Por Mario Hernández
En el marco de la discusión que se impuso sobre la edad de punibilidad, entrevistamos a Marcelo Brizuela, Secretario Gremial de Ate Sur- Lomas de Zamora, quien se desempeña trabajando en un centro de menores.
– Hay una denuncia de Ate Sur por traslados masivos en el Centro de menores de Lomas de Zamora. De acuerdo al comunicado, persiguen a las y los trabajadores para liquidar los derechos de los pibes y condenarlos al encierro. Esto se da en un contexto de debate sobre la baja de la edad de imputabilidad de los menores y entiendo que este tema está directamente relacionado.
-Absolutamente. Quiero agradecerles a los trabajadores de prensa por abordar este nuevo ataque que estamos sufriendo los trabajadores que durante años hemos denunciado. Porque este debate de la baja de la edad de imputabilidad no ha comenzado ahora, sino que lo vienen instalando estratégicamente las fuerzas políticas que responden a los intereses de las mismas mafias que condenan a los jóvenes pobres, hijos de la clase trabajadora, a condiciones denigrantes de vida, a situación de calle y de violencia desde la cuna hasta la celda.
Hay pibes que viven privaciones en los barrios, que durante los veranos les falta agua, en invierno abrigo y calefacción, todo tipo de violencia de la propia policía y las fuerzas uniformadas en su barrio y cuando no el asesinato, como el caso de Luciano Arruga en Lomas del Mirador, por haber rechazado el ofrecimiento de la policía para que delinca para ellos. Por lo tanto, los trabajadores que estamos en los dispositivos de promoción y protección de derechos de contención, como aquellos que nos desempeñamos en los centros cerrados, venimos denunciando desde hace largo tiempo, la relación directa que hay entre esta discusión falsa de pretender bajar la edad de imputabilidad, responsabilizar del delito urbano injustamente a jóvenes y niños, tratando de profundizar esta línea que introdujo la familia Blumberg, cuando asesinaron a su hijo. En esa investigación quedó claro el papel de las fuerzas mafiosas en connivencia o directa relación con poderes del Estado y no responsabilizar a los jóvenes por los delitos de robo.
Los institutos de menores están atestados de pibes que en su inmensa mayoría están acusados de robo y no por hechos como el que hoy mediáticamente intentan levantar, el asesinato de Brian. En la campaña del 2013 Francisco de Narváez instaló electoralmente el tema, después lo hizo el candidato de Cristina, Martín Insaurralde, actual Intendente de Lomas de Zamora, que también hizo campaña utilizando este latiguillo donde afirmaba que los jóvenes eran usados por las mafias delictivas de la zona y la solución era bajar la edad.
Esto es lo que venimos denunciando como parte de un paquete de vaciamiento de las políticas públicas de niñez, han despedido a trabajadores sociales, operadores que trabajaban con pibes que no están imputados de ningún delito, han desarmado programas como el “Envión” y el “Jóvenes” y el macrismo avanza contra todas las clases subalternas, sean trabajadores, cuentapropistas, manteros, pueblos originarios.
En estos días lo que vemos es un avance concreto en esta línea y en este contexto se inscriben los traslados en Lomas de Zamora de más de 15 compañeros, 12 de los cuales han sido o son actualmente delegados o representantes de sus compañeros en la actividad sindical que defiende de manera integral los derechos de los pibes y de los trabajadores. Jamás vamos a pelear solamente por nuestro bolsillo, lo que siempre estamos reivindicando son las condiciones de vida de los pibes en los institutos, la falta de cumplimiento de lo que dice el espíritu de la ley que el encierro es la última de las medidas que debe tomar un Estado, que debe haber medidas alternativas para el tratamiento de aquel pibe que delinque. Algo que no sucede en ningún país porque la crisis del capitalismo se resuelve con encierro y castigo.
La función del operador, que está en contacto con el pibe, es transmitirle un mensaje de lo que es un trabajador
-¿Cuál es la función que cumplen estos trabajadores y trabajadoras trasladados en relación a los centros de recepción, evaluación y ubicación de jóvenes en conflicto con la Ley penal?
-Yo soy operador, soy un empleado que trabaja en contacto directo con los pibes. Nuestra función al igual que la de los compañeros trasladados, es trabajar un modelo de promoción de derechos, de educación y contención socioeducativa que se basa en la pedagogía de la presencia, en la estimulación de la inteligencia múltiple. Nosotros trabajamos desde la mañana hasta la noche en contacto directo con el pibe que está privado de libertad. Supuestamente, los centros de evaluación y ubicación son para que el joven empiece a trabajar la responsabilidad penal que le cabe por haber cometido algún tipo de transgresión. Nosotros a eso lo re conceptualizamos junto con los jóvenes, desde adentro, a veces en el acompañamiento de la actividad escolar.
Hemos luchado desde hace años en Lomas de Zamora por tener un programa escolar que no sea un beneficio, porque antes para los pibes ir al colegio era visto como un pasatiempo y nosotros luchamos para que se inauguren aulas, primero teníamos dos, ahora tenemos cuatro. Hemos luchado porque existan talleres y programas para que las y los jóvenes puedan plantearse no una reinserción social mentirosa de la que se habla, porque la verdad es que si a los jóvenes que no tienen causas penales no se les permite entrar al mercado laboral o tener una vivienda, nosotros decimos que más que una reinserción social es una reinserción en la identidad de la clase trabajadora.
La función del operador, que está en contacto con el pibe, es transmitirle un mensaje de lo que es un trabajador, a diferencia de las cárceles donde hay guardia cárceles penitenciarios que no son trabajadores sino que están solamente para castigar, reprimir y violentar. Nuestra función está lejos de eso, nosotros somos promotores de derechos, concebimos a las y los pibes que están allí como sujetos de derecho y para eso hemos hecho un largo recorrido enfrentando viejas prácticas, de la vieja minoridad que es la que está contemplada en el Decreto ley 22.088 que proviene de la dictadura.
