Por Julia de Titto. Este martes primero de noviembre se empezará a debatir en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Un debate que hace ruido
El proyecto presentado en marzo de 2010 por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, articulación de más de 300 organizaciones y personalidades, lleva la firma de más de 50 diputadas y diputados de la mayoría de los bloques políticos de la Cámara, entre ellos Victoria Donda (Libres del Sur), Martín Sabatella (Nuevo Encuentro), Claudio Lozano (SUR), María Luisa Storani (Unión Cívica Radical), Juliana Di Tullio (Frente para la Victoria-PJ), Cecilia Merchán (ex Libres del Sur) y Roy Cortina (Partido Socialista). La Campaña había tenido la misma iniciativa con anterioridad, pero ante la falta de tratamiento en el recinto perdió estado parlamentario a principios del año pasado y tuvo que ser presentada nuevamente. La fecha original elegida para abordar el tema era en septiembre de este año y fue postergada debido a la realización de las elecciones nacionales el pasado 23 de octubre lo que hacía peligrar un debate profundo entre los legisladores.
La cuestión del acceso legal, seguro y gratuito a la interrupción voluntaria del embarazo es de las que más polémica desata al interior de la sociedad, en particular por la firme oposición que presenta la dirigencia de la Iglesia Católica y los sectores más conservadores. Es interesante observar como la temática genera diferencias incluso al interior de los partidos políticos, como también lo hizo la discusión de la Ley de Matrimonio Igualitario, en la que ninguno de los bloques mayoritarios votó unánimemente. La Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, recientemente reelecta por amplia mayoría, se expresó en contra de la despenalización del aborto reiteradas veces. Por su parte, la postura del Frente Amplio Progresista tampoco es homogénea y el mismo Binner sostiene una posición poco clara al respecto.
El primer paso para la aprobación de la ley es este martes 1ro de noviembre, cuando se discutirá el proyecto en la Comisión de Legislación Penal del Congreso de la Nación. Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica, es quien la preside e intentará que se pongan en discusión otros proyectos referidos al aborto, incluyendo uno de su propia autoría sobre aborto no punible, situación que ya está legislada hace más de 80 años, en un intento por demorar el debate. Si el proyecto de la Campaña es aprobado allí, aún deberá pasar por las Comisiones de Familia (presidida por Claudia Rucci) y de Salud. Recién superadas esas instancias llegará al recinto. Como indica la normativa, si el proyecto no se trata en el lapso de dos años pierde estado parlamentario, por lo que cualquier demora producida en las comisiones es una traba para la sanción de la ley. A fin de año también se produce un recambio en las bancas de la Cámara lo que abrirá un nuevo y no demasiado favorable desafío.
La reciente campaña electoral sin duda redujo la publicidad del debate, pero no debe sorprender que en los próximos días vuelva rápidamente a la agenda pública. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito ha convocado una concentración frente al Congreso el día del tratamiento y decenas de organizaciones sociales, políticas y del movimiento de mujeres y feminista se harán presentes allí.
El derecho a vivir, el derecho a decidir
En la Argentina, según cifras del Ministerio de Salud de la Nación, se realizan alrededor de 400 mil abortos por año y su ilegalidad y la falta de acceso al sistema de salud de las mujeres que lo practican genera que sea la principal causa del fallecimiento de mujeres en estado de gestación, siendo las principales afectadas aquellas de los sectores populares. En promedio, fallece una mujer por día en nuestro país por la realización de abortos en condiciones insalubres. En ese sentido, la legalización del aborto, acompañada de un plan integral de educación sexual y de políticas de salud sexual y reproductiva que tiendan a garantizar el pleno acceso a métodos anticonceptivos, es una medida elemental para impedir que sigan muriendo mujeres por causas evitables. Vale aclarar que las leyes de Educación Sexual y de Procreación Responsable, aún estando vigentes no están siendo aplicadas, principalmente por falta de presupuesto.
A su vez, la base del proyecto va más allá y cuestiona de raíz el rol de las mujeres en la sociedad y problematiza la maternidad como destino incuestionable para las mujeres. En sus fundamentos expresa claramente que “El derecho a decidir no sólo se circunscribe al derecho a la interrupción de un embarazo, sino que incluye también la posibilidad de decidir la maternidad. Es reconocer a las mujeres como sujetos sociales, como ciudadanas y agentes morales capaces de decidir si desean o no ser madres, el número de hijos y el espacio entre los nacimientos.”
El proyecto de ley garantiza la accesibilidad a métodos de interrupción del embarazo hasta la semana número doce de gestación en un embarazo sin complicaciones y no pone plazo en aquellas situaciones en que se ponga en riesgo la vida de la mujer, sacando del medio a los Comités de Bioética y a los juzgados que son quienes deciden al día de la fecha en los casos de aborto no punible. De esta forma, se pone en primer lugar de importancia la decisión de la mujer sobre su propia maternidad y el cuidado de su salud.
Sin duda, será un debate complejo en el que todos los sectores políticos y sociales sentarán posición. El desenlace parlamentario es aún una incógnita, aunque ciertamente la presión que pueda ejercer mediante la movilización el movimiento de mujeres y feminista jugará un papel fundamental a la hora de generar consenso social y lograr así incidir en la votación al interior del Congreso.