Crédito: Facundo Nívolo.
320 familias del barrio La Esperanza, en Alejandro Korn, podrían quedar en la calle por pedido de desalojo. El entramado político-judicial que lucra con el derecho al terreno y la complicidad policial en la zona, con una pesada mochila de antecedentes.
A diferencia de otras localidades del Conurbano, en San Vicente todavía quedan grandes predios y campos ociosos. En un predios abierto y totalmente inactivo, de Alejandro Korn -una de las localidades principales-, comenzó la construcción del Barrio La Esperanza, a casi diez cuadras de la estación de tren.
Originalmente un baldío, el predio que comprende unas 12 hectáreas fue mejorando desde julio pasado por el trabajo colectivo de las 320 familias que participaron en su ocupación, dejando atrás décadas de ser foco de denuncias por el estado de abandono.
Con la idea de edificar allí viviendas, un centro cultural y canchas de recreación, los vecinos comenzaron con la realizaron del loteo y la construcción. Para ello debieron hacer frente a la inundación y anegación que fueron dejando los últimos temporales.
Desde la ocupación, 4 días tardó en llegar al barrio la visita de oficiales del grupo antidisturbios de la Policía Bonaerense. Sin orden judicial ni pedido alguno de autoridad competente, comenzaron por la fuerza a intentar desalojar a las familias. Tras destruir dos de las precarias viviendas, los efectivos tuvieron que ceder ante la resistencia.
El apriete no se trata de un episodio aislado. En San Vicente funciona una red de complicidades y asociaciones ilícitas entre funcionarios municipales, policiales y judiciales que lucran con la apropiación y venta de terrenos mediante la falsificación de los títulos de propiedad.
HEISA y Municipio de San Vicente: terrenos para todos SA
En mayo del corriente Ariel Heine fue detenido acusado de “asociación ilícita, robos doblemente calificados reiterados, daño calificado y estelionato”. Era propietario, junto con Pablo Sánchez, de la inmobiliaria HEISA, que operaba en la zona de Alejandro Korn y San Vicente.
Heine –con antecedente de 8 años alojado en Olmos por delitos calificados- funcionaba como líder de una banda que, entre 2006 y 2008, usurpó diversas propiedades en la región numerosas estafas en contratos, truchando títulos de propiedad mediante la cesión de derechos y posesiones de propiedades en “estado de abandono”.
Un allanamiento realizado en su inmobiliaria, el 28 de agosto del corriente, secuestró documentación referida a títulos de propiedad de dudoso origen y legitimidad. Allí se constató entonces que comercializaban desde ese lugar los predios que obtenían de manera ilegal.
De acuerdo a una investigación del sitio periodístico BuenosAires2punto0, Heine actuaba conectado a funcionarios del municipio a través de Daniel Pérez, presidente del bloque del FPV en el Concejo Deliberante del distrito.
Desde el 14 de septiembre pasado Heine está prófugo. Según la versión oficial, fue el único que logró fugarse de la Comisaría de San Miguel del Monte tras “limar los barrotes” de la celda donde estaba alojado junto a 16 presos más.
Memoria frágil
Dos meses después de la toma, los vecinos de La Esperanza recibieron la visita de un “inspector” del Municipio. El supuesto funcionario del área de tierras y catastro, acompañado de un policía, intimó a los vecinos a presentar los “papeles de habilitación” de las obras. Un procedimiento cuanto menos llamativo para un hecho de ocupación y toma de tierras.
Desde entonces en el barrio hacen frente a un reclamo de desalojo del predio a pedido de dos supuestos dueños.
Uno de ellos, José Molero, fue quien primero se “acordó” -dos meses después de ocupado el terreno- que tiene una “cesión de derechos” que lo convierte en titular sobre una parte del predio.
La otra parte de las 12 hectáreas figuran en los registros dominiales de ARBA como propiedad de Solares de San Vicente SA. La sociedad está a nombre de Oscar Olivero y se dedica, según consta en AFIP, a la “construcción, reforma o reparación de edificios”.
Sin embargo nadie en San Vicente, ni en Paraná y Corrientes –pleno centro porteño- donde la sociedad anónima tiene domicilio, conoce a Oscar Olivero. De acuerdo a lo denunciado por los vecinos se trata de un domicilio falso.
Recientemente, los vecinos del barrio recibieron, de parte de la sala N2 del juzgado de La Plata, un rechazo a la apelación que impulsaron frente al pedido de desalojo del predio, por lo que continúa vigente el riesgo de quedar en la calle.
Después del primer encuentro con el funcionario, los vecinos solicitaron mediante mesa de entradas, una reunión con las áreas de tierra y vivienda del ejecutivo a cargo de Di Sabatino, intendente de San Vicente.
Así lo confirmó a Marcha José, vecino que participa en la construcción: “fuimos convocados a una reunión con el Secretario de Seguridad del municipio, nada que ver con el área de vivienda”. Aunque insistieron presentando “por mesa de entradas notas de reclamos” que al día de hoy aún no han obtenido respuesta formal alguna.
Al día de hoy la causa se mantiene en el fuero penal, entendiendo por esto que se trata de un delito y no un reclamo social garantizado en la Constitución. Así lo consideran los vecinos, de acuerdo a lo que manifestó José “se trata de una causa social. Estamos peleando por un espacio por una vivienda digna, ni siquiera estamos convocando al Estado para que haga la vivienda”.