La hemos enfrentado con la elaboración que hemos ido haciendo de una re conceptualización, con lo que dice la Ley nacional de promoción de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes 26.061, con la ley 13.098 que en la Provincia de Buenos Aires promueve y restituye derechos.
También lo hacemos parados en la experiencia de los propios trabajadores que sabemos bien que el aparato represivo del Estado, orienta las causas que generan el delito urbano y la violencia urbana hacia el último eslabón de la cadena, como en este caso son los jóvenes.
Lomas de Zamora está plagada de pibes que han sido obligados a confesar por un delito que no cometieron o que luego de un largo proceso de prisión preventiva se comprueba que no tienen ninguna implicación en el hecho por el que se lo estaba juzgando. Hay una Ley provincial que es la 13.634 que crea los fueros de responsabilidad juvenil que nosotros consideramos un avance porque el pibe tiene derecho a la defensa y al debido proceso, pero eso no pasa en todas las provincias del país, hay provincias donde rige un sistema de castigo y de encierro para los pibes junto con adultos mayores, que eso es lo que para nosotros pretende la gestión de Cambiemos, que apunta a bajar a 14 años la edad de punibilidad para poder trasladar a todos los pibes de 16 a 18 años a cárceles comunes con adultos.
Hemos dado una lucha política e ideológica para que los institutos de menores sean centros educativos y no convertirse en depósitos de pibes
-¿En qué estado se encuentra actualmente este conflicto por los trabajadores trasladados?
-Hemos resistido cualquier decisión arbitraria tanto en Niñez y Adolescencia como en las escuelas, en los hospitales, en los centros de prevención de adicciones y en todos los dispositivos del Estado.
Nuestros compañeros se siguen presentando a trabajar en Lomas de Zamora porque consideramos que es una decisión que no está firme porque está plagada de irregularidades, hay compañeros que hace más de 10 años, siendo de planta permanente, se los pretende trasladar como si fueran un objeto o como se hace muchas veces en el mercado laboral con aquéllos que recién empiezan o porque están con contratos precarios o están a prueba se los manda a distintos lugares modificando su estructura familiar, sus proyectos de vida, los equipos de trabajo, produciendo un daño psicológico muy grande.
Entre los 15 trasladados tenemos compañeros que tenían vacaciones y pretenden obligarlos a renunciar a sus vacaciones para que se presenten a negociar con los directores de otros institutos algo que está fuera de lugar por completo y que hemos rechazado incluso enfrentando decisiones ilegítimas como darle a la Policía la orden de que no puedan ingresar los compañeros al instituto.
Nosotros sin violentar nada, con la firme decisión y el derecho adquirido de trabajar en Lomas de Zamora porque es un lugar donde las y los trabajadores no hemos dado una lucha economicista solamente por el agua potable, la calidad de la comida, por las condiciones de vida de los pibes, sino que también hemos dado una lucha política e ideológica respecto a que ese tipo de centros tienen que ser educativos y no convertirse en depósitos de pibes como pasa con muchos institutos de la Provincia de Buenos Aires, donde ahora pretenden trasladar a compañeros nuestros arbitrariamente y de prepo porque argumentan que falta personal, en vez de preguntarse por qué esos depósitos de pibes como el Centro Cerrado Virrey del Pino de La Matanza, donde el personal que va termina sacando licencia psiquiátrica porque hay un nivel de violencia altísimo, porque el Servicio Penitenciario Bonaerense convive junto con el Organismo provincial de niñez y con el Ministerio de Desarrollo, generando un cóctel explosivo porque en realidad no puede haber el mismo tratamiento para menores o jóvenes privados de libertad que para adultos. Por lo tanto, nosotros decimos: nombramiento de personal en aquellos dispositivos donde falta, respeto a su voluntad y que se inicie una búsqueda de aquellos compañeros que quieran presentarse en otros dispositivos donde falte gente pero, fundamentalmente, que nombren personal y capaciten personal para trabajar en las otras instituciones donde se considere.
En Lomas de Zamora nos hemos presentado con un escribano en el Organismo provincial de niñez, debido a que nos mencionan que hay un expediente por el cual se toma la decisión de trasladar a los compañeros, pero no se nos permite tomar vista de ese expediente. La Secretaria General de Ate Sur se encontró durante 3 días seguidos que el expediente o no está, o lo ningunean o lo esconden, por lo tanto, con un escribano empezamos a elaborar una línea de rechazo a este intento de negar el derecho a la defensa de los trabajadores que están siendo sancionados encubiertamente con este traslado.
En el día de mañana (por el 12 de enero) se va a realizar una asamblea, estamos en estado de asamblea permanente, pero va a haber una multitudinaria asamblea con todos los compañeros que están siendo trasladados más aquéllos que estamos siendo solidarios, nos vamos a reunir para balancear y valorar los pasos que hemos dado, porque si no estuviéramos organizados en Ate Sur, o en una asamblea de base, quizás las y los compañeros tendrían que haber agachado la cabeza y como en los tiempos de la esclavitud haber aceptado esta decisión de Pilar Molina y María Eugenia Vidal que ya habían hecho prácticas como éstas cuando gobernaron en la Ciudad de Buenos Aires el área de Desarrollo Social y los Planes de adolescencia y familia. Ya habían tenido prácticas persecutorias con los trabajadores que se organizan en sindicatos y esas prácticas redundan en una mayor vulneración de derechos de niños, niñas y jóvenes, porque no puede haber una atención integral a la restitución de los derechos de los niños y adolescentes si no hay respeto por los derechos de los trabajadores.