Por Lucho Soria.
La urdimbre judicial y política retrasa tiempos y congela juicios. Hace ya más de dos años, voces militantes como las del abogado Pablo Llonto lo advertían. Revertir el panorama impone un accionar colectivo sin más demora: de lo contrario, el punto final está al acecho.
Toda ley tiene un texto y un contexto. Tras la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, hace más de 10 años, se produjo una aceleración de los juicios. Pero desde el año pasado, tienen un andar cansino.
Los datos son didácticos: más de 120 están a la espera de los pasos definitivos para sentar en el banquillo a los que todavía no han sido condenados. Existe una resistencia manipulada, en particular por quienes desde el bloque de poder la aplican a rajatabla, con la morosidad en la conformación de los tribunales, entre otras acciones.
Además, fuentes judiciales dejaron trascender que se dispondrá la libertad de todos los imputados a la espera de la realización de los juicios, que cada día que pasa se torna utópico. Será la continuidad a las decisiones de selectos miembros de Casación, que el año pasado dejaron libres a los más de 40 condenados de Tucumán y Salta, por no estar confirmadas las condenas.
Hay recursos para acelerarlo. Un aporte podría ser que, de la misma forma en que se tiene que dar a conocer la lista de represores prófugos, deba informarse desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, qué obtura cada uno de los juicios. Así como se desclasifican las cuentas bancarias en causas por los atentados a la AMIA, o por la guerra de Malvinas, corresponde que se acabe con este virtual secreto.
Por ejemplo, sobre el juicio por las desapariciones en el establecimiento yerbatero “Las Marías”, en Corrientes, debería informarse quiénes fueron los imputados iniciales y por qué después quedó implicado un solo militar, por supuesto sin los dueños de la empresa. Cabe recordar que en noviembre un alerta de la Agencia de noticias DDHH impidió el inicio de ese juicio al militar solitario, y desde entonces no hay una sola línea de información.
También podría encargarse de informar el Consejo de la Magistratura, dado que tiene un numeroso plantel de auditores que recorren los juzgados federales en busca del estado de las causas. Pero aparentemente rige la prohibición de difundirlo, y se ignora quién dio la orden y las razones que existen para esconder la información.
Pereza judicial
Una conducta que se visualizó a fines de 2013 y se potenció en 2014, y pese a los reclamos institucionales y de la militancia, es que en más de una provincia todo sigue igual, por ejemplo en Santa Cruz, Chaco, Corrientes, La Pampa, Río Negro, San Juan, Catamarca. También en los expedientes que se tramitan por Campo de Mayo, empresarios, ex funcionarios judiciales, capellanes militares, monjas, etc. Tal como se precisó en la nota Juicios de lesa humanidad: luchar contra el punto final biológico el problema es que el tiempo sigue corriendo.
En ese sentido, hace más de dos años, el abogado y periodista Pablo Llonto advirtió en la reunión en la Cámara de Diputados de la Nación sobre esta llamativa pereza. “O se cambia, o habrá juicios por cien años”, dijo entre otros conceptos respecto de la marcha de la Memoria, Verdad y Justicia y de la urgencia de que se conviertan en mega causas para abarcar la mayor cantidad de imputados.
Consultado por la situación actual, Llonto afirma: “Mientras más años pasan, se necesita más velocidad en los juicios. No podemos conformarnos con 16 o 20 juicios por año en todo el país, porque eso era algo imprescindible y natural. Hay que lograr que los Tribunales Orales Federales ingresen a ritmos de 4 o 5 juicios anuales por jurisdicción. En Lesa Humanidad, teniendo en cuenta que en 2016 se cumplen 40 años del golpe, cada uno de demora equivale a 40 de retraso. No hay más tiempo para esperar y tanto la Comisión Interpoderes, que depende de la Corte, como la Cámara de Casación deben dar urgente tratamiento a este asunto con soluciones excepcionales, o debemos buscar una solución especial por medio de una legislación para el caso. Eso no es crear tribunales especiales, sino resolver situaciones excepcionales”.
Qué hacer
En resumen, no se puede afirmar que la morosidad esté condicionada por las urnas electorales y por quién puede arribar al primer piso de Balcarce 50, a partir del 10 de diciembre. Está dada por miembros del Poder Judicial que definen ese andar cansino y que tienen como modelo a Olivera Pastor y Rabbi Baldi Cabanillas, dos ejemplos de impunidad. Ambos fueron bendecidos por el Consejo de la Magistratura, que dejó pasar el tiempo sin que fueran sancionados por trabar el enjuiciamiento a un represor, pese a las denuncias, que duermen en algún escritorio. Una actitud que es un mensaje para el resto de magistrados y defensores oficiales, empeñados en el mismo objetivo: la dilación. Otro ejemplo reciente es el pedido de análisis de las conductas de los jueces federales sanjuaninos Leopoldo Rago Gallo y Miguel Ángel Gálvez respecto de la fuga de dos represores.
Existe, entonces, una urdimbre judicial/política que obtura la demanda de Memoria, Verdad y Justicia. Por eso hoy va a deliberar la Mesa de Diálogo Institucional y Social en la sede de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, del Ministerio Público Fiscal (Avenida de Mayo 760) en el inicio de una serie de rondas que continuarán en el resto del país, para que, en conjunto, podamos dilucidar qué hacer.