Por Andrea Raina. A 6 años de la desaparición de Jorge Julio López, Marcha entrevistó a Andrés Destéfani, hijo de Silvia Suppo.
Silvia Suppo fue testigo clave en el juicio del año 2009 en Santa Fe que condenó por primera vez a un Juez Federal, Víctor Hermes Brusa, por delitos de lesa humanidad. A partir de sus identificaciones y del testimonio detallado de su secuestro, violación y tortura durante la última dictadura militar, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a 23 años de prisión a Héctor Colombini y Eduardo Ramos (jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas y policía respectivamente); 22 años para Juan Perizotti (jefe de la Guardia de Infantería Reforzada), 21 a Víctor Brusa, 20 a Mario Fascino (ex jefe del Comando Radioeléctrico de Santa Fe y de la comisaría cuarta); y 19 años a la carcelera María Eva Aebi.
El lunes 29 de marzo del año 2010, Silvia Suppo de 51 años de edad fue asesinada en su comercio del centro de la ciudad de Rafaela. Sus familiares y compañeros organizados en el “Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo” exigen el esclarecimiento del caso.
Decías que es la primera vez que venís a La Plata, a una marcha por Julio López, ¿no?
Sí, es la primera vez, para nosotros es muy importante. Estamos muy emocionados de poder compartir y también hacer sentir nuestra voz de reclamo y de repudio ante la inacción, la apatía, la indiferencia de amplios sectores políticos. Bueno queríamos traer nuestro reclamo y nuestro acompañamiento a todos ustedes en este día tan especial.
Para nosotros está claro que el antecedente directo del asesinato de nuestra vieja es la desaparición de Julio, para nosotros hay un vínculo directo y son parte de una misma cosa, de la impunidad, de la imposibilidad, a pesar de tantos años de democracia, de haber podido concretar ese famoso “Nunca Más”, ¿no? Es parte de lo mismo y por eso seguimos luchando. También por otro lado, hemos experimentado un proceso de organización, digamos de militancia, de poder reanudar un compromiso que fue muy importante y también es esperanzador de cara al futuro.
¿Cómo se dio esa organización en Rafaela, en la provincia de Santa Fe, con qué sectores articulan?
En nuestra ciudad, el primer acercamiento obviamente fue a partir del dolor de muchos compañeros, familiares y poco a poco les fuimos dando forma y hemos podido conformar lo que hoy es el “Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo”, que es un colectivo de colectivos. Está integrado por distintas organizaciones que militan en nuestra ciudad que tienen trabajo barrial, cultural, social, centros culturales y poco a poco hemos podido tratar de ir articulando con otras organizaciones de la provincia y también a nivel nacional; siempre con las limitaciones que por ahí supone la falta de recursos y demás pero nuestro objetivo desde hace dos años es poder conectarnos y levantar nuestra bandera pero también la de todos los compañeros. Por eso decidimos, donde podemos, ir y estar presentes, acompañar la lucha por un país mejor, digamos.
¿Cómo es la relación con el gobierno local de Rafaela y con el gobierno provincial de Santa Fe?
Desde un primer momento señalamos, lo que es una actitud común en la mayoría de las causas, la indiferencia, la falta de visibilización, el silenciamiento y el mirar para otro lado de amplios sectores políticos. En cuanto al gobierno local hubo al principio un pedido de esclarecimiento pero siempre muy tibio, nosotros hemos manifestado nuestra disconformidad y se han producido algunos hechos de acercamiento. Como con el espacio habíamos pintado un mural que fue censurado, fue pintado de negro, el Municipio y el Consejo en conjunto sacaron una nota de repudio a esta acción y un respaldo al espacio.
Y en relación al gobierno provincial, hemos hecho un reclamo muy fuerte. Incluso de alguna manera creemos que el gobierno provincial ha puesto palos en la rueda, ha actuado en contra de la causa, tratando de imponer la teoría del “crimen en ocasión de robo”. Incluso ha deslegitimado nuestro espacio en un medio local, en el diario Castellano, nos ha faltado el respeto. Ha intervenido, ha politizado la causa, dando declaraciones en un momento donde todavía estaba un proceso de instrucción abierto y donde los funcionarios no tenían por qué opinar. En esta instancia, hemos decidido romper relaciones con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, y con el gobierno provincial en general y salirnos del Programa de Protección a Testigos porque entendíamos que si para ellos era un delito común, no teníamos por qué los hijos estar haciendo uso de un programa que está diseñado para otras cosas.
¿Desde qué momento estuvieron en el programa de protección a testigos?
Empezamos casi de inmediato, luego del asesinato de mi vieja, como hijos.
¿Ella no había integrado el programa?
Mi vieja no había participado porque, al igual que nosotros, no creía que fuera la mejor medida que se tenga que tomar. Sino que la mejor medida es terminar con la impunidad, que los responsables del terrorismo de Estado estén presos y no circulando en la calle con nosotros.
En un momento, uno podría cuestionar por qué nosotros asistimos. Pero bueno, fue un momento de inseguridad muy latente después de lo de mi vieja y por ahí sentimos que era necesario; pero más allá de eso tenemos en claro cuál es el rumbo, cuál es el objetivo principal que es terminar con la impunidad.
Hasta acá el panorama local y provincial, ¿y el contacto con el gobierno nacional cómo es?
Pudimos establecer contacto en primera instancia con Aníbal Fernández, que nos facilitó algunas cuestiones importantes para la causa, nos puso en contacto con la unidad de victimología con la que venimos trabajando hasta el día de hoy. En su momento pudo garantizar la disposición de gendarmería para hacer algunas diligencias y algunos peritajes en el lugar del hecho que dieron resultados muy importantes. Por otro lado tenemos que mencionar que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es querellante y acompaña el reclamo y la mayoría de las medidas que venimos solicitando los hijos y nuestros abogados.
¿Ese es el estado actual de la causa?
Sí, más allá de que tenemos en claro, y el juez Rodríguez ha demostrado en numerosas oportunidades, que no tiene la voluntad de profundizar, que no quiere continuar la causa, que se la quiere sacar de encima y avala desde un primer momento la teoría del robo. Por lo tanto se ha dedicado hasta el momento a apilar fojas, a tomar medidas inconducentes y superficiales y a entorpecer y ensuciar el avance de la causa; incluso haciendo que todo se demore cuando sabemos que cuanto más tiempo pasa más difícil es poder recaudar pruebas y más difícil es avanzar.
¿Qué garantías te parece que da el Estado para los testigos en los juicios de este tipo?
Pocas, no sé cuál es la mejor política de Estado. Yo creo que la del programa de testigos evidentemente no. En Rafaela, las personas que se la llevaron a mi vieja cuando la secuestraron -hubo un operativo a nivel local que en el mismo día levantaron a varios- continuaron en función y las veíamos nosotros.
La única que nos queda es que cuanto más visibles seamos, y más exposición tenemos, por ahí es más difícil que te hagan algo, pero la única forma de proceder es seguir, no hay otra. Si te metes adentro, te aislas y te quedás solo, y eso no sirve.