Donald Trump ha ganado fama por sus comentarios y acciones racistas y xenófobas contra las personas migrantes. La detención o separación de familias, la extensión del muro fronterizo con México, la imposición de Acuerdos de Tercer País Seguro con los países centroamericanos son sólo algunas de las iniciativas que ha impuesto. No obstante, la ofensiva actual contra las y los migrantes no fue invento de Trump. En realidad, obedece a transformaciones profundas en los patrones globales de acumulación del capital, iniciadas a partir de la crisis financiera mundial de 2007-2009.
Por Hilary Goodfriend / Foto Félix Meléndez
Podemos entender los nuevos instrumentos de externalización del control migratorio implementados por el Estado imperialista norteamericano como elementos de una reconfiguración del patrón migratorio que estructura el movimiento de fuerza de trabajo entre Mesoamérica y Estados Unidos. La deportación masiva y la externalización del control migratorio hacia México y Centroamérica emergen como una respuesta oficial represiva de Estados Unidos frente la crisis, en función de las nuevas exigencias de la acumulación de ese país.
Patrón neoliberal
El término “patrón migratorio” se usa para destacar la articulación de flujos migratorios con el patrón de acumulación vigente. Podemos identificar tres grandes patrones migratorios: las migraciones “clásicas” del siglo XIX-principios del siglo XX, las migraciones en el fordismo y la sustitución de importaciones (1945-1970), y las migraciones en el neoliberalismo, de (1980-2009). (Aragonés y Salgado, 2014).
La reestructuración productiva que inicia a partir de la crisis de los ‘70 termina instalando lo que Harvey (1998) denomina el régimen de acumulación flexible y lo que se suele identificar como el neoliberalismo. Frente la relativa estabilidad lograda por el delicado acuerdo entre clases establecido en el fordismo, la acumulación flexible se caracteriza por la inseguridad, informalidad y desterritorialización del capital y de los procesos productivos. La reestructuración productiva es esencialmente una contraofensiva del capital, un proyecto de clase que busca restaurar la rentabilidad a través de la desvaloración de la fuerza de trabajo a nivel mundial, liderado por el capital financiero estadounidense. Implica la implementación antidemocrática del ajuste estructural y el desplazamiento de cadenas internacionales de producción que coloca los segmentos más intensivos en mano de obra y con menor desarrollo tecnológico en las economías dependientes, así reproduciendo las relaciones históricas de subordinación.
En el caso de las economías mesoamericanas, caribeñas y Estados Unidos, no se trata de una dinámica unilateral. Roldán (2013) caracteriza a la relación migratoria que emerge después de la reestructuración productiva como una de “complementariedad subordinada” (p. 123). Este patrón migratorio resulta, efectivamente, en un mecanismo para la continuación de las relaciones históricas de dependencia que han determinado el desarrollo latinoamericano desde su inserción en el mercado capitalista global.
La expulsión de la fuerza de trabajo, tanto directa como indirecta, desde las economías dependientes contribuyó al desarrollo de las economías imperialistas en su proceso de desindustrialización. Con la financiarización y el desplazamiento de la manufactura hacia los países dependientes, se expande el sector de servicios en las economías del centro. Estos trabajos en el sector terciario son demandantes de fuerza de trabajo y exigen poca calificación. Son empleos feminizados, mal remunerados y flexibles; ofrecen pocas oportunidades para ascenso y escasas prestaciones sociales.
La inserción subordinada de la fuerza de trabajo migrante en sectores precarizados de las economías centrales se ha garantizado a través de su criminalización. El endurecimiento progresivo de las políticas migratorias a partir de la década de 1980 ha producido una población de trabajadores y trabajadoras sin estatus migratorio regular. Como demuestra De Genova (2013), la construcción de la “ilegalidad” como categoría jurídica no busca excluir a las y los trabajadores migrantes, sino que sirve para facilitar su inserción desigual en el mercado laboral norteamericano. En este contexto, la amenaza de la deportación opera como un mecanismo de disciplinamiento que pone a los y las trabajadoras en condiciones laborales cada vez menos favorables, contribuyendo a la desvalorización de su fuerza de trabajo.
Además de contribuir a la acumulación en las economías del centro, las y los trabajadores migrantes también son claves para sostener las economías precarias de sus países de origen. Por una parte, la migración masiva sirve como una válvula de escape para la creciente presión del desempleo. Por otra parte, el envío de remesas salariales, principalmente destinadas al consumo familiar, es clave para suplementar a los bajos ingresos de las familias en las economías dependientes—especialmente en el caso del Triángulo Norte de Centroamérica. En 2017, las remesas familiares constituyeron el 11.2% del PIB en Guatemala, 18.8% el PIB en Honduras, y 20.4% del PIB en El Salvador (Migration Policy Institute, 2019). En este sentido, el patrón migratorio neoliberal ha sido clave para sostener el desarrollo desigual de la región.
Reconfiguración
¿Cómo entender, entonces, las nuevas medidas represivas contra las personas que migran? Parece que vivimos un momento de transición entre patrones migratorios, provocada por la desestabilización del régimen de acumulación neoliberal. Bajo el patrón anterior, el sistema de control y disciplina migratorio racializado que se va construyendo a partir de la década de 1980 en Estados Unidos ha servido más para insertar y explotar a los y las migrantes en el mercado laboral estadounidense, en condiciones desiguales, y no tanto para expulsarlos.
Sin embargo, la crisis de 2007-2009 puso en cuestionamiento el patrón migratorio neoliberal. De un patrón caracterizado por la deportabilidad, emerge la deportación masiva, cuyo objetivo es expulsar la sobrepoblación relativa, racializada y migrante hacia la periferia.
Así es que de 246,431 deportaciones en 2005, Estados Unidos expulsó 432,448 personas en 2013. (Office of Immigration Statistics, 2019). Este aumento ha sido acompañado por la multiplicación de mecanismos de control y de detención, como programas que obligan que migrantes indocumentados detenidos por la policía local sean transferidos a las autoridades migratorias. La reducción posterior en las cifras de deportaciones se debe en particular a la externalización de los controles migratorios a México que se da a partir de 2014. Podemos ver también, bajo el gobierno de Trump, un incremento en el control “interior”, es decir, un aumento en las personas detenidas y deportadas desde el interior del país, muchas veces personas de larga residencia en Estados Unidos. (U.S. Customs and Immigration Enforecement, 2018).
Junto con la deportación masiva, se han implementado una serie de medidas para impedir la llegada de migrantes irregulares y solicitantes de asilo a la frontera estadounidense. La Iniciativa Mérida de 2008 impulsó una creciente militarización de las fronteras mexicanas, seguido por Plan Frontera Sur en 2014. En ese contexto, México llegó a deportar a más centroamericanos y centroamericanas que Estados Unidos desde 2015. De hecho, de todas las personas centroamericanas retornadas desde Estados Unidos y México en 2016, México fue responsable por el 63.9% (Iniciativa de Gestión de Información de Movilidad Humana en el Triangulo Norte, 2019).
A partir de 2017, el gobierno de Trump intensificó la externalización de la frontera estadounidense, con acuerdos de “Tercer País Seguro” con Guatemala, Honduras, y El Salvador—una burla total de la ley internacional—y el financiamiento de patrullas fronterizas en esos países. También hemos visto la imposición del programa de “Quédate en México” y la dramática restricción de los criterios para el asilo, que efectivamente excluyen a casi todo solicitante que no sea de origen mexicano de pedir asilo en la frontera con México. Son más de 50,000 migrantes que ya lograron conseguir su cita de audiencia para solicitar asilo en Estados Unidos y que han sido devueltos a México para esperar esa fecha—y sus casos están en peligro hoy por las nuevas restricciones (García, 2019). A esto agregamos la construcción de kilómetros adicionales del muro fronterizo, y las políticas de detención y separación de las familias migrantes en Estados Unidos, que desde 2017 han separado a más de 5,400 niños y niñas de sus familias (Spagat, 2019).
El gobierno mexicano, por su parte, comenzó a gestionar la inserción de migrantes centroamericanxs en la industria maquiladora en las ciudades fronterizas (Ebner y Crossa, 2019). En septiembre, México había detenido más de 108,000 migrantes en lo que iba del año (Sin fronteras, 2019).
Ahora bien, sabemos que muchas de las medidas impuestas por Trump ocurren en una coyuntura electoral—las amenazas de aranceles contra México, el lema del muro (“Build the Wall!), todos forman parte de su campaña para la re-elección en 2020. Sin embargo, estas iniciativas son la expresión más extrema de una tendencia ya establecida, y corresponden a condiciones estructurales muchas más profundas, como evidencian los cambios que se percibe en los flujos migratorios que hoy entran a Estados Unidos.
De un flujo de migración protagonizado por la fuerza de trabajo precarizada e indocumentada, liderada por México, la migración pos-crisis se caracteriza por una fuerza de trabajo altamente valorizada por el Capital, liderada por Asia. El Migration Policy Institute documenta una reducción en la migración indocumentada, y sostienen que la población de migrantes indocumentadxs—67% de los cuales provienen de Mesoamérica—parece estarse reduciendo. La migración mexicana, que representaba el flujo más grande desde la década de 1970, hoy es superada por las migraciones asiáticas—de China y la India, sobre todo, que cuentan con mayores índices de estudios universitarios (Zong et al 2019). De hecho, la migración mexicana presenta hoy la reducción más grande: de constituir el 29.5% de la población migrante en Estados Unidos en 2000, bajó al 25.3% en 2017 (Migration Policy Institute, 2017).
Las migraciones centroamericanas, por su parte, no se han reducido de la misma forma. A partir de 2014, de hecho, se registra mayor migración centroamericana hacia Estados Unidos que mexicana, con la excepción de 2015 (Capps et al, 2019, 1). Sin embargo, estas migraciones centroamericanas—que se volvieron espectáculos políticos y mediáticos a partir de la crisis de niñez no-acompañada de 2014 y las caravanas de 2018 y 2019—tienen un carácter muy distinto de la migración pre-crisis. De migrantes económicos irregulares, principalmente jóvenes solteros, la migración de Honduras, Guatemala, y El Salvador es hoy protagonizada por familias, especialmente mujeres y niñxs, solicitantes de asilo (Capps et al, 2019, 1). Y el gobierno estadounidense está haciendo todo lo posible para imposibilitar su llegada.
Todo esto indica una desestabilización del patrón migratorio neoliberal. Aragonés y Salgado (2014) argumentan que “la política migratoria que impulsa Estados Unidos con la finalidad de resolver sus dificultades estructurales dará lugar a que esos países auxilien a la potencia estadounidense en relación con la economía del conocimiento, lo cual mantendrá la subordinación de los países periféricos en la configuración del nuevo patrón de acumulación” (454). Pero este nuevo patrón está todavía por establecerse.
Incertidumbre
La crisis evidente del neoliberalismo global, tanto su modelo económico como su hegemonía política y cultural, tiene correspondencia en la desestabilización del patrón migratorio que había estructurado el movimiento de fuerza de trabajo desde los países mesoamericanos (y, en menor medida, caribeños) hacía Estados Unidos. El precario equilibrio logrado por el patrón anterior, esa relación dependiente de complementariedad subordinada entre las economías mesoamericanas y la estadounidense, está en crisis, pero lo que todavía no se ha configurada es la salida.
La lucha política, entonces, es más importante que nunca en este momento de inestabilidad, que está costando miles de vidas, y sufrimiento incalculable. Sabemos que las crisis ecológica y económica solo van a seguir desplazando a los más vulnerables, y la estrategia de las élites hoy, liderados por el gran capital estadounidense, es construirse una fortaleza y dejar a las mayorías fuera, laborando en sus industrias externalizadas en la periferia cuando sea posible o simplemente muriendo, sea en las manos del crimen organizado, ahogados en el mar mediterraneo o el Río Bravo, o agotados en el desierto.
Desde Estados Unidos, la lucha por la justicia migratoria crece—los movimientos populares recién lograron la abolición de la detención migratoria privada en el Estado de California. Obviamente es ahí, donde se origina esta ola de represión, que se puede hacer el cambio más importante. Las elecciones que vienen el otro año serán determinantes en ese sentido. La fractura del consenso bipartidario en el tema migratorio—y muchos temas más—es evidente. Por un lado está Trump, y las fuerzas de reacción y defensa del capital que representa; por otro lado tenemos la figura de Bernie Sanders, quien disputa la candidatura demócrata y representa el renacimiento de la izquierda estadounidense, y cuya propuesta migratoria incluye la suspensión total de las deportaciones y la reversión de casi toda política migratoria implementada desde 1996. Esta nueva izquierda tiene todo en su contra, menos el pueblo.
El análisis de la economía política de la migración nos muestra que los flujos migratorios son inseparables de las estructuras internacionales de acumulación del capital. La lucha por la justicia migratoria, tanto para garantizar el libre y seguro movimiento como el derecho de quedarse en casa, implica inevitablemente intervenir en esas estructuras de acumulación, que reproducen de la dependencia económica y la subordinación política de la región frente Estados Unidos.
Aragonés, Ana María, y Salgado, Uberto. (2014). “Nuevo patrón migratorio bajo el contexto de la crisis”. En Aragonés, Ana María, coordinadora. Crisis económica y migración. ¿Impactos temporales o estructurales? Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas. Epub. Pp. 402-459.
Capps, Randy; Meissner, Doris; Ruiz Soto, Ariel G.; Bolter, Jessica; y Pierce, Sarah. (2019). “From Control to Crisis: Changing Trends and Policies Reshaping U.S.-Mexico Border Enforcement.” Migration Policy Institute. Migrationpolicy.org.
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