Por Diego Paz. Un análisis del paro sorpresivo de trenes, el reclamo de los trabajadores de los talleres, el sistema ferroviario y el agotamiento de la política de subsidios.
Tras el paro sorpresivo de los maquinistas de La Fraternidad, al día siguiente, los trabajadores de Emprendimiento Ferroviarios Sociedad Anónima (EMFER S.A.) amanecieron cortando la General Paz en reclamo por el incumplimiento del aguinaldo y la quincena. Por su parte, la presidenta, declaró que no tolerará “la extorsión de nadie” y luego el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, denunció penalmente al secretario general de La Fraternidad, Oscar Maturano.
A meses de la cancelación a los concesionarios de los ferrocarriles, y tras la tragedia en Castelar, el vínculo entre el gobierno nacional (actual administrador de la línea Sarmiento) y algunos gremios ferroviarios, ha empezado a desgastarse.
Llamativamente, un gremio del propio riñon oficialista como La Fraternidad tomó la iniciativa reclamando el pago en tiempo y forma del aguinaldo, mientras desde el gobierno, el ministro de Randazzo desmentía los motivos de la huelga alegando que era una “acción de fuerza que no tiene fundamento alguno porque está previsto desde antaño (hace 8 años)” que ese pago se realice “el cuarto día hábil del mes”. Al mismo tiempo, los principales medios de comunicación se hicieron eco de este señalamiento y tildaron la medida de “irracional”. Por su parte, el ministro denunció, en conferencia de prensa, que la medida de los maquinistas se debía a la resistencia de los mismos a la instalación de cámaras en el vagón del motorman.
Por otro lado, este jueves, los trabajadores de los talleres de EMFER S.A. (de propiedad del Grupo Cirigliano y que realiza el mantenimiento de varias líneas como el Sarmiento) reclamaban también el pago del aguinaldo del primer semestre y de la quincena, denunciando que eran rehenes de una puja del grupo para reclamar más subsidios del Estado.
En lo que va del año, como lo señala Jorge Duarte en su nota para Marcha del 17 de junio, “las erogaciones para subsidiar el sistema ferroviario alcanzaron los $2.116 millones (hasta mayo)”, mientras que en el 2012 se destinó un total de $4.708 millones al sistema ferroviario, lo cual sumado a los subsidios al transporte automotor ($16.531 millones) da un total de $21.329 millones. Y como bien señala, “de los $6.824 millones que se transfirieron entre 2012 y 2013 para sostener el sistema ferroviario el 68% fue a financiar el personal”. Por lo tanto, el negocio de los empresarios del transporte radica principalmente en la capacidad de conseguir cada vez más subsidios sin importarle la mejora del servicio ni la emisión de boletos.
Ezequiel Peralta, delegado de los trabajadores de EMFER S.A., en declaración para Radio Sur FM 88.3, denunció al Grupo Cirigliano por ser uno los principales responsables del actual estado de los ferrocarriles. “Nos vemos obligados a tener que hacer este tipo de medidas, ya que Ciriglliano no paga el aguinaldo ni la quincena, nuestro reclamo va por otro lado respecto a lo de ayer (por el paro de La Fraternindad). Lo que nosotros planteamos es que Cirigliano sigue teniendo la reparación de los vagones y como empresario no está asumiendo cómo manejar esta situación, y nosotros estamos viendo que en este tipo de empresas no se puede seguir trabajando más y que el Estado tendría que intervenir y hacerse cargo”.
Respecto a la desinversión y la falta de mantenimiento de los trenes, Peralta decló: “Nosotros hace un año que venimos sufriendo la precariedad en nuestro trabajo y muy bajos niveles de producción hacia dentro. Lo que vemos, hacia futuro, es que nuestro puestos de trabajo están en peligro”. Por otro lado, sobre las declaraciones del ministro Randazzo, aseguró: “Si bien plantea que hay que buscar una solución de fondo a lo que es el sistema de transporte, por lo general siempre se tiende a desprestigiar a los trabajadores”.
“La solución no es una cámara”, resaltó Peralta. “Las soluciones pueden venir por otro lado. Hay sistemas en los cuales se puede garantizar el frenado de los coches sin la necesidad de tener una cámara adentro. Como está planteado el tema, hay cosas más necesarias que una cámara” agregó el trabajador de EMFER.
“El gran problema que tenemos hoy en día es Cirigliano” continuó Peralta. “Nos solidarizamos con los familiares de las víctimas, tanto lo de Castelar como lo de Once, con los cuales, en el caso de Once, hemos tenido su apoyo y diálogo con ellos, y entendemos que Cirigliano es el problema, y con él acá adentro nuestras fuentes de laburo están constantemente en peligro” concluyó.
Luego, por la tarde, el ministro Randazzo denunció penalmente a Omar Maturano en el juzgado federal número 10 a cargo del Julián Ercolini por el delito de “entorpecimiento de servicios públicos”, previsto en el artículo 194 del Código Penal. Consultado por Marcha, Fabio Arechabala, abogado laboralista miembro de la Asociación de Laboralistas Platenses, explicaba: “Ese artículo debe leerse en concordancia con el derecho constitucional de huelga, por lo tanto no puede estar dirigido a los trabajadores dependientes del servicio de transporte, cuya intención no es interrumpir el servicio de transporte, sino ejercer su derecho a retener la fuerza de trabajo en el marco de un reclamo colectivo”.
Por su parte, desde Bariloche, la presidenta exhortó a “hacer un gran esfuerzo” para que los conflictos “se encaminen y se resuelvan democráticamente” y señaló que la sociedad no puede estar “sometida a núcleos de extorsión”, en clara referencia a las medidas de fuerzas adoptadas por los gremios ferroviarios, aunque reconoció que “es imposible vivir en una sociedad sin conflicto”.
Conflictos propios de la tensión entre capital y trabajo, propios de cualquier capitalismo, por más serio que se proponga.