El modelo de educación de Rodríguez Larreta expone cada vez más sus límites al profundizar la problemática de los comedores escolares. Entrevista con Natalia Daniel y Alejandra Giusti de la lista Granate de UTE.
Por Agustín Bontempo / Foto Facundo Luque
El modelo de educación Pro es ya conocido. Desde los años de gestión de Mauricio Macri que los presupuestos se acotan, se estigmatiza a trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes. Una perspectiva que asume total claridad con aquella frase en 2017 del entonces presidente: “Una terrible inequidad, de aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública”.
La gestión de Horacio Rodríguez Larreta vino a continuar y profundizar varios puntos de esta situación. El 2020 arrancó con los reclamos salariales y por condiciones de trabajo de capacitadores y capacitadoras docentes pero veníamos de años de conflictos. Las falta de decenas de miles de vacantes para las y los niños que se repite, el intento de cierre de los institutos de formación para poder avanzar en la UNICABA, una medida que ajustaba a la educación, denigraba la formación y favorecía los negociados inmobiliarios pero pudo contenerse con la organización del las y los trabajadores del sector.
Todo esto venía a sumarse a la ya conocida deficiencia en materia de infraestructura que se evidencia ante cada lluvia, especialmente en las escuelas del sur de la Ciudad. Y esto no debe sorprender: la gestión de Soledad Acuña al frente del Ministerio de Educación de CABA redujo el presupuesto en mantenimiento en un %20 y en infraestructura en un %5. Esta reducción se enmarca en una crisis más general que se representa en el ajuste en todo el sistema educativo. Entre 2006 y 2019 el Pro redujo el presupuesto en educación en un %9. Los resultados están a la vista.
Ante este escenario general y con la propagación de la pandemia del coronavirus, era factible que en la ciudad donde los comedores escolares cumplen una función esencial especialmente en las familias con mayores dificultades económicas, sería adversa. Al respecto, hablamos con Natalia Daniel y Alejandra Giusti, integrantes de la lista Granate en la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).
Antes de la situación de la pandemia, ¿los comedores en qué situación estaban?
La crítica situación de los comedores escolares y de las viandas entregadas en las escuelas data de hace muchos años. La declaración de cuarentena ha dejado expuestas muchas de las irregularidades y deficiencias arrastradas a lo largo del tiempo mientras nuevas problemáticas se agregan al cuadro general, ante decisiones irresponsables y falta de escucha por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Partimos de un problema: el comedor escolar es un espacio privatizado dentro de la escuela pública. Esto significa que la alimentación en las escuelas se desarrolla bajo criterios empresariales de reducción de costos y maximización de ganancias, en vez de guiarse bajo la idea de derecho garantizado por el Estado. Las empresas concesionarias de comedores escolares tienen escaso o nulo control por parte del Estado y especulan sus ingresos con la malnutrición de les niñes en las escuelas.
¿Qué gestiones o reclamos vienen llevando desde su espacio para que el gobierno revise la situación?
Hace ya tiempo venimos denunciando que en el distrito más rico del país, la Ciudad de Buenos Aires, la comida entregada en la escuela (tanto la de comedor de las jornadas completas como las viandas de jornada simple) no alcanza ni de cerca el valor nutricional necesario para niñes en edad escolar. La calidad de la comida es tan baja que les mismes funcionaries del gobierno se han negado públicamente a probarla en sus visitas a las escuelas.
Las situaciones irregulares, denunciadas por los sindicatos en cada mesa de negociación con el gobierno, se repiten año tras año. En el 2017 el Gobierno de la Ciudad modificó el medio de acceso a las viandas, estableciendo un formulario on-line que cada familia debe bajar de internet, imprimir, completar y llevar al Distrito Escolar. Esta modalidad restrictiva y confusa hizo que se presentaran menos formularios de viandas no por falta de necesidad sino por imposibilidad de solicitarla. En 2018 se implementó el programa “Alimentación Saludable” que implicó la reducción de las raciones, la eliminación del pan (con el que lamentablemente muchas veces les niñes se llenaban ante la escasa comida del plato) y la especulación de cantidad de comida en función del ausentismo, enviando en promedio un 20% menos de raciones, a partir del supuesto de que esa cantidad de niñes falta a la escuela diariamente. Durante el 2019 modificaron el menú nuevamente, reduciendo aún más las cantidades de carne (reemplazando, por ejemplo, el pastel de papa y carne por pastel de lentejas). Y en el 2020, aún con las pocas semanas de clase que hubo, llegaron a haber tres escuelas con varios casos de intoxicación por comida en mal estado.
