“Disparar o no por la espalda depende de la situación. Es un detalle”.
Patricia Bullrich, ex Ministra de Seguridad de la Nación, marzo de 2018
Si bien en cuatro años el macrismo rompió récords en materia de muertes a manos de las fuerzas de seguridad, los casos de gatillo fácil y las muertes en lugares de detención son crímenes históricos que han empeorado desde 1983 a la fecha.
Por Ignacio Marchini | Fotos: Colaboración
Desde el retorno de la democracia, 7093 personas han muerto en manos del aparato represivo estatal, en su mayoría mientras estaban detenidas o fusiladas en supuestos enfrentamientos. De este total, 1833 corresponden al gobierno de Cambiemos, es decir, un 26% de los casos en sólo 4 años, el peor promedio de 1983 a la fecha. Siempre y cuando se considere que la “limpieza social” es un problema que el Estado debe erradicar y no profundizar.
Estos datos se desprenden del último Informe Anual de la Situación Represiva Nacional de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), presentado el viernes pasado en Plaza de Mayo. El espacio público más icónico de la Ciudad de Buenos Aires estuvo atravesado durante horas de familiares, amigos, amigas y militantes que mediante remeras y carteles recordaban a las personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad. Pero, sobre todo, exigían Justicia al Estado que desde hace muchos años o no juzga a los ejecutores de sus hijos o, cuando lo hace, les aplica penas ridículamente leves, mediante la manipulación de las figuras penales para obtener condenas más benevolentes. Desde la Coordinadora estiman que solo 1 de cada 10 casos de gatillo fácil llegan a juicio.
Acompañando a los familiares y militantes se encontraban lxs históricxs referentes y abogadxs de la CORREPI María del Carmen Verdú e Ismael Jalil, Gabriel Solano y Néstor Pitrola del oficialismo del Partido Obrero (PO), Norita Cortiñas de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Sergio Maldonado, entre otrxs representantes de la política y la lucha por los Derechos Humanos. Ante largas filas de familiares, militantes y amigxs se proyectaron las cifras del Informe 2019. Las estadísticas no fueron sorprendentes, si se tiene en cuenta lo que fueron las políticas de seguridad y de Derechos Humanos en estos 4 años de macrismo, que desarrollamos en otra nota anterior.
De 1 muerto cada 30 horas en promedio durante los 12 años de kirchnerismo (el más alto hasta 2016), el macrismo finalizó hace una semana 1435 días de gobierno con un promedio de un muerto cada 19 horas, la primera vez en los últimos 36 años de democracia que se supera la barrera de un muerto por día. El distrito más violento es por mucha diferencia la provincia de Buenos Aires, donde se concentran más de la mitad del total de los casos, seguida muy lejos por Santa Fe con un 9,39%.
Los abultados resultados de la política represiva del macrismo impresionan. El informe, sin embargo, indica algo mucho más trágico: el problema solo empeora desde 1983 a la fecha. De un muerto cada 311 horas en promedio al cierre del gobierno de Alfonsín (julio del ‘89) llegamos a la salida del gobierno de Cambiemos con un muerto cada 18.8 horas. En todas las gestiones entre esos años, el crecimiento fue sostenido: 1 muerto cada 131 horas fue el promedio de Carlos Saúl Menem, seguido de un pico de un muerto cada 36 horas durante el gobierno de De la Rúa y “Chacho” Álvarez, con el récord absoluto de 39 muertes en dos días en el marco de la brutal represión para contener la crisis política, económica y social de diciembre de 2001. En los sucesivos fugaces mandatos de Puerta, Rodríguez Sáa y Duhalde, entre los 3 promedian un muerto cada 46 horas y el cierre de 12 años de kirchnerismo fue de un muerto cada 30,05 horas, correspondiéndole a la suma de los gobiernos de Néstor y Cristina más de la mitad de los casos desde 1983.
Vale decir que el archivo de casos de la CORREPI no es un trabajo exento de errores y omisiones, debido en gran parte a la enorme invisibilización de los casos de violencia policial e institucional, sobre todo contra los sectores más vulnerables, y por la falta de estadísticas oficiales confiables.
