Por Julio Gambina. A una semana de las elecciones de renovación presidencial, todas las miradas y opiniones se concentran en el tipo de cambio.
La primera medida de política económica gubernamental, difundida a 48 hs. de las elecciones, fue el restablecimiento de la “obligatoriedad del ingreso y negociación en el mercado de cambios de la totalidad de las divisas provenientes de operaciones de exportación por parte de empresas productoras de petróleos crudos o de sus derivados, gas natural y gases licuados y de empresas que tengan por objeto el desarrollo de emprendimientos mineros”.
La lectura realizada sobre la medida apunta mayoritariamente a considerar que la política de gobierno requiere potenciar todo mecanismo que le acerque divisas en su haber. Es un dato de la realidad para poder continuar con una orientación que le significó un gran consenso electoral el pasado 23 de octubre. El dato es la pérdida de dólares en las reservas internacionales, que del pico de 52.600 millones de dólares a febrero del 2011, el registro actual ronda los 47.800 millones de dólares (última información del Banco Central al 21/10/2011).
La fuerte demanda de dólares por parte de pequeños y medianos inversores puso el tema en el centro de la discusión.
Muchos pequeños y medianos ahorristas canjean plazos fijos en dólares, aún con elevadas tasas de interés, que en poco menos de un mes saltaron del 9% a valores entre 14 y 20%, según sea el monto y el plazo de la imposición bancaria. Algunos se preguntan por qué los argentinos con algo de recursos privilegian la moneda de un país en evidente crisis y, en realidad, la respuesta no es muy distinta de por qué China o muchos gobiernos invierten sus excedentes en activos estadounidenses, entre otros, en el dólar.
Pero convengamos que el problema no está en los pequeños y medianos inversores, sino que la complicación central es la Remesa de Utilidades al Exterior (RUE) de empresas que ganan cuantiosas sumas en nuestro país y compensan las pérdidas ocurridas en los países de origen (estimadas en 4.500 millones de dólares). Esas empresas, para remitir recursos al exterior, los excedentes, las ganancias, lo que necesitan es primero comprarlos y luego remitirlos afuera. Allí debe buscarse la causa principal de la llamada “fuga de capitales”, lo que acontece sin mediar necesariamente “delito”, que es a lo que convoca la expresión “fuga”. La salida de capitales es absolutamente legal, y Cristina Fernández lo destacó recientemente en una reunión en la Bolsa de Buenos Aires, reconociendo las gigantescas RUE, como dato relevante del modelo productivo en curso, y que en todo caso, el gobierno aspira a su reinversión en el país.
Es en este sentido, ante la continuidad de demanda de dólares, se dispuso desde el lunes 31 de octubre una serie de medidas de control a los compradores de dólares, los que se vincula “on line” con la Administración Federal de Ingresos Públicos. Lo que se buscará es que el comprador demuestre el origen de los fondos y el destino de los dólares, que podrán ser una inversión o utilizados para alguna operación dolarizada.
Es evidente que en el gobierno y especialmente en política económica se considera en forma diferente, en la coyuntura, el impacto de la crisis mundial, buscando mantener el colchón abultado en divisas como forma de enfrentar cualquier ataque especulativo sobre la economía nacional.
¿Alcanzará con las medidas adoptadas?
Hasta ahora, tanto las petroleras como las mineras no manifestaron críticas. Es destacable prestar atención a los dichos de la Barrick Gold, una transnacional con intereses en la explotación y exportación de oro, sea en Veladero o en Pascua Lama, en la Provincia de San Juan, territorio del mayor reservorio de oro en Argentina. Luego de discutir con la secretaría de minería sobre el tema señalan que podrán continuar dentro del sistema y que no hay impedimento para funcionar. El tema interesa, porque la medida parece realizada a medida de las mineras, que hasta ahora podían dejar en el exterior el 100% de sus ventas, puesto que las petroleras no pasan por el momento de otrora, de gran incidencia de ventas al exterior. La medida a favor de petroleras y mineras data de antaño, y fueron ratificadas en el 2004 bajo el gobierno de Néstor Kirchner.
Existen opiniones críticas al régimen de exención a las liquidaciones de las exportaciones, que se interrogan porque se renovó el régimen en el 2004 y recién ahora, ante las dificultades de dólares en poder del gobierno se apunta a una decisión que quizá llegó tarde, por lo menos para las petroleras. En ese sentido, la discusión apunta a considerar ir más allá y revisar el tema de las concesiones por la explotación de los hidrocarburos y recuperar soberanía; del mismo modo que discutir el régimen minero de extracción a cielo abierto para analizar el modelo productivo necesario para un proceso integrado de producción que sirva para satisfacer las necesidades de la mayoría de la población.
Pero los interrogantes alcanzan a la compra venta de divisas, en el sentido que claramente afecta a los pequeños inversores, sin acotar las grandes compras para remesas de utilidades al exterior. La vuelta del dólar paralelo aparece como una posibilidad. Los controles para funcionar requieren de la participación social, algo bastante alejado de un sistema bancario y financiero extranjerizado.
Las medidas de control en la economía requieren de un aceitado aparato estatal debilitado deliberadamente en tiempos del ajuste y reestructuración privatista de la economía Argentina. Revertir esa estructura de poder económico involucrando la participación popular es lo que puede hacer efectivo cualquier control, sea del tipo de cambio, de la operatoria cambiaria, como del sistema financiero y económico.
A pesar de un fuerte consenso electoral, los ruidos en la economía pueden desordenar el clima de la política, y es que todo movimiento alcista del dólar supone deterioro de la capacidad de compra de los sectores de menores ingresos, parte de la base social que explica el éxito en la votación por el oficialismo.