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    Home»Sin categoría»El lento exterminio de los QOM
    Sin categoría

    El lento exterminio de los QOM

    6 agosto, 20134 Mins Read
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    El lento exterminio de los QOM

    El pasado martes Juana Gómez, una joven QOM de tan solo quince años, fue abusada y asesinada en Quitilipi, Chaco. Se suma así a una extensa lista de muertes de integrantes de los pueblos originarios en los últimos tiempos. 

    La desesperante situación de los miembros de la comunidad QOM en el noreste argentino se evidencia cada vez con mayor crudeza. La semana pasada fue encontrada asesinada, colgada de un árbol, golpeada y con claros signos de abuso sexual, Juana Gómez, una integrante del barrio Cacique Moreno, de tan solo quince años de edad. El cuerpo de la adolescente apareció en las inmediaciones del cruce de la ruta nacional 16 y la ruta provincial 14, en el predio de una antigua desmontadora, ahora en desuso.

    El caso se suma a la muerte, un mes atrás, de Maximiliano Pelayo, un joven QOM de 22 años que en la localidad de Fontana, cercana a Resistencia, recibió dos disparos por la espalda el 30 de junio. Días después del hecho, el flamante Ministro de Gobierno provincial, Marcos Verbeek, intervino la Comisaría N° 2 de dicha localidad y señaló que los disparos provinieron de las fuerzas policiales locales. Quien ocupaba su cargo al momento de la muerte de Pelayo, Juan Manuel Pedrini, renunció pero no por este hecho, sino para ocuparse de lleno a la campaña electoral que lo lleva como primer candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria en la provincia.

    Son conocidas, también, las muertes de Mártires López, Roberto y Mario López, Delina Díaz, Daniel Asijak, Celestina Jara y su nieta Natalia Lila en Formosa, las torturas sufridas por Abelardo Díaz y Carlos Sosa en la misma provincia, los ataques al Qarashe de La Primavera, Félix Díaz. A esta incompleta lista podemos sumar la muerte de campesinos originarios en Santiago del Estero en el último tiempo, como Miguel Galván y Cristian Ferreyra, todo lo cual conforma un goteo permanente de caídos que algunos ya se atreven a calificar de etnocidio.

    Por la muerte de Juana Gómez existen en estos momentos dos detenidos, aunque no se descarta que más personas hayan participado del crimen en el cual interviene en la etapa investigativa el fiscal de Presidencia Roque Saénz Peña, Marcelo Soto,  quien si bien no descarta ninguna hipótesis, enfatiza la idea de que el móvil puede estar vinculado “a un objetivo racial y discriminatorio”.

    El salvajismo del hecho generó una alta resonancia del caso en la provincia, lo que motivó que el propio Gobernador Capitanich, esta vez, recibiera a los familiares de la víctima, declarara enlutado al Chaco y pretendiera presentar al Estado provincial como querellante en la causa. Sin embargo, la familia de la víctima cuestionó la poco de información oficial recibida hasta ahora, a la vez que denunció que en el barrio donde viven, ubicado entre basurales, reciben constantemente amenazas.

    En el día de ayer, diversas organizaciones de Derechos Humanos difundieron un comunicado que intenta visibilizar la muerte de Gómez a escala nacional y con este caso también dar cuenta de la situación crítica de las comunidades originarias en nuestro país. Con duras palabras, firmado por Liberpueblo, AEDD -Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos-, APEL -Asociación de Profesionales en Lucha-, CADEP -Comisión Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo-, CADHU -Centro de Abogados por los Derechos Humanos- y el CEPRODH -Centro de Profesionales por los Derechos Humanos-, los organismos exigen una investigación a fondo y señalan que: “Sabemos que lamentablemente no se trata de un hecho aislado; este nuevo asesinato se suma a la larga lista de asesinatos perpetrados en los últimos años contra miembros de las comunidades qom de Chaco y Formosa (…) El silencio del Gobierno nacional y la descalificación permanente de los reclamos de justicia y de atención de las necesidades básicas de estas comunidades de pueblos originarios expresan la complicidad con los Gobiernos provinciales. Existe una política que legitima el genocidio contra los pueblos originarios de nuestro país y que desconoce sus derechos ancestrales sobre las tierras que habitan, con el fin de seguir beneficiando a los grandes terratenientes y grupos económicos agroexportadores”.

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