El problema de la deuda externa es histórico en la Argentina y ha teñido las discusiones de política económica, sobre todo desde los cambios iniciados durante la última dictadura cívico-militar. La deuda funciona como mecanismo de expoliación del pueblo argentino y los países de la periferia.
Por Francisco Cantamutto | Foto de Juan Noy
El aumento de la burbuja de la deuda funciona como mecanismo para condicionar la política económica no sólo del presente, sino también del futuro. En este sentido se tienen que interpretar los últimos datos que disponemos, brindados por el gobierno. Según lo registrado hasta fines de 2018, la deuda emitida bajo el gobierno de Cambiemos aumentó en 187 mil setecientos millones de dólares. El 86% fue emitida por el Tesoro, es decir, el propio Estado nacional. El resto fue emitido por las provincias y otros organismos descentralizados.
La novedad es que el Estado se presenta como el principal emisor de deuda. La mayor parte fue emitida en moneda extranjera, más del 82%. A las dificultades de ahorrar para pagar hay que sumarle la dificultad de conseguir los dólares. El stock total, a finales del año pasado, oscilaba entre 330 mil millones de dólares y 345 mil millones de dólares, lo que equivale a entre el 86 y el 89% del PBI. Este cálculo es muy difícil de hacer, debido a las sistemáticas devaluaciones de la moneda. El valor del PBI y de la deuda varían constantemente, lo cual genera movimientos contables que dificultan los cálculos provisorios.
Lo que queda claro es que todos los indicadores de sostenibilidad de la deuda han empeorado, contrariando lo que dice el FMI. Tanto el peso de la deuda en relación al PBI, como en relación a las exportaciones (virtualmente estancadas en el último lustro) y en relación a los intereses en las cuentas públicas, los indicadores se han deteriorado. El principal destino de la deuda que se tomó es la fuga de capitales, que a esta altura supera los 94 mil millones de dólares.
Este panorama terrible y dificultoso de la deuda emitida en plazos entre cortos, medianos y largos, se tiene que complementar con las dificultades de otra deuda distinta y de un perfil mucho más inestable en el corto plazo. Como sabemos, el gobierno de Cambiemos ha incentivado la toma de deuda no sólo a través de bonos de mediano y largo plazo, sino también a través de instrumentos de muy corto plazo que genera la entrada de fondos altamente especulativos.
En el inicio del gobierno de Cambiemos, la herramienta elegida para lograr esto fueron las Lebacs, un mecanismo heredado del año 2002 y utilizado en el último tiempo por el kirchnerismo pero que se llevó a niveles inusitados durante el macrismo, alcanzando el billón 200 mil millones de pesos. De acuerdo a lo pactado con el Fondo en junio del año pasado, debían eliminarse gradualmente. ¿Por qué? Porque permitían la especulación a los grandes jugadores e incluso a personas físicas de menor escala con alguna capacidad de ahorro.
Las Lebacs fueron bloqueadas y se las reemplazó por una herramienta nueva que son las Leliq. Además de las Letes (Letras del Tesoro) que se emitieron a un año, el principal instrumento para lograr captar el excedente de recursos y que se queden en el país fueron las Leliq. Tanto las Lebac como las Leliq son emitidas por el Banco Central (BCRA). Lo que pasa es que las Lebac tenían un plazo de maduración de entre 45 y 50 días y las Leliq se renuevan cada 7 días.
Las tasas de interés de las Lebac oscilaron entre el 23 y el 44%. Pero lo que fue un techo para las Lebac, es el piso para las Leliq, que partiendo de un 42% han alcanzado en el último informe monetario del BCRA el 67%. Es decir, a menor plazo y con mayores tasas. La otra diferencia está en que solamente los grandes bancos pueden especular con esta herramienta.
El stock de Leliq ya llegó al billón (millón de millones) de pesos, con lo cual está prácticamente alcanzado la base monetaria y a las Lebacs que reemplazó. Esto, al tipo de cambio corriente, equivale a cerca de 23 mil millones de dólares que están todas las semanas renovándose, generando intereses que tienen que ser pagados. Si la tasa de interés no promete pagar rápidamente esos rendimientos, se incentiva la fuga de capitales.
Lamentablemente, estamos a un nivel tan alto de tasa de interés que solamente atrae a los capitales más especulativos que piensan que pueden cosechar la ganancia. Los intereses pagados en los últimos 6 meses por las Leliq equivalen a un millón de sueldos de $34.700 (lo que se estima que cuesta la canasta básica familiar) por 6 meses, tomando en cuenta los cálculos de la Universidad de Avellaneda y al Mirador Argentino del Trabajo y la Economía (MATE). Pero también equivalen a 3.2 millones de jubilaciones mínimas o 16.5 millones de Asignaciones Universales por Hijo (AUH). Esto es lo que está haciendo el Estado: una gigantesca redistribución de recursos de los sectores populares y la clase trabajadora hacia un par de especuladores bancarios.
Volviendo a lo que tiene que ver con la deuda a mediano plazo hay que resaltar que la deuda tomada por el Gobierno tiene como uno de los acreedores centrales al propio FMI para el cual no existen antecedentes que se le haya generado una cesación de pagos de la escala que podría generarle la Argentina que en este momento es el principal deudor, con casi un tercio de los recursos prestados del fondo.
La próxima gestión, gobierne quien gobierne, va a tener que enfrentar durante su mandato vencimientos de deuda por 150 mil millones de dólares. Esta es una verdadera pesada herencia. El camino que va a intentar va a ser el de intensificar aún más el ajuste y aumentar las transferencias de las cuales recién hablábamos. Si se trata de un gobierno de algún tinte progresista lo que va a intentar es renegociar con el FMI un aplazo o una extensión de los plazos o alguna eventual reducción de las tasas. Lo mismo deberá hacer con los acreedores privados. Esto va a ser extremadamente difícil y va a jugar en el delgado límite de lo deseable y lo posible.
Por supuesto, la salida de izquierda implicaría negar el pago de esta deuda ilegal e ilegítima que lo único que ha hecho es abastecer de recursos a unos pocos especuladores a costa del ajuste que pagamos entre todos y todas. Esta posibilidad, para el conjunto de los partidos del establishment, no es una opción.