Por Ulises Bosia. La Presidenta se refirió por primera vez a la tragedia de Once en el acto por el bicentenario de la creación de la bandera. No anunció cambios de funcionarios ni de políticas por las responsabilidades del Estado. Reclamó, en cambio, “que se expida la Justicia”.
Hace 200 años Manuel Belgrano izaba por primera vez la bandera argentina a orillas del Río Paraná, dando cuerpo poco a poco a un camino independentista para la revolución de mayo. Dos siglos después, Cristina Fernández de Kirchner recordó la fecha en la ciudad de Rosario, acompañada por funcionarios nacionales, el gobernador de Santa Fe y la intendenta de la ciudad anfitriona. A pesar de la magnitud de la efeméride, todos los oídos estuvieron puestos en las referencias presidenciales a la tragedia ferroviaria de la estación de Once, en la ciudad de Buenos Aires. Es que se trató de la primera aparición pública de la Presidenta, luego de cinco días de silencio que alimentaron tanto las críticas como las expectativas por sus palabras.
Sin embargo, no hubo grandes novedades sino, más bien, una ratificación de las declaraciones previas de Juan Pablo Schiavi, secretario de Transporte, y de Julio De Vido, ministro de Planificación. Reiteró lo que los cuestionados funcionarios ya habían planteado al afirmar que tomará “las decisiones que sean necesarias una vez que la Justicia decida”. Pero además, en implícita contestación a las urgencias surgidas de la bronca popular, pidió a la Justicia que establezca las responsabilidades “directas e indirectas” en “no más de 15 días” y señaló que “los 40 millones de argentinos y los familiares de las víctimas necesitan saberlo”.
Someter las decisiones políticas a los tiempos y los dictámenes judiciales es una estrategia rara en el estilo kirchnerista, lo que genera dudas y temores. La necesidad de conocer las causas directas o indirectas de la tragedia no niega las condiciones deplorables del servicio que miles de usuarios viven todos los días, el estado lamentable de las inversiones y reparaciones que los trabajadores ferroviarios, encabezados por el “Pollo” Sobrero, denunciaron en reiteradas oportunidades ni tampoco las advertencias de las autoridades estatales encargadas del control y del seguimiento de las acciones de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), nunca escuchadas por los funcionarios. Ningún resultado de un peritaje puede disolver la percepción generalizada de que la política gubernamental llevada adelante desde hace 8 años debe ser cambiada porque es parte del problema. Tampoco es posible en este caso actuar teniendo en cuenta la presunción de inocencia que incluye cualquier procedimiento judicial. De algún modo TBA ya fue juzgada por los principales involucrados en su servicio, los usuarios y los trabajadores. Ni siquiera se entiende por qué los tiempos de la política deberían esperar a los de la Justicia, mucho más lentos y engorrosos. Finalmente, el camino judicial tampoco es auspicioso porque ya se pueden identificar las intenciones de la empresa de hacer cargo del choque al maquinista Marcos Córdoba para disolver sus responsabilidades. Esa maniobra cuenta con antecedentes en nuestro país, como en el caso del colectivo que chocó con un tren en Flores, donde la justicia consideró que el chofer fue el responsable, o en el del accidente en San Miguel, donde procesó a los dos maquinistas por pasar luces rojas. La elección del camino judicial por parte del Gobierno, que además pretende situarse como querellante en la causa y no como responsable, permite sospechar un aprovechamiento de esa maniobra empresaria para remover también sus propias responsabilidades.
La autocrítica es un elemento muy poco común en el discurso kirchnerista, a pesar de que como ya analizamos en Marcha, el impacto de la muerte de 51 personas y de los centenares de heridos del pueblo trabajador generó en distintos sectores de la militancia oficialista la necesidad de una revisión y un cuestionamiento propios. Lo más parecido a una autocrítica en el discurso de la Presidenta fue su afirmación de que “faltan cosas, Argentina debe volver a tener un sistema de ferrocarriles”, como así también que “faltan cosas en sectores clave de la economía, como la energía”. Sostener que “faltan cosas” es una autocrítica muy débil, porque implica proponer un relato de estos 8 años como si lo hecho hasta ahora fuera un paso previo para un próximo cambio, como si ya la superación de lo que falta hubiera estado prevista con anterioridad a la tragedia. Esto podría ser creíble unos meses después de las primeras medidas, tal vez hasta unos años más tarde. Pero ya pasaron 8 años. “Si no hicimos más es porque no nos alcanzó el dinero”, afirmó Cristina acto seguido. Es decir que el problema finalmente tampoco es del kirchnerismo sino de la falta de recursos y de la destrucción que heredaron de los años 90. Es inmediato preguntarse, si de recursos estamos hablando, ¿por qué es preferible destinar a los trenes millones de pesos en forma de subsidios que terminan financiando las ganancias de las empresas a utilizarlos para recuperar la gestión estatal y lograr un viaje seguro y económico para el pueblo argentino?
La Presidenta recordó que en el 2003 “teníamos una patria colonizada por los agentes económicos de afuera y de adentro”. Esta tragedia, en la que pueden observarse los signos de la connivencia entre los funcionarios estatales y el poder empresario, ¿acaso no demuestra que de alguna manera continúa esa colonización? ¿Cómo entenderlo si esa misma estructura de subsidios millonarios y la lógica de “hacer la vista gorda” se repite en todos los ferrocarriles? Un cambio más profundo está planteado si de dejar de ser una colonia se trata, como mencionó Cristina Fernández recordando a Manuel Belgrano. Pero ese cambio no surgirá de ningún expediente judicial sino de la fuerza organizada del pueblo argentino para recuperar la soberanía perdida.