Por Federico Nacif, desde Bolivia. El presidente Evo Morales anunció ayer en el acto por el Día de los Trabajadores una nueva nacionalización.
El Decreto Supremo 1214 expropia el paquete accionario que la española Red Eléctrica Internacional SAU poseía sobre la Empresa Transportadora de Electricidad SA, transfiriendo la totalidad de las acciones al Estado.
El sector eléctrico boliviano fue privatizado en el marco de la reforma neoliberal llevada a cabo por el gobierno del empresario Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada (1993-1997), del Movimiento Nacionalista Revolucionario (sic). Hasta 1997 su sistema de transmisión o transporte era un monopolio natural controlado por el Estado a través de ENDE, la Empresa Nacional de Electricidad.
Ese año, “la empresa Unión Fenosa de España adquirió las instalaciones de transmisión de ENDE por 39,9 millones de dólares y creó la empresa Transportadora de Electricidad (TDE) para asumir el control de transmisión de energía eléctrica” dentro del Sistema Interconectado Nacional, pasando en el año 2002 a manos de la también española Red Eléctrica Internacional.
Luego de las nacionalizaciones del 2006, 2008 y 2009 con que el Gobierno del MAS decidió conmemorar cada Día del Trabajador (en el área de hidrocarburos y telecomunicaciones), el 1° de Mayo de 2010 ordenó el traspaso de las tres generadoras de energía (Corani, Guaracachi y Valle Hermoso) y la distribuidora Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba SA a manos de la estatal ENDE, obligando a las trasnacionales francesas y británicas a vender la totalidad de sus acciones. Estas medidas tendientes a recuperar el control sobre la generación y transporte de electricidad, considerado sector estratégico para la concreción del Plan Nacional de Desarrollo vigente, se consolida ahora con la nueva nacionalización.
Sin embargo, la medida fue interpretada por el amplio arco opositor al gobierno (incluyendo a organizaciones de sectores populares inicialmente aliados al gobierno y que hoy exigen la reconducción del “Proceso de Cambio”) como una forma de superar la escalada de protestas que –desde 2010 a esta parte- van marcando la coyuntura política desde distintos puntos del país.
Desde el 27 de Marzo los médicos de los hospitales públicos mantienen una huelga indefinida contra el Decreto Supremo 1126, que extiende la jornada laboral de seis a ocho horas diarias para el personal de la salud pública. Al repudio inmediato de parte de los médicos se sumaron las manifestaciones de los estudiantes de medicina, con consignas que van desde la defensa de los derechos de los trabajadores, hasta el rechazo del modelo cubano que habría inspirado la medida.
Por otro lado, el pasado viernes 27 de Abril partió desde Trinidad, capital de Beni, la IX Marcha Indígena (la segunda durante el gobierno de Evo Morales), en repudio a la construcción de una carretera que uniría los departamentos de Beni y Cochabamba atravesando el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS). Si bien después del conflicto desatado en 2011 el gobierno buscó recuperar la iniciativa política declarando la intangibilidad del parque nacional, promulgando la ley 222 de consulta popular, estableciendo acuerdos con varias comunidades del TIPNIS, y –recientemente- anunciando la rescisión del contrato con la empresa brasilera OAS que tenía a su cargo la construcción de la carretera, la IX Marcha comenzó con amplia cobertura y apoyo social (incluyendo a la Central Obrera Boliviana, pero también a la Iglesia Católica y sectores políticos conservadores) y promete en dos meses llegar a la ciudad de La Paz (a 600 km de distancia).
Finalmente, en la mañana del 1º de Mayo, la Central Obrera Boliviana (COB) realizó una movilización exigiendo el cumplimiento del pliego-petitorio presentado al Gobierno el pasado 27 de marzo. El principal punto de discusión y de negociación es el referido al aumento salarial y el salario mínimo. Si bien los dirigentes de la COB están lejos de conseguir el aumento del salario mínimo acorde a una canasta familiar que la propia central calcula en Bs 8.300, en tres semanas de negociaciones con el gobierno lograron pasar de una propuesta inicial del 15% de aumento a cerca del 23%, lo que implicaría elevar el salario mínimo nacional de Bs 815 a Bs 1000. No obstante la movilización por el Día Internacional de los Trabajadores, la Central Obrera acordó con el gobierno una tregua para consultar a las bases por la nueva propuesta, e incluso algunos de sus dirigentes participaron del acto oficial en que se anunció la nacionalización del transporte eléctrico.
A ese mapa de conflictos y protestas sociales se suman los enfrentamientos por límites territoriales en Potosí, Oruro, Chuquisaca y Tarija; los bloqueos de las comunidades del Alto exigiendo pena de muerte para los delincuentes, y el paro anunciado por los transportistas en reclamo de un aumento del boleto y de menores controles de tránsito. En este contexto debe leerse el discurso del presidente Evo Morales del 1° de Mayo. Conflictos sociales que, a diferencia de la crisis del 2008, hoy se dan al interior de los sectores populares y son protagonizados por sectores que se identifican –de una u otra forma- con el Proceso de Cambio.
Dirigiéndose a las organizaciones sociales y sindicales que participaron del acto, el presidente justificó la decisión de nacionalizar la empresa transportadora de electricidad por ser “un justo reconocimiento a los trabajadores y al pueblo boliviano que ha luchado por la recuperación de los recursos naturales y de los servicios básicos”.