Las declaraciones de Urtubey acerca del fallo de la Corte sobre aborto no punible y su no implementación en Salta. El kirchnerismo, el derecho al aborto y los disensos al interior.
“Los hospitales de Salta sólo realizarán abortos no punibles si la mujer que lo solicita tiene una autorización firmada por un juez” afirmó el día de ayer Juan Manuel Urtubey, gobernador de la provincia de Salta, en una conferencia de prensa. Los dichos son generados por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la semana pasada, en el que se afirmaba la lectura del artículo 86 del Código Penal. El mismo afirma que cuando el embarazo es producto de una violación, el aborto será legal.
Los dichos de Urtubey no sorprenden. No sorprenden porque la judicialización de los casos de aborto no punible (ANP) es lamentablemente moneda corriente en nuestro país. Pero sí es llamativo que sea política oficial de una provincia no acceder a realizar las interrupciones de embarazo en casos de violaciones, sin intervención de juzgados. En concreto, implica que las violaciones deben ser investigadas y probadas por la justicia para que se acceda a la realización del aborto. Por un lado, esto es una traba para que se realicen, tanto por los tiempos como por las presiones sobre las mujeres y sus familias. Por otro lado, cabe recordar que la mayoría de los hechos de violencia sexual son cometidos por varones de los círculos cercanos (familiares, esposos, etc.). Uno de los elementos más interesantes que promueve el fallo de la corte, es precisamente el de la no necesidad ni de denuncias policiales para afirmar que hubo una violación, sino que bastaría con una declaración jurada en el hospital de la mujer involucrada. Para justificar su postura, el gobernador salteño afirmó que el fallo de la Corte se trataba “solo de un caso” y que “no puede proyectarse para otras situaciones”.
Pero las palabras de Urtubey, quien pertenece al armado kirchnerista, no se dan en cualquier contexto. El martes pasado se presentó en el Congreso de la Nación el proyecto de ley elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El mismo obtuvo las firmas de 53 legisladores y legisladoras, cantidad que superó lo esperado por integrantes de la Campaña, quienes se encuentran expectantes por ver como se desarrollará, esta vez el debate parlamentario. El proyecto (ver notas relacionadas) despenaliza y legaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 de gestación y es la cuarta vez que ingresa al congreso. La elaboración del mismo estuvo a cargo de la propia Campaña y contó con el apoyo de diputados y diputadas de distintos bloques, como el del Frente para la Victoria, la Unión Cívica Radical, Proyecto Sur, el Frente Amplio Progresista y Nuevo Encuentro. Cabe destacar que 16 de las firmas, pertenecen al espacio oficialista.
Es aquí que cobra mayor relevancia en perspectiva la posición del gobernador salteño ya que pone, de alguna forma, sobre la mesa lo que se viene anticipando hace rato sobre la posición del oficialismo respecto del derecho al aborto. Mientras al interior del armado político hay sectores que promueven el debate y están convencidos de su relevancia social, otros están abiertamente en contra y otros, como el caso de Agustín Rossi, presidente del bloque del FPV, se ponen a disposición de las órdenes del ejecutivo. Rossi declaró en el programa 678 el día martes 20, que hará “lo que me indique la presidenta”. Cuando la periodista Cynthia García lo consultó por el comportamiento del bloque afirmó que “siempre hay libertad de conciencia, pero acá todavía no está decidido si el oficialismo impulsa el debate o no lo impulsa”. De esta forma, deja entrever lo que desde afuera ya es evidente que es el conflicto que se genera al interior del kirchnerismo cuando una iniciativa no es completamente homogénea y a filas cerradas. La posición de la presidenta, y de otros tantos integrantes del oficialismo sobre este tema pone en un brete a quienes han sido votados para legislar. El año pasado la resolución fue no dar quórum cuando se trató el tema en una comisión. Qué salida encontrarán desde el gobierno para contener a todo el armado político y qué tanto soportarán los diputados y diputadas jugar a la obediencia acrítica, es algo que aún está por verse y que trasciende, por lejos, a este tema en particular.