Si hablamos del derecho a la interrupción legal del embarazo en niñas, en casi todo el país, el sistema de salud no está trabajando de acuerdo a protocolos vigentes y el camino de la revictimización está institucionalizado. ¿Hasta cuándo?
Por Mónica Menini | Foto: Archivo
Una niña de 12 años en Las Lajitas, provincia de Salta, está embarazada producto de una violación y otra niña de 10 años de Corrientes, que también ha sido sometida al abuso sexual está pariendo por cesárea. En las dos historias, el sistema de protección del Estado aduce que “es decisión de la niña”.
Seguramente hay muchísimas otras situaciones idénticas en el país, pues ya sabemos que cada 3 horas una niña de entre 10 y 14 años es obligada a gestar, parir y criar en Argentina.
Todas las causales legales para abortar entran en juego cuando estamos frente al embarazo de una niña. Porque existe grave abuso sexual, porque el embarazo fruto de una violación es de alto riesgo para su salud física, según la evidencia científica al respecto, y porque es un peligro para su salud mental y social.
En el 80% de las historias, el abuso sexual es intrafamiliar y en el análisis de expedientes judiciales notamos que en un porcentaje del índice restante, el abuso sexual está naturalizado en la familia y/o en la sociedad, pues se dice que “es el novio” y que hubo consentimiento.
Estamos ante la situación de una niña que tiene 10, 11, 12 años y “el novio” abusador tiene 30 años o más en la mayoría de los casos, y por supuesto es delito. A su vez, esos abusos sexuales son mayormente develados en el sistema de salud. Pues otro adulto responsable termina llevando a la niña al centro de salud u hospital cuando la niña refiere el abuso mismo o que se siente descompuesta, o porque “la vieron con pancita”.
El centro de salud u hospital es el que recibe en primera instancia a una niña abusada. Y ahí comienza una nueva victimización. Pues en hospitales de provincias como Salta, Corrientes y en casi todo el país, el sistema de salud no está trabajando de acuerdo al derecho vigente. Nos enteramos por las mujeres adultas que viven en lo que mal se denomina “el interior de la provincia”, que no encuentran respuesta en sus centros de salud cercanos cuando asisten en busca de hacer efectivo el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), derecho desde 1921.
Las mujeres adultas que reclaman su derecho y buscan ayuda en los grupos feministas, terminan derivadas a otros hospitales; muchas veces en la capital de las provincias teniendo que trasladarse, incluso en plena pandemia, y vivir la práctica de la ILE lejos de sus familias y amistades.
El sistema de protección de infancia no puede seguir aceptando que esos equipos de salud que niegan el derecho a una persona adulta y que incluso se autodenominan “objetores”, sean quienes aseguran haber dado “consejería en opciones” y que concluyen que “la madre y la niña deciden continuar” con esos embarazos riesgosos. ¿Deciden? ¿Cómo es posible que las adultas que si deciden no tengan acceso y son derivadas a más de 500 km de su centro de vida para acceder a una ILE y las niñas de 12 años, todas, deciden continuar el embarazo?
El sistema de protección de infancia, así como el sistema de salud y de derechos humanos de las provincias hacen oídos sordos a las campañas de #NiñasNoMadres; no existen sumarios por la falta de comunicación interna de los embarazos producto de violación que se encuentran protocolizados, mucho peor cuando ni siquiera existen protocolos.
En definitiva, el camino de la re victimización de las niñas abusadas está institucionalizado, es sistemático; y por lo tanto, es una tortura en manos del Estado que obliga a gestar, parir y criar en la infancia. Es entonces, fuente de toda injustica.