Foto: En la Vuelta – Acción Fotográfica
Por Lucas Gorodneff. La concreción de la impunidad por el asesinato del maestro Carlos Fuentealba es una nueva herida que le propina el poder político al magisterio argentino. En este “Día de la Maestra y el Maestro” a tan solo una semana de este acto de dolorosa injusticia, analizamos los avances de las políticas de mercantilización y precarización que enfrentan las y los trabajadores de la educación defendiendo un proyecto público y popular.
El pasado 6 de septiembre la jueza Ana Malvido sobreseyó a los 15 imputados por la causa Fuentealba II, en la cual eran juzgadas las responsabilidades políticas por el asesinato del maestro el 4 de Abril de 2007 en manos de la policía neuquina, bajo las órdenes de represión aleccionadora de la protesta, del entonces gobernador de la provincia, Jorge Omar Sobisch.
Fuentealba fue asesinado en la ruta luchando junto a tantos otros contra un nuevo capítulo del plan sistemático de desarticulación, forjado a comienzos de los ´90, de la fuerza y legitimidad del magisterio como a actor social pujante en la lucha por los derechos del pueblo trabajador. Este maestro asesinado es un símbolo y un ejemplo de resistencia que las y los docentes inmortalizan cada año en la defensa de la educación pública, ante la continuidad del avance privatista que se ha desarrollado durante los últimos 25 años en nuestro país.
Un rasgo fundamental para el análisis de las condiciones actuales del sistema educativo es que el financiamiento de la educación se encuentra en manos de cada provincia de forma descentralizada. Es decir, el Estado nacional no es quien se hace cargo del financiamiento distribuyendo desde una óptica de justicia social, sino que cada provincia lo hace a partir de sus propios presupuestos. Esto genera a su vez que las paritarias sean definidas de mismo modo, provincialmente.
Esta modificación fue instaurada por la Ley Federal de Educación del ex presidente Carlos Ménem y refrendada en la Ley Nacional de Educacion vigente. Además de sus implicancias en la desigualdad de condiciones para impartir una buena educación en las escuelas de cada provincia, esta medida ha logrado desarticular el reclamo nacional docente. Un dato de peso es que la última huelga nacional extendida fue la huelga del año 88. Luego, bajo las recomendaciones del Banco Mundial, se lograron instaurar las políticas de fragmentación que han ganado amplio terreno en la Argentina.
El movimiento docente enfrenta el difícil desafío de la solidaridad gremial a nivel nacional cuando las mesas de acuerdo son descentralizadas y se maneja a discreción el momento en el cual hacer concesiones en centros de visibilidad de los conflictos, como la Ciudad de Buenos Aires. La paritaria de 2014 por ejemplo, encontró a una docencia de la ciudad desmovilizada en un contexto de huelga en varios puntos del país.
Otro aspecto que pone en jaque a los trabajadores de la educación es el surgimiento de trabajos flexibilizados dentro del sistema público de educación. Estas nuevas formas de ejercer la docencia en el estado corren por fuera del sistema de concursos y en general adquieren formas precarizadas de contratación sin garantías de continuidad.
Los Centros de Primera Infancia de la Ciudad de Buenos Aires, que son un parche de la gestión actual a la falta de vacantes en el nivel inicial, usualmente contratan coordinadoras que no poseen un título docente ni han pasado por ningún mecanismo democrático y participativo de selección. Lo mismo ocurre con los planes FINES II, que ante la reciente obligatoriedad de la escuela media ha cubierto, de manera absolutamente desprovista de fundamentos pedagógicos, los objetivos estadísticos de títulos secundarios emitidos por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Por último, un tercer elemento de avance que se puede identificar de las políticas neoliberales en educación reflejadas en Latinoamérica en el modelo “chileno”, es el de la evaluación y la formación de docentes. La aprobación en la Ciudad de Buenos Aires de la Unidad de Evaluación Educativa, abre un nuevo capítulo en la injerencia de sectores privados dentro del sistema público de educación. Esta ley abrirá la puerta a la aplicación de evaluaciones estandarizadas a los estudiantes en pos de juzgar el desempeño de sus docentes y escuelas. Estos desempeños comenzarán a marcar una tendencia de premios y castigos previendo como un ideal, generar un clima de competencia entre escuelas y los mismos docentes para hacer al sistema mas eficiente. Es decir, en lugar del fortalecimiento fundamentos pedagógicos por los cuales realmente es necesaria una evaluación democrática y participativa, aquí lo que prima es la lógica empresarial.
Desde varios puntos, los poderes han buscado poner en el centro de los problemas del sistema educativo a los maestros y maestras. Se los ha acusado de la perdida de días de clase, de no actualizar sus conocimientos a los nuevos enfoques propuestos por los técnicos o del éxodo de niños de las escuelas públicas a las escuelas privadas. Al tiempo que se ejercen este tipo de enunciaciones, la formación docente, que continua como responsabilidad del Estado, se corre del centro de discusión. Para formarse y avanzar en una la titularización, los docentes se encuentran ante situaciones no soñadas tales como pagar cursos, retirarse de la escuela para formaciones distritales o realizar capacitaciones virtuales.
Es de gravedad el vaciamiento del CEPA en la ciudad de Buenos Aires, donde muchos sindicatos han pactado con el gobierno y acaparado en sus manos una formación arancelada, la cual en menor tiempo otorga mayores puntajes a los docentes. Por otro lado, a nivel nacional se ha lanzado a comienzos de este mes un plan de formación docente con postítulos virtuales. Esta oferta es positiva en este contexto pero una dinámica virtual resulta inadmisible como política acabada de formación. Aquí se pone de manifiesto la necesidad de una reestructuración de la jornada laboral docente que contemple dentro de ella la formación. De este modo podría realizarse un proyecto masivo público y centralizado que evitaría la pérdida de días de clase por formación (que son un porcentaje ampliamente mayor que el que denuncian los gobiernos por los paros) y haría primar la preocupación por la enseñanza, la mejora de las condiciones para los niños y niñas en lugar de una serie de cálculos economicistas.
Éste y otros forman parte del programa de una docencia comprometida con la construcción de una escuela pública popular, que encuentra su proyecto en la historia de Carlos Fuentealba. Pero también de Isauro Arancibia, Marina Vilte o Eduardo Requena, y muchos otros docentes desaparecidos. Quienes fueron además fundadores un 11 de septiembre de 1973 de la Central de Trabajadores de la Educación, un gremio de vanguardia dentro del sindicalismo de base en aquellos días, los de una generación que dio la vida por un mundo mas justo.