Por Adriana Pascielli. Un caso de violencia de género obligó al diario La Nación a indemnizar a una de sus trabajadoras, a quién además se le había exigido previamente el retiro voluntario. Las prácticas de los Mitre y los avances de una sociedad de derechos.
La Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo condenó al diario La Nación a que indemnice con 583 mil pesos a una empleada víctima de “violencia de género y acoso moral padecido en el trabajo”.
“P” -como se denominó el caso por la Justicia para salvaguardar la identidad de la víctima- ingresó al diario de los Mitre en el año ‘95 como telemarketer para alcanzar diez años después la función de Ejecutiva de Cuentas en el Sector Comercial para el Suplemento Campo. En el año 2008, la empresa periodística propone a sus empleados un retiro voluntario, el cual P no aceptó. La causa se inició como víctima de discriminación por ser mujer, acoso laboral y presión dirigida a su desvinculación laboral.
En diálogo con Marcha, uno de sus compañeros relata la experiencia: “En una oportunidad quedó vacante el puesto de Senior y la verdad que por capacidades le hubiera correspondido a ella, pero la búsqueda la terminó ocupando un hombre de afuera y es como que la bajaron de categoría, pasó a ser Junior. En general, por el tema de que era mujer, en ese grupo por lo menos y para ese mercado, preferían hombres” destaca un testigo que prefiere resguardar su identidad.
Hacia el año 2009 un cuadro de estrés obliga a “P” a tomar licencia por enfermedad psiquiátrica hasta que la patronal la despide sin causa y se le desconoce el derecho a percibir salario por enfermedad durante un mes de trabajo. En este sentido, no sólo se trató de una patronal que no cumplió las leyes que emanan del reconocimiento constitucional de tratados internacionales por los derechos de las mujeres rubricados por el Estado argentino, sino que además ejemplifica la precarización laboral y el desconocimiento de conquistas del conjunto del pueblo trabajador como lo es el derecho a percibir un salario estando con licencia médica.
No es un dato menor -para una sociedad machista y patriarcal como la argentina-, que la Justicia fundamente la condena al monopolio periodístico La Nación a través de la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar todo forma de violencia hacia las mujeres en el ámbito donde se desarrollen sus relaciones interpersonales. Esta normativa tiene el valor superior de haber incorporado en su articulado todas las luchas que durante años llevaron adelante las mujeres.
Casos como éste y tantos otros, nos demandan a debatir responsablemente –en el marco de la reforma judicial que se plantea desde el oficialismo- una instancia judicial que aporte a la necesaria despatriarcalización de un sistema de justicia sexista –como reflejo de la sociedad- que coloca a las mujeres en un lugar inferior a los varones y como tales víctimas de violencia física, psicológica, sexual, económico-patrimonial y simbólica. Contradicciones del sistema capitalista patriarcal que en los márgenes va dando espacio a conclusiones y condenas que inclinan, un poco, la balanza hacia el lado de la justicia.
Recientemente se ha dado cuenta de esta reforma necesaria en el poder judicial, y en las fuerzas de seguridad que han dado cuenta del maltrato que estas instituciones ejercen sobre las mujeres, como el de la absolución de los responsables y ejecutores del secuestro para explotación sexual y trata de Marita Verón en Tucumán o la condena (aunque en libertad) de las hermanas Jara en la localidad de Mercedes.
Así también, en el caso de “P” la condena al medio La Nación da probadas muestras del accionar de “patrón de estancia” con el que funciona a favor de un estereotipo de hombre de campo que trata a las mujeres como a sus vacas, ovejas, maquinarias agrícolas o granos de soja.
Pero el fallo va mucho más allá en su fundamentación por parte de la camarista Dra. Gabriela Alejandra Vázquez, al que adhiere la Dra. Gloria M. Pasten de Ishihara. Marcha pudo acceder a las resoluciones de la causa, una de las cuales señala: “En relación con el trato desigual a varones y mujeres que el sector Campo de LN practicaba (los testimonios indican que se prefería a los varones porque, en un área en donde los viajes de negocios revestían gran importancia, solventar los gastos de las mujeres era más caro y la presencia de los hijos era considerada un obstáculo) resulta sugestiva la estrecha similitud de este accionar -en donde “P” es confinada a un espacio de escasa visibilidad- con la histórica reclusión en el ámbito doméstico, en el mundo de lo privado, que las mujeres han debido padecer y que ha servido como sustento de una división sexual del trabajo que las perjudica. Dado que se considera a las mujeres como responsables principales -cuando no exclusivas- del trabajo doméstico no remunerado y del cuidado y la atención familiar, la presencia de niños y niñas aparece en este esquema como un condicionante para la plena participación económica femenina.”
A tal extremo llegó la cosificación de la mujer en este emblema del poder económico del matutino en asociación y como parte de la poderosa oligarquía sojera y ganadera, que los jefes inmediatos de “P” le borraron su identidad completa: como con su nombre de pila ya había otra mujer en el sector de trabajo resolvieron cambiárselo por el que a su jefe se le ocurrió, además de excluírsela de reuniones y viajes porque resultaba más caro su sustento económico por el solo hecho de ser mujer.
La sociedad, las feministas y el movimiento de mujeres en particular deberán seguir poniendo el cuerpo para efectivizar en la realidad las conquistas que se van logrando producto de años de visibilización de las desigualdades, de la paciente y constante de-construcción de estereotipos y roles que asignan a la mujer el lugar privado y de cuidado.
La doble victimización de la mujer -sufrir la violencia primero y luego tener que fundamentarla aunque la ley diga lo contrario- sigue siendo moneda corriente.
Estos pequeños avances son fundamentales pero más lo es que se amplifiquen las campañas contra las violencias y el compromiso de proteger a las mujeres al efectivizarse las sanciones a quienes las provocan. Porque los varones deben internalizar que así como sin clientes no hay prostitución, sin violentos no hay más violencia hacia las mujeres.