Los sospechosos de siempre
Las características de las víctimas son bastante homogéneas: la mayoría son varones jóvenes de barrios populares. El sexo, la edad y la condición socioeconómica son factores claves para que la policía y los jueces determinen el grado de peligrosidad de un individuo. Quienes se llevan la peor parte son los jóvenes de bajos recursos. Del total de casos de gatillo fácil, el 43% tenía 25 años o menos. Y usamos el masculino porque son mayoritarios los casos de varones asesinados por el aparato estatal (9 de cada 10), además de conformar más del 90% de la población carcelaria en todo el país.
Si bien es una problemática con una fuerte impronta masculina, el informe evolucionó y se complejizó a lo largo de los años en base a las exigencias políticas de los movimientos y partidos en cada momento histórico, como es el enfoque desde una perspectiva feminista, que generó que se empezaran a registrar en un apartado los casos de violencia estatal imbricada con la violencia machista y patriarcal. Desde 1992 a la fecha, se registran 647 casos de mujeres, travestis y mujeres trans asesinadas por el aparato represivo estatal, de los cuales 381 fueron, además, femicidios, travesticidios o transfemicidios, respectivamente. De esos 381 casos, el 87% fueron cometidos intrafuerza de seguridad o por alguien del entorno familiar.
El encierro es una doble condena
A las condiciones de vida inhumanas que hay en las cárceles, comisarías y lugares de detención, enormemente empeoradas por lo sobrepasado que se encuentra el servicio penitenciario (según un relevamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la sobrepoblación actual en la provincia de Buenos Aires es del 137%), hay que sumar la enorme cantidad de muertes bajo custodia, que representan la mitad del total de las muertes a manos de las fuerzas de seguridad desde 1983 a la fecha.
En las cárceles federales, con capacidad para 12 mil personas, hay más de 14 mil presxs, mientras que en las cárceles bonaerenses hay más de 50 mil, cuando la capacidad instalada apenas supera los 30 mil lugares. Estos datos se desprenden del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires.
Santiago Maldonado
Uno de los concurrentes a la presentación del informe fue Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, el joven artesano anarquista desaparecido durante más de dos meses en el marco de una represión de la Gendarmería a integrantes de una comunidad mapuche en la Patagonia, que apareció muerto en el Río Chubut el 17 de octubre de 2017. La causa que investiga los hechos que llevaron a la muerte de Santiago estuvo plagada de obstrucciones tanto del Poder Judicial como de las fuerzas de seguridad intervinientes, así como del Ministerio de Seguridad de la Nación y el Poder Ejecutivo. Aún hoy hay muchas preguntas sin responder y la familia de Santiago sigue luchando por esclarecer cómo murió.
En diálogo con Marcha, Sergio explicó por qué decidió acompañar la presentación del Informe: “También estuve participando el año pasado, porque no es que haya que dejar de venir porque cambió el gobierno, todo lo contrario. Acá debería haber gente que está en el nuevo gobierno y que estuvo acompañando en años anteriores”. En relación a las estadísticas que se desprenden del archivo, Sergio valoró que “no puede ser que maten un pibe cada 19 horas, hay que exigirle al nuevo gobierno que esto pare. Quisiera ser optimista y decir que no haya ninguno más, pero la realidad es que va a seguir habiendo por ahora pero por lo menos que vayan bajando”.
Sergio valoró que en el discurso de asunción de Alberto Fernández se mencionara tantas veces la frase Nunca Más, aunque considera que hay que seguir presionando gobierne quien gobierne. “A la tarde la nueva Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, dijo que no iba a tirar a ningún gendarme por la ventana, repitiendo la misma frase que Patricia Bullrich, así que la verdad que hasta ahora no veo ningún cambio. Van muy pocos días de gobierno, lo sé, pero ya hay que empezar a marcar esas similitudes porque no quiero que pase lo mismo que pasó en estos cuatro años de macrismo”.
