Por Mario Hernandez
Entrevista a Andres Ruggeri, del Programa Facultad Abierta, quien plantea la situación que atraviesan hoy las empresas recuperadas.
La empresas y fábricas recuperadas han sido, desde siempre, un sano ejemplo de organización y solidaridad entre trabajadores y trabajadoras. Con mayor o menor hostilidad, ha sido un ejemplo peligroso de replicar desde la perspectiva de quienes son dueños del capital.
Desde principio de este año, a partir de decisiones legislativas y de los fuertes tarifazos, este sector que viene creciendo considerablemente ha sufrido embestidas casi terminales.
-¿Cuál es el panorama actual de las empresas recuperadas?
-Al regresar de mi viaje a Italia, me encontré con una situación bastante complicada en muchos sectores, como ya es sabido. Específicamente en el sector de empresas y fábricas recuperadas la situación es preocupante. Desde el programa de Facultad Abierta estamos haciendo un informe que cuenta cuál es el estado de las empresas y fábricas recuperadas en estos primeros meses de gobierno de Mauricio Macri. Lo dividimos en dos partes, la primera es un registro de cuántas empresas recuperadas hay, cómo están. No es exhaustivo como hemos hecho otras veces, pero sí podemos ver que en marzo aproximadamente ya había 50 empresas recuperadas más que la última vez que hicimos ese trabajo, a fines de 2013. Ahora hay unas 360 empresas recuperadas en el país. El número de trabajadores creció aproximadamente en 1.500, pero vemos que lo que explica este aumento tiene que ver con las nuevas recuperadas, porque muchas están empezando a atravesar una situación complicada que no permite mantener el plantel de trabajadores y trabajadoras en crecimiento.
Estas recuperaciones nuevas responden a dinámicas del período anterior. En la actualidad está siendo difícil. Hay dos elementos que contribuyen a esto, uno es la política que toma el Estado que es totalmente diferente a la anterior, a la que hemos criticado en varias oportunidades en cuanto a su falta de concebir a las empresas recuperadas, cooperativas y a la autogestión como sector económico, a pesar de lo que generaban dentro de una nueva lógica, por la capacidad de generar empleo, de dinamizar la economía desde otro punto de vista. A pesar de esto era un gobierno que no era hostil con las empresas recuperadas, era tolerante, tenía determinados programas. Eso terminó por completo. La actitud del Poder Ejecutivo actual es absolutamente contraria, todos los programas y unidades que se ocupaban de empresas recuperadas prácticamente están paralizadas; en el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, no han echado todavía a las y los trabajadores pero no tienen funciones, no hay un interlocutor, no hay con quién hablar.
Por otro lado, están los vetos a las leyes de expropiación que ya había realizado Macri como Jefe de gobierno de la Ciudad. También se caracterizaba porque los legisladores del Pro votaban a favor de las leyes de expropiación, sin embargo, después venía Macri y vetaba. Lo mismo hizo Vidal. Por ejemplo, hubo legisladores del Pro que votaron la ley de expropiación de Petinari, entonces trabajadores y organizaciones pensaron que estaba todo bien, que iban a avanzar, que habían triunfado; pero Vidal la vetó y ese veto tuvo características que no habíamos visto otras veces, ella lo fundamenta, Macri no.
Además, pide informes a distintos organismos para tratar de explicar el porqué del veto. El propio Ministerio de Producción de la Provincia hace un informe favorable, el Ministerio de Trabajo es el que hace el desfavorable y luego se lo pide a algunos organismos más, éstos hacen informes desfavorables y con ese pretexto ella fundamenta el veto. También nos enteramos por la Municipalidad de San Martín que les llegó un pedido de informe sobre la expropiación de Depe, una fábrica de cierres para indumentaria. El pedido llegó un viernes a la tarde para ser entregado el lunes por la mañana. Es decir, que en los lugares en los que los informes pueden ser favorables, llegan prácticamente para imposibilitar su expedición. Una arquitectura para justificar el veto. Esa expropiación también fue vetada. El Hospital de Lavallol que es un caso diferente, fue una empresa recuperada, la cooperativa no prosperó, pero los vecinos y las organizaciones del barrio insistían porque había desaparecido la salud pública en ese distrito y también la vetó. Hay una actitud de no permitir el funcionamiento de fábricas recuperadas y prácticamente nada que tenga utilidad social.
El otro elemento tiene que ver con la hostilidad cada vez mayor de los Jueces hacia los procesos de recuperación de empresas. Intentar el otro camino, que es la Ley de quiebras, también es muy difícil. Eso ya venía de antes, con argumentos bastante insólitos. Por ejemplo, el caso de la gráfica MOM que rechazaron el pedido de compensación de créditos laborales por las máquinas porque no había continuidad productiva y no la había porque la misma justicia desalojó a los trabajadores que estaban produciendo. Después de un año de esto, sabiendo la justicia cuál es la situación, niega el pedido. Hubo un fallo de la Cámara de Apelaciones contradiciendo ese fallo de primera instancia, o sea, que alguna buena noticia hubo. Pero después, en el caso de La Litoraleña, una fábrica de tapas de empanadas ubicada en Chacarita que está ocupada con custodia policial en la puerta, entró el síndico con una orden de allanamiento con la policía, el propietario (que es un vaciador) y con un supuesto inversor, para mostrarle a éste último la fábrica, con las y los trabajadores adentro, en una escena de mucha violencia. Eso en cuanto a actitudes que muestran un cambio de escenario.
Por otro lado, están las condiciones generales de la economía, que atentan no solamente contra las empresas recuperadas sino contra todo lo productivo. Lo más notable es el aumento de tarifas, que está siendo un enorme problema. Una cooperativa, por ejemplo, una gráfica, que produce en un contexto de baja del consumo, con la apertura de la importación, la entrada de libros extranjeros, hace que muchas editoriales impriman afuera del país, eso no estaba permitido antes, había elementos aduaneros proteccionistas, muy cuestionados, porque estaba Moreno, pero eso defendía el trabajo de la industria gráfica. Ahora se abrió, aumentó el papel, aumentó la tinta, aumentaron todos los insumos, bajó el consumo, bajaron los pedidos y encima les cae un aumento de tarifas. Por ejemplo, a Chilavert la factura de luz pasó de $ 3.000 en diciembre a $ 9.000 a principio de año y ahora a $ 15.000. Hoy llegó la factura de gas de Textiles Pigüé, en abril pagaban $ 29.000, la de ahora es de $ 200.000. No son pequeños aumentos y no es exclusivo de las recuperadas, le está llegando a las fábricas y a la industria en general, creo que hay una intención en el plan económico de destruir la industria, con una vuelta de tuerca más que la que hizo Menem, que es hacer inviable la producción por el aumento de los costos energéticos. Eso a empresas que son relativamente vulnerables como las recuperadas es un ataque directo.
La situación está complicada por dos vías, una por la situación general de la economía y otra por la agresión directa y la ausencia del Estado en cuanto a cualquier tipo de asistencia, protección o política hacia las recuperadas. Además creo que este panorama apunta a evitar que el cierre masivo de empresas que va a empezar a producirse, sea contrarrestado con una ola de ocupaciones o recuperaciones.
Una situación que se replica
En relación a la justicia, hay dos casos que llaman la atención. Por un lado el de la cooperativa gráfica MOM del barrio de Pompeya. Un fallo de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial revoca la sentencia dictada por el juez de primera instancia, y le encomienda efectivizar la compensación requerida por la cooperativa por la cual podrán adquirir los bienes de la empresa a modo de compensación por la quiebra.
El otro caso es el de la fábrica Vulcano ubicada en Virrey Liniers entre Constitución y Pavón, que a fines del año 2014 fue vaciada dejando 20 familias en la calle y donde las y los trabajadores armaron una cooperativa que, después de una larga lucha, lograron ingresar a la fábrica.
– Recién hablabas de un ejecutivo hostil, pero la justicia, al menos en estos dos casos favorece a los trabajadores. Y, por otro lado, hay situaciones como la de La Casona, que hace 18 meses que no pueden firmar el contrato de alquiler porque los propietarios se niegan. Conociendo esto parecía que la situación era contradictoria, por un lado hostilidad por lado del Ejecutivo y, por otro, cierta “permisividad” por el lado de la justicia. Pero a partir de tu visión y la de los compañeros que trabajan en el programa de Facultad Abierta, entiendo que no es así.
-No. En general vemos más hostilidad del lado del Ejecutivo. El fallo que mencionás fue sorpresivo porque todo venía al revés, con MOM y dos cooperativas más en cuanto a autorizar la compensación de los créditos. En cuanto a lo de Vulcano, hay que pensar que el juez lo podría haber autorizado hace 6 meses atrás, demoró todo lo posible la entrada de los compañeros a la gráfica. En poco tiempo van a estar afuera de nuevo, porque el aumento de los insumos y las tarifas los va a llevar a la quiebra, mientras que si hubieran entrado antes podrían haber generado un “colchón” de capital. Entran ahora en condiciones muy desfavorables. Por otro lado, hay otras situaciones como “La Toma” en Rosario, el tambo La Resistencia también en Rosario. La situación es la misma de siempre, los jueces pueden hacer fallos favorables, de vez en cuando, la mayoría no y hay que forzarlos con la movilización.