proyecto minero Cordón Esquel.
El proyecto minero Hierro Indio quedó archivado
La Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza votó en contra de la reactivación del proyecto minero Hierro Indio. La votación ya tenía media sanción en la cámara de Senadores, pero con esta decisión de los diputados mendocinos se da por archivado el proyecto minero que está ubicado al oeste de la ciudad de Malargüe, en cercanías del nacimiento del río Atuel.
El rechazo del proyecto tuvo un amplio apoyo de la ciudadanía y una masiva participación en distintas movilizaciones en el sur de la provincia y en la ciudad de Mendoza. Desde la Multisectorial de General Alvear realizaron cuatro concentraciones por tiempo indeterminado en distintos puntos del departamento e incluso en el este de San Rafael.
Andalgalá no se rinde
La asamblea El Algarrobo de la ciudad de Andalgalá una vez más retomó la iniciativa de reclamar por los derechos del pueblo en defensa del agua y de la vida contra los proyectos megamineros en la región. Desde el 20 de noviembre se encuentran acampando frente a los tribunales federales, en la plaza Lavalle de la ciudad de Buenos Aires. El comunicado de prensa emitido por la Asamblea El Algarrobo plantea que “los vecinos de Andalgalá tomamos la decisión de reclamar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) la protección de nuestros derechos, a raíz de la denegación arbitraria de justicia que hemos sufrido en todas las instancias judiciales de la Provincia de Catamarca”.
El comunicado afirma que El 19 de enero de 2010 se presentó una acción de amparo contra la empresa Minera Agua Rica, considerando ilegítimo el acto administrativo emitido por la Secretaría de Minería de la Provincia de Catamarca (SEM) que autoriza la explotación del mega yacimiento Agua Rica. La mencionada resolución no habría cumplido con los requisitos previstos en el Código de Minería y la Ley General del Ambiente (Ley N° 25.675). “El reclamo tramitado ante la CSJN bajo el Expediente N° 1314/2012 T° 48 Letra M, se encuentra desde hace más de un año en la Procuración General de la Nación, trabando así la continuidad del trámite que permitiría a la Corte dictar una sentencia” denunció la Asamblea El Algarrobo.
Los triunfos también se cuentan
Desde la lucha iniciada en el año 2003 por los vecinos de la ciudad de Esquel y el triunfo conseguido en el plebiscito, se desarrollaron diversos conflictos con resultados parciales, en algunos casos, y totales, en otros. Estas conquistas se debieron a la organización de los pueblos, que mediante manifestaciones multisectoriales y la socialización del conflicto, lograron torcer la voluntad de los poderes políticos ligados a las empresas transnacionales.
Desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas realizaron un informe que detalla las leyes que se dictaron en diferentes provincias prohibiendo algún aspecto de la actividad minera metalífera. Las provincias de Chubut, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Córdoba, San Luis y Tierra del Fuego avanzaron en este sentido. En cambio, en Río Negro y La Rioja, luego de haber prohibido el uso de cianuro en las explotaciones mineras, derogaron años después las leyes aprobadas.
Con avances y retrocesos, la lucha antiminera no se detiene. Estas asambleas de vecinos autoconvocados, organizaciones sociales e intelectuales cobra una vital importancia. El pueblo ha decidido dejar de delegar: eligieron pasar a deliberar y decidir que quieren prohibir la megaminería, proteger la tierra que habitan, el agua y la vida.