Por Matías Ortega. Apuntes de la jornada de debate que convirtió al Congreso en caja de resonancia de los reclamos indígenas.
Si bien el derecho a consulta está reconocido por la Constitución y diversos tratados internacionales -como es el caso del Convenio 169 de la OIT-, el modelo extractivista tiene la última palabra en la explotación de recursos naturales existentes en los territorios indígenas. A comienzos de mes se realizó en la Cámara de Diputados una jornada organizada por el bloque radical con el fin de debatir los lineamientos que tendría que tener un proyecto de ley que garantice su puesta en funcionamiento. No fue algo menor: rara vez el Congreso le da un lugar a los reclamos indígenas.
“Saludamos esta iniciativa porque por primera vez el Congreso realiza una convocatoria que nos atañe”, dijo Paz Argentina Quiroga, autoridad espiritual del Pueblo Warpe del Territorio del Kuyum. “Todos los pueblos tenemos un proyecto de vida, de desarrollo sustentable. La tierra no es un objeto que se pueda comprar y vender, nosotros somos sus hijos”, expresó. Asimismo, alegó que “no hay desarrollo sustentable si se destruyen las montañas, si se secan los ríos. Están invadiéndonos las multinacionales que se llevan los lingotes y nos dejan la no vida”.
En tanto, Lorena Gutiérrez, Directora del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT), hizo referencia al borrador del proyecto sobre consulta que elaboró su organismo. Entre los puntos centrales, el texto obliga al Estado a llevar a cabo un procedimiento de consulta, a brindar información “completa, adecuada y veraz” sobre las consecuencias a largo plazo de la medida consultada. Además establece que el procedimiento deberá realizarse respetando los “modos tradicionales de organización y de toma de decisiones” de los pueblos y establece que las decisiones a las que arriben serán de carácter vinculante y su cumplimiento obligatorio para el Estado.
Por último, Silvina Zimerman, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y profesora de la Facultad de Derecho de la UBA, explicó el motivo por el cual Félix Díaz, de la comunidad Qom de Formosa, se ausentó en la jornada de debate a la que había sido invitado. Zimerman dijo que el hijo del líder Qom había sido amenazado de muerte y herido en “una lamentable fotografía de lo que está pasando en Argentina con los indígenas”. Asimismo la abogada del CELS enumeró algunos de los violentos acontecimientos en Formosa, los cuales apuntan a la complicidad del Estado. “El Poder Judicial abre investigaciones contra los indígenas, como delitos de usurpación en sus propias tierras”, denunció. “Por eso el derecho a la consulta demuestra en qué medida le importa al Estado la opinión de los pueblos indígenas”, concluyó.
Críticas al nuevo Código Civil
En el encuentro, David Sarapura, de la coordinadora de Comunidades y Organizaciones Kollas de Salta, prefirió dirigir sus dardos contra la reforma del Código Civil y Comercial presentada por el gobierno, la cual entrará en discusión luego del receso invernal. “La reforma está mal parida: baja cinco cambios los logros indígenas y estamos muy preocupados por esto”, alegó.
Igualmente, Zimerman calificó a la reforma del Código Civil como “inconstitucional”. “La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como preexistentes al Estado Nacional. En cambio, la reforma establece la calidad de persona jurídica de derecho privado a las comunidades”, argumentó Zimerman. “Así como está redactada reproduce años de dominación cultural”, resumió.
Entre las principales críticas de las comunidades al proyecto oficial, figura la falta de consulta para su redacción, la reducción a la existencia indígena a la ruralidad o campesinado, y la utilización del concepto de “tierra” en lugar del de “territorio”, más adecuado para describir el espacio en que habitan y desarrollan su vida comunitaria los pueblos indígenas.
Sin respuestas
En dialogo con Marcha, Paz Argentina Quiroga recordó el encuentro con la presidenta Cristina Fernández luego de la marcha de los pueblos originarios que se realizó en mayo de 2010, en vísperas del Bicentenario. Aquella manifestación convocó a más de 20 mil indígenas que marcharon desde diez provincias y se reunieron en Plaza de Mayo, antes de que algunos representantes fueran recibidos por la primera mandataria. “Estamos esperando todavía las respuestas a los reclamos de reparación histórica, económica y al respeto de la cosmovisión de los pueblos”, dijo Quiroga.
Respecto a la postura que adoptó la presidenta en la reunión con los representantes indígenas, explicó: “Fue denigrante, porque nos trató como si fuéramos uno más del montón. Nos dijo cosas como ‘yo también soy discriminada, y eso que soy la presidenta de la Nación’. Primero, no era nuestro planteo, no fuimos a quejarnos de ser discriminados. Si nos han discriminado cinco siglos; nos han discriminado 200 años de república…”
“Tuve un desengaño, pensé que como mujer, que somos las que en este tiempo cósmico tenemos que parir un nuevo tiempo, un nuevo hijo, un nuevo ser humano; nos iba a escuchar”, sintetizó la autoridad de la comunidad sanjuanina.
Una “gresca entre vecinos”
Luego de la jornada, el diputado kirchnerista Luís Basterra, ex ministro de Producción de Formosa y actual presidente de la Comisión de Agricultura, salió a criticar el encuentro sobre derecho a la consulta organizado por el bloque radical. Refiriéndose a la represión al pueblo Qom que dejó un muerto y varios heridos, dijo: “Lo triste es apreciar tanta ignorancia y tan rústica maniobra política de hacer llamamientos a favor de los derechos indígenas a partir de un suceso de clara connotación policial, como fue lo que ocurriera, es decir una gresca entre vecinos, tal como consta en las denuncias que se hicieran ante la propia Gendarmería Nacional”.
El titular del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, le recordó entonces que la gravedad del conflicto en Formosa fue destacada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación; que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los miembros de la comunidad y solicitó la adopción de medidas para garantizar su vida e integridad física; y que la represión había sido condenada por los diputados Juliana Di Tullio, Carlos Kunkel, Remo Carlotto y Adriana Puiggrós. O sea, sus compañeros de bancada.