Por Lorenzo Martelli*
El pasado jueves 13 de diciembre, la Legislatura porteña aprobó la ley 2.736 que regula la reurbanización de la Villa 31 y 31 bis, Barrio Padre Carlos Mugica. El proyecto, elaborado por el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contó con 36 votos afirmativos, 13 negativos y 11 abstenciones.
El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo Porteño y no contó con el consenso del barrio, como si sucedió con la presentación del proyecto anterior del dictamen de la Villa 31 y 31 bis, elaborado participativamente por sus habitantes y cajoneado hasta el hartazgo por Cambiemos, junto con los proyectos de reurbanización de la Villa 20 y la Villa Rodrigo Bueno.
El proyecto representó un fracaso político de la Secretaría de Integración Social y Urbana a cargo del proceso de la elaboración de la ley. Ya sea por su incompetencia o intencionalidad, lograron ejecutar el peor escenario posible: fogonear la pelea entre vecinos y vecinas, fomentando la falsa premisa de que aquellos que se oponen a su proyecto están en contra de la urbanización. El hecho de cuestionar un proyecto tejido entre cuatro paredes, a espaldas al barrio, no atenta contra el derecho al acceso a la vivienda por el cual tanto han luchado los y las vecinas. Una infinita distancia diferencia impulsar reuniones informativas sobre algunos puntos del dictamen (las actividades realizadas por la Secretaría) de la participación real.
Sobre los aspectos técnicos de la ley aprobada, en los puntos más relevantes genera mucha incertidumbre. No aporta claridad sobre el monto del pago de las tierras, sobre la resolución de la problemática entre inquilinxs y propietarios, el pago de los servicios, los valores de la hipotecas que van a tener que asumir los y las vecinas y la posibilidad de que terceros puedan cancelarlas, habilitando el negociado inmobiliario.
El Gobierno de la Ciudad solicita acompañar una ley plagada de grises, sabiendo que aquello que no está explícita y claramente garantizado en favor de los sectores más postergados, más vulnerados, es terreno fértil para la ambición voraz e incontenible del mercado inmobiliario.
Un poco de historia
La histórica lucha de la 31 se remonta a las victorias organizadas sobre las topadoras de la dictadura cívico-militar y el contrataque del neoliberalismo noventoso, de la mano del ex intendente Domínguez. Pero ese pasado siempre vivo, y que talló a fuego los genes de lucha de las siguientes generaciones, lleva a repasar los acontecimientos más recientes.
A principios de este año, luego de la aprobación del nuevo trazado de la Autopista Illia, se produjo un desalojo violento a cargo de las fuerzas represivas con el objetivo de echar a vecinos y vecinas del sector Cristo Obrero. Mediante la fuerza de los palos, de los gases y de las extorsiones, impusieron un “se van o se van” a las familias afectadas. Temible primer antecedente para los procesos de relocalización.
Este gobierno que se autoproclama orgullosamente dialoguista y se vanagloria de escuchar a los vecinos y las vecinas, podría decir en qué momento algunx de ellos o ellas dijo “lo que necesitamos después de años de abandono del Estado es una autopista pasando por nuestra cabeza, por mi casa”. Por ahora, nadie salió a proclamarlo.
Estas prácticas violentas, por fuera de la ley, son el resultado de los procesos urbanos regidos por las corporaciones y las grandes constructoras que buscan imponer su agenda de ganancias a costa de los sectores populares. Son aquellos que generan las leyes del mercado (siempre a su favor y en lucrosa sociedad con los funcionarios) que angurrientos y voraces desean ocupar los terrenos que legítimamente poseen los y las vecinas. Ya no sólo a través de las fuerza de las topadoras, sino permitiendo el negociado inmobiliario en los sectores donde se debe garantizar la vivienda social.
Algunas preguntas más: ¿a qué institución educativa le consultaron sobre la multimillonaria construcción del Ministerio de Educación en la villa (en el sector destinado para las nuevas viviendas)? Resulta contradictorio cuando los bachilleratos populares están batallando por su permanencia en el barrio, cuando a los apoyos escolares los desoyeron ante el simple pedido de mesas para los y las pibas que todos los días van a hacer la tarea.
El diálogo real se construye con simples preguntas a quienes su vida va afectar las políticas públicas: ¿qué necesitan? ¿Qué es lo primordial? ¿Cómo se hace en conjunto? No es imponer necesidades externas, exógenas, de intereses nefastos con olor a negociado y agendas electoralista; y, por sobre todo, negando los saberes populares y la organización vecinal.
Los pasos a seguir
La aprobación de una ley no consensuada es el fracaso de la gestión política de la Secretaría, no de la pelea en unidad de la que es insignia la Villa 31. Por eso, todos y todas las vecinas confían en la lucha para lograr la conformación de una Mesa de Gestión Participativa (M.G.P.) en la que se incluya no sólo al sistema político (consejerxs y delegadxs), sino a todos y todas las vecinas del barrio, a la Mesa de Urbanización Participativa, a las instituciones educativas, a las organizaciones sociales, logrando resoluciones que sean de carácter vinculante. Sólo de una mesa de trabajo abierta a todxs lxs habitantes del barrio y a quienes realizan actividades en él, se puede garantizar que se concrete una urbanización real, popular y vecinal.
Es el momento preciso de llamar enfáticamente por la unidad de todas las villas, los asentamientos, personas en situación de “hotelados”, en situación de calle, a las víctimas de los desalojos sistemáticos, y de todos los sectores populares, para exigir, de una vez por todas, la ciudad que se merecen y que tienen derecho de vivir.
*Militante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) e integrante de la Mesa de urbanización participativa – Villa 31 y 31 bis