¿La situación se profundizó en esta coyuntura?
A pesar de todas estas falencias denunciadas, la comida que se da en la escuela sigue siendo, muchas veces, indispensable para las familias de los barrios populares de la Ciudad. Es por eso que la política adoptada por el Gobierno durante los últimos días para la continuidad de la entrega de comida escolar generó una situación crítica. A partir de la declaración de la cuarentena se determinó la entrega de viandas (es decir, un sanguche con una feta de queso y una feta de fiambre, más una fruta que muchas veces viene en mal estado) en todas las escuelas, sean de jornada simple o de jornada completa. A esto se suma la escasez de viandas debido a que, con la interrupción de las actividades escolares, muchas planillas para su solicitud no fueron entregadas por las familias.
Pero lo peor vino cuando, desconociendo las realidades de los barrios y la organización existente entre escuelas y distritos, el Gobierno propuso una “reorganización”, modificando y nucleando las sedes de entrega de alimentos en un solo edificio escolar para comunidades de dos o tres escuelas. No sólo generaron así la aglomeración de gente en las sedes de entrega, sino que supusieron que las familias podían trasladarse hasta veinte cuadras, exponiendo su salud y sorteando el creciente control policial.
Durante los días miércoles 25 y jueves 26 de marzo las situaciones conflictivas se repitieron en distintos puntos de la Capital Federal: en la villa 21, donde el hostigamiento policial se ha recrudecido, las familias tienen que trasladarse fuera del barrio, a más de quince cuadras. La comunidad del Esnaola de Saavedra debe buscar sus viandas a treinta cuadras de distancia, en Villa Urquiza. También hubo cambios de horarios y sedes de entrega durante el transcurso de la jornada, generando que muchas familias no reciban la comida, y en algunos lugares las leches fueron a un lugar y los sanguches a otro.
¿Qué medidas vienen adoptando desde su organización gremial?
En estos días desde las escuelas nos organizamos entre les docentes y las cooperadoras para avisarles a las familias por todos los medios posibles los lugares de entrega de viandas y para denunciar la situación actual. También, ante la inminente posibilidad de que la cuarentena se extienda, demandamos que se realice una reorganización íntegra del sistema de entrega de alimentos, en la que se garantice comida de calidad nutricional y la menor circulación y aglomeración de gente posible. En este sentido, propusimos que el gobierno asegure la entrega de bolsones de comida con alimentos diversos, saludables y nutritivos en las mismas escuelas a las que asisten les alumnes todos los días para todas las familias que lo soliciten.
Finalmente, después de hacer oídos sordos durante días, por la presión y ante la imposibilidad de sostener un sistema tan riesgoso como ineficaz, el Gobierno de la Ciudad tomó la propuesta de la entrega de bolsones, anunciando que se realizarán cada diez días. Sin embargo, no sólo surge la problemática de que aún no queda claro dónde se hará dicha entrega, sino que el anuncio indica que recibirán bolsón les alumnes que hayan presentado la solicitud de vianda o comedor, cuando sabemos que muchas solicitudes no han podido ser entregadas al entrar en cuarentena. Por otro lado, basándonos en la experiencia nos permitimos dudar de la calidad y valor nutricional de la comida que se entregará. Es por eso que sostenemos la exigencia de que los bolsones sean para cada alumne matriculade, que se retiren en las escuelas a las que asisten y que cuenten con comida nutritiva, entendiendo que en tiempos de pandemia, una buena alimentación es condición indispensable para la salud.
¿Cómo se enmarca esta situación en un plano más general de la educación en Ciudad?
El extraordinario proceso que estamos viviendo en la actualidad visibilizó una de las tantas problemáticas en las que se encuentra la educación pública. A partir de lo ocurrido esperamos y exigimos que la alimentación de nuestres alumnes deje de ser considerada un negocio y sea garantizada de una vez y para siempre como un derecho. Además esta situación de cