La semana pasada, el directorio del FMI se reunió para realizar el informe de situación de la economía argentina, en el marco de la tercera revisión del acuerdo firmado en junio del año pasado. Decidió aprobar la revisión trimestral, confirmando que el tutelaje sobre el ajuste ya es una regla.
Por Francisco Cantamutto | Foto de Leo Crovetto
Este trato de la Argentina como “menor de edad” que requiere de esta tutela no debe confundir. El FMI es muy claro en sostener que los gobiernos que solicitan su ayuda deben tomar como propio el programa. En nuestro país esto es efectivamente cierto, puesto que las medidas en marcha no son sino la versión intensificada de lo ya aplicado.
En el informe presentado en la reunión del FMI, que incluyó un pedido de perdón (conocido técnicamente como waiver) por no contar con los datos de marzo para la evaluación, lo que se puso sobre la mesa es que no se había cumplido la meta de ajuste fiscal. El motivo central de incumplimiento de la meta no tiene que ver con el ajuste en el gasto. De hecho, hay informes que dicen que el gobierno sobrecumplió la meta de reducción de gastos. No se pudo cumplir con la meta de ajuste fiscal debido a una caída de la recaudación. Esto tiene que ver, según las palabras del propio Fondo, con la recesión que vive la Argentina, en un contexto de alta inflación.
Extrañamente, el informe del FMI y el reporte del gobierno no logran conectar las medidas del ajuste con la caída de la actividad económica y la inflación. Aparecen como fenómenos extraños que golpean al país de una manera casi astrológica.
El informe del organismo de crédito internacional señala que la inflación continúa siendo un problema pero que la recesión, según sus expectativas infundadas, estaría finalizando. Se señala que los déficits externo y fiscal estarían mejorando. El fiscal, en el sentido de que se está ajustando. El déficit externo está solucionándose básicamente por la caída en el comercio y la toma de deuda para financiar las salidas. Lo que es aún más llamativo es que ese informe dice que el tratamiento de la deuda está entrando en una trayectoria sostenible, lo cual va a en contra de todos los indicadores de deuda que muestran un aumento del peso de la deuda en relación al PBI, prácticamente equiparados. A esto se suma un crecimiento de la parte nominada en dólares que generan problemas de sostenibilidad de la deuda.
Estas palabras van a tener que ser tomadas en cuenta para cuando estalle el problema del pago de la deuda y haya que renegociar. El FMI no podrá señalar que no detectó esto como un problema, a pesar de que el año pasado señalaba que el endeudamiento era poco probable de ser sostenido.
Con la aprobación de esta revisión trimestral del FMI se van a girar a la Argentina 10.870 millones de dólares, de los cuales 9600 van a ser plausibles de ser utilizados a razón de 60 millones por día para contener la demanda en el mercado cambiario. Este punto va a tener que ser revisado y discutido porque estaría contrariando al propio estatuto del Fondo que señala que no puede financiar la fuga de capitales en países en crisis. Exactamente lo que está haciendo en Argentina.
Este punto no debe ser menospreciado, en el sentido que expresa la voluntad de apoyo geopolítico al gobierno argentino que va más allá de los estatutos técnicos del propio Fondo. Flota la pregunta sobre cómo contener un proceso de fuga con este poder de fuego reducido, que alcanza alrededor del 10% del volumen de operación diario del mercado cambiario local.
Junto con esta llegada de fondos, que es el alivio que espera el gobierno, también se negoció un relajamiento de la meta de ajuste que oscilaría entre el 0.2 y el 0.3% del PBI, permitiéndole al gobierno ajustar menos. Desde la coalición gobernante sostiene que esta falta de “suficiente ajuste” tiene que ver con la protección a los sectores más vulnerables, algo que el “nuevo” FMI aceptaría. Esto se traduce en el aumento de las asignaciones en un 46%, anunciado hace pocas semanas por Cambiemos.
Por supuesto, este aumento es absolutamente insuficiente y no compensa la inflación del año pasado que rondó el 49% ni mucho menos la que estamos viviendo este año. No obstante, sirve para sostener este discurso de contención de los sectores más vulnerables.
Frente a este relajamiento de la meta, el FMI recomienda avanzar en dos grandes ejes. El primero es garantizar la sostenibilidad del programa de ajuste y reforma mediante un gran acuerdo político. En este punto, se requirió (y el proyecto ya fue girado al Congreso) la idea de reformar la carta orgánica del Banco Central (BCRA), señalando la pretendida independencia que, en términos concretos, significa entregar a corporaciones el manejo de la política cambiaria y monetaria del país. Para esto, el BCRA no podría tener condicionamientos o relaciones con la política fiscal y económica nacional sino que se abstendría de este diálogo.
Además de esto, entre los grandes ítems a resaltar se encuentra la quita del requerimiento de ser argentino o argentina para ocupar el directorio. Es decir, entregar en manos extranjeras la política monetaria y cambiaria del país.
El otro eje en el cual hay que avanzar, según el FMI, tiene que ver con elevar la recaudación. Uno podría pensar que en este marco de falta de recursos se podría reconsiderar la reducción de los impuestos a los bienes personales, la reducción de las retenciones a bienes primarios o las exenciones fiscales que tiene la mayor parte de la renta financiera, incluso después de este chistoso impuesto que se les aplicó con la reforma del 2017. Pero no. El FMI propone avanzar sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que ya de por sí representa un tercio de la recaudación actual.
Quieren bajar la evasión y las alícuotas diferenciales, quitando exenciones. ¿Cuáles se quitarían? Las que tienen las operaciones de prestaciones de servicios de las obras sociales, de servicios educativos, de la compra de medicamentos para uso humano y algunos otros ítems, como son la alícuota del 10% en las carnes, frutas, hortalizas y verduras. Es decir, están planeando elevar el IVA de todos aquellos bienes que componen las canastas más básicas del consumo alimentario y de servicios básicos, con lo cual no se puede esperar otro efecto que una mayor precariedad de la vida. Lo cual demuestra que esa “vocación” por contener a los grupos más vulnerables no es más que maquillaje.
Además de esto, se proponen lanzar una gran moratoria fiscal, una especie de Blanqueo 2.0. El Fondo también está cuestionando el régimen del monotributo, pensando que ahí se puede recaudar mucho más que de otros impuestos.
De conjunto, toda la revisión implica que van a seguir llegando dólares para financiar muy parcialmente la fuga de capitales pero con muy baja probabilidad de contener una corrida cambiaria. Esta renegociación implica, por un lado, el respaldo del FMI (y detrás de ellos, del gobierno de Estados Unidos) al gobierno de Macri y, por el otro, enaltecer el ajuste, poniéndolo como la única alternativa ante la crisis. Por supuesto, nada de esto es cierto.
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