La resolución de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires de ayer confirmó la salida reaccionaria a la crisis carcelaria. Un análisis de la repuesta brindada desde el populismo punitivo.
Por Nacho Saffarano | Foto de Santiago Filipuzzi
La derecha social tiene que anotarse su primer triunfo contundente durante la gestión de Alberto Fernández. En diez días lograron instalar una serie de mentiras y estigmas hacia la población carcelaria que logró homogeneizar a un colectivo mucho más amplio que el de los convocantes. Esa derecha social -que es inorgánica, que no tiene una representación partidaria única, que es policlasista, que actúa en redes sociales, en medios de comunicación, en el Poder Legislativo- fue la que le dejó la cancha despejada a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para emitir un vergonzoso fallo ayer. Allí se deja sin efecto la resolución del Tribunal de Casación por el que se les permitía a los jueces de primera instancia, dependiendo de una gran cantidad de situaciones, otorgarles la libertad domiciliaria a pacientes de riesgo.
El fallo de la Corte es solo otro ladrillo en la pared. Ninguna persona sensata puede sorprenderse por la falta de sensibilidad de ese reducto burócrata, alejado históricamente de los intereses de las y los más desprotegidos. Ahora bien, lo que preocupa aún más es el retrógrado accionar del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. En conferencia de prensa, Axel Kicillof -secundado por el Ministro de Justicia Julio Alak y por el militar Ministro de Seguridad, Sergio Berni – hizo declaraciones dignas de su antecesora María Eugenia Vidal. Además de mentir sobre los alcances que tenía el fallo de Violini en Casación (“no nos gusta la liberación de presos acusados de delitos graves”), se sumó a todo el coro punitivista que afloró en los últimos días, legitimando a quienes sin eufemismos, quieren que los presos se mueran en las cárceles. Más vergonzoso aún resulta el anuncio de la creación de 1350 plazas penitenciarias nuevas, en una Provincia que tiene 25.000 detenidos más que los que puede albergar.
Esta crisis penitenciaria y del sistema penal abre una serie de debates de los cuales no podemos escapar. Es imposible no asociar estos cacerolazos y la respuesta del poder político a lo sucedido en el año 2004. El asesinato de Axel Blumberg fue la antesala para que se apruebe un bloque de leyes punitivas, de endurecimiento de las penas, que en nada ayudaron a cambiar ciertas conductas sociales, sino que solo sirvieron para instalar un uso desmedido de la prisión preventiva y del aumento de las tasas carcelarias. Fue un trámite exprés en el Congreso, momento en el cual el Frente Para la Victoria tenía mayorías. La nota repetitiva fue desoír a todos los expertos sobre la cuestión criminal para dejarse llevar a ciegas por un reclamo social que pedía venganza y mano dura. No está de más recordar que el petitorio de las marchas de justicia por A.B., y que luego funcionó como anteproyecto de ley, fue elaborado por Roberto Durrieu, quien ofició como subsecretario de Justicia de Jorge Rafael Videla.
Ese trámite exprés -despojado de debate, sancionado al calor del reclamo-, es una de las características principales de lo que llamamos “populismo punitivo”. Elena Larrauri, criminóloga española, enumera una serie de cuestiones distintivas de ésta corriente penal, que podemos resumir de la siguiente manera:
1 – Despolitización de la delincuencia, reduciéndola a actos individuales de “sujetos desviados”. Estos se construyen como enemigos públicos de las mayorías que viven en paz, sin molestar a nadie. Y a la delincuencia y los delincuentes, se los combate con cárcel y castigo. No importa si es efectiva o no para la reinserción social, lo que importa es el encierro y la actividad disciplinadora.
2 – Uso electoralista de la “lucha contra el delito y la inseguridad”. Sergio Massa para principiantes. Se monta a través del discurso de seguridad toda la estrategia para ganar las elecciones, intentando conectar con los miedos de una porción de la sociedad que puede no ser mayoritaria, pero que es hábil para transversalizar sus preocupaciones prioritarias.
En este sentido, el populismo punitivo puede servir para ganar elecciones pero también para consolidar proyectos de gobierno y construir hegemonía propia. Esta es una cara que no podemos obviar en este momento. Fueron públicas las manifestaciones de diversos intendentes del conurbano, integrantes del Frente de Todos, que le exigieron a Kicillof que mueva fichas para evitar la liberación de detenidos; porque su propia base social creía que la convivencia vecinal con violadores y asesinos era inmediata. Se perdió aquí una enorme oportunidad pedagógica para explicar los alcances del fallo, para concientizar sobre el problema sanitario global que implica el contagio de Covid-19 entre detenidos, para intentar sembrar una semilla de restauración entre tantas odas al castigo y el dolor.
3 – Instrumentalización de las víctimas y sus dolores. El populismo punitivista les expropia a las víctimas de los delitos la posibilidad de tener una postura conciliadora, de perdón a quienes la ofendieron. Usufructa el dolor ajeno para convertirlo en la cara visible de las diferentes políticas represivas. Esa extracción del dolor se utiliza para construir una imagen homogénea de las víctimas, para pasearlas por televisión a fin de reforzar la construcción del sujeto peligroso; pero también se las manipula para desplazar a quienes trabajan, estudian y militan las cuestiones penales, construyéndolas como legitimadas exclusivas a la hora de pensar las políticas criminales.
En el uso espurio que hacen de las víctimas, los partidarios del populismo punitivo no se preocupan por la contención afectiva y psicológica de ellas, lo cual debería ser lo primero a atender a quien sufre un delito violento. Una plataforma penal democrática implica acompañar a la víctima desde el primer momento, desligándola de toda la tramitación burocrática, ofreciéndole esa contención necesaria para poder comenzar el duelo necesario.
¿Por qué detenernos en estas explicaciones sobre el populismo punitivo? Porque es la forma que ha adoptado el gobierno de Kicillof para afrontar la crisis carcelaria. Porque se sumaron a la ola reaccionaria, en vez de intentar ganar políticamente; porque falsearon sobre el contenido jurídico de una resolución para justificar una posición política; porque desoyeron a los especialistas sobre el tema ante el temor de que un sector social rechace esta orientación.
Si la designación de Sergio Berni era un pésimo antecedente para imaginar la política criminal del gobierno bonaerense, esta crisis no vino más que a afirmar la continuidad de un modelo penal que trasciende gobiernos y partidos políticos.