Por Juan Pablo Pulleiro*. A partir de la represión llevada a cabo por la Policía Metropolitana el viernes pasado en el Hospital Borda, resulta pertinente hacer un análisis de la política de salud del macrismo que muestra que este hecho no es una excepción.
El violento desalojo de los servicios de talleres protegidos no es un hecho aislado en los terrenos del hospital y permite echar luz sobre discusiones urgentes para la Salud de la ciudad. El año pasado otros servicios fueron los intervenidos por la Policía Metropolitana. Siempre con el mismo objetivo: permitir el acceso de las topadoras y comenzar el tan esperado proyecto de centro cívico en el espacio físico del neuropsiquiátrico.
Esta situación da cuenta de una problemática estructural en la Ciudad de Buenos Aires que no ha logrado abordar ningún gobierno, pero que se ha profundizado en los últimos años. Desde la sanción de la ley 448 de Salud Mental (2000) la ciudad cuenta con una herramienta legal que propone un proceso de desmanicomialización y desintitucionalización que implicaría la transformación de las instituciones del sistema de Salud Mental. Lo propuesto por esta ley pretende la sustitución de lógicas de atención que han primado desde el siglo XIX en lo que respecta a la atención de los llamados “pacientes mentales”. Estas lógicas tienen como eje el encierro como estrategia principal y desde hace décadas son cuestionados por el carácter iatrogénico de dichas prácticas. Es decir que lejos de mejorar la situación de los pacientes estos empeoran. Un dato esclarecedor es el tiempo de duración de las internaciones, que en el Hospital Borda rondan los 10 años en promedio.
Es decir que un proceso que persiga esos principios apuntará a sustituir los llamados “Manicomios” (Borda, Moyano y Tobar García) por una red de instituciones que permitan intervenir en la comunidad, y realizar abordajes interdisciplinarios e intersectoriales que posibiliten minimizar la cantidad de pacientes que requieran del recurso de la internación. Por otro lado, esta debe realizarse en cortos plazos y en instituciones que contengan un pequeño número de camas o en hospitales generales. Esta red es inexistente.
El Estado de la Ciudad de Buenos Aires no ha construido ninguno de estos efectores e incluso, en los últimos años, instituciones existentes (como los Centros de Salud Mental 1 y 3) se ven continuamente reducidas en recursos y en cantidad de profesionales y, por ende, en su capacidad de atención.
En el año 2008, el gobierno del PRO anunció la realización del Centro Cívico en los terrenos del Hospital Borda. Desde el inicio, la excusa legal fue el cierre del Manicomio en supuesta consonancia con lo planteado con la Ley 448. Si bien experiencias de “desmanicomialización” en el mundo muestran como culminación del proceso el cierre definitivo del Manicomio, el éxito de las mismas se sustenta en la construcción de los dispositivos que contengan y garanticen las necesidades de salud mental de la población.
La pregunta obligada es qué sucederá con los usuarios (presentes y futuros) si se continúa con el vaciamiento (existente) de los efectores de salud mental. Lo que sucederá en realidad ya viene ocurriendo.
En los últimos años, se ha consolidado un negocio extremadamente rentable en torno a la Salud Mental que ha crecido en el sub-sector privado pero que es promovido desde el gobierno. Basta con recordar la Resolución Nº 52/12, por la cual se llama a licitación pública para la contratación del “Servicio de internación prolongada de pacientes psiquiátricos y pacientes gerontopsiquiátricos, con atención médica integral en salud mental, con el objeto de lograr su rehabilitación y su reinserción social”.
Más allá de que esta resolución se encuentre hoy frenada por un recurso de amparo, este acto del gobierno permite reconocer la metodología utilizada para privatizar un servicio que se ofrecía en los efectores públicos. En este caso, deja de existir en el ámbito público estatal y sólo se lo ofrece en los otros subsectores.
Se trata de la expansión de instituciones como hogares, geriátricos y clínicas psiquiátricas cuyo negocio está basado en la permanencia de las personas que padecen mentalmente. Allí se cobra por el tiempo de permanencia. Allí la internación es dinero. Allí van a parar los usuarios cuando tienen algún tipo de cobertura médica (medicina prepaga, obra social, seguridad social) y cuando no, quién sabe a dónde.
* Miembro del Observatorio de Políticas para la Ciudad (OPC) – www.politicasdelaciudad.com.ar/ / Psicólogo CSM N°3 / Docente Salud Pública y Salud Mental (UBA)