Este domingo se cumplieron cinco años de la quiebra de Lehman Brothers, el banco que fue ícono de la crisis financiera mundial que comenzó en 2007. A pesar de que el gobierno estadounidense debió desembolsar miles de millones de dólares para salvar su economía, actualmente ningún alto ejecutivo ha sido sancionado ni llevado a juicio.
El 15 de setiembre de 2008, cuando Lehman Brothers quebró, la economía estadounidense venía sufriendo desde hacía varios meses por los créditos inmobiliarios de alto riesgo, conocidos como subprime. El Estado federal puso rápidamente a disposición 420.000 millones de dólares para reforzar las cajas del Bank of America y el Citigroup, entre otros, así como de fabricantes de autos como General Motors y Chrysler y grandes generadores de empleo, pero no logró contener el desbarranque.
Entre setiembre de 2008 y setiembre de 2009 la tasa de desempleo subió de 6,1% a 9,8%. La actividad económica decayó, en particular en el último trimestre de 2008. Al mismo tiempo, el déficit fiscal creció de la mano de los planes de rescate, pasando de 3,2% a 10,1% del Producto Bruto Interno (PBI) entre 2008 y 2009.
A pesar de que un colapso mayor pudo ser evitado, la crisis se extendió a Europa, que terminó siendo la región mundial más afectada por la crisis financiera y económica. La caída en recesión de la Unión Europea y de la Eurozona se debió a que los bancos del Viejo Continente participaron activamente en los negocios especulativos montados sobre las subprime y se endeudaron en dólares a tasas muy bajas para invertir en activos de alto riesgo.
La extensión de la crisis a países aislados y pequeños como Islandia o a otros atrasados pero integrados en la Eurozona como Grecia, marcó el carácter profundo y progresivo de una crisis que se ha extendido, como era esperable, a la esfera social y política.
A pesar de esto, el Banco Central Europeo (BCE) logró que el continente no entrara en una crisis que haga colapsar el mercado único. Pero a costa de una política de fuerte austeridad, recorte del gasto público y gran inyección de liquidez que, entre 2008 y 2011, trepó a los 3,2 billones de euros entre garantías y capital propio para los bancos.
¿Quién paga los platos rotos?
El hecho de que la crisis haya estallado en los países centrales de la economía mundial generó un debate en torno a la responsabilidad de los bancos y sus altos ejecutivos en la toma de decisiones que pueden afectar la economía mundial. Sin embargo, a seis años del comienzo de la crisis y cinco de la quiebra de Lehman Brothers la posibilidad de sanciones legales para altos cargos del sector se mantiene como una amenaza lejana.
Los reguladores en todo el mundo aumentaron su escrutinio a los bancos y actuaron contra los delitos financieros ante la exigencia de sus ciudadanos por los costosos rescates públicos y sus consecuente escándalos. Pero esto apenas ha resultado en unos pocos intentos de presentar cargos contra aquellos que se encuentran en lo más alto del escalafón bancario.
En Estados Unidos, sede de Lehman Brothers, ningún alto cargo en todo Wall Street o la banca comercial ha sido condenado en relación a la crisis bancaria de 2008. Por su parte, en territorio europeo, la implosión del sector financiero de Islandia hace cinco años ha finalizado con algunas de las sentencias más importantes, incluida la del expresidente de la entidad bancaria Glitnir, que fue condenado a prisión.
En Alemania y Holanda también se han producido, de manera aislada, condenas de directivos, y algunos casos relevantes pudieron materializarse. La cúpula ejecutiva completa del banco alemán HSH Nordbank está siendo juzgada por las decisiones tomadas en el transcurso de la crisis. Pero en Reino Unido, donde el Royal Bank of Scotland y Lloyds fueron rescatados con un coste de 66.000 millones de libras (78.500 millones de euros), ningún alto cargo bancario ha sido acusado de delito alguno.
Tres ejecutivos de la entidad irlandesa Anglo Irish Bank serán juzgados en 2014, cinco años después de que la investigación al banco comenzara. Mientras tanto en España, unas 100 personas están siendo investigadas por los tribunales por dejar las entidades arruinadas tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, aunque ninguna ha sido procesada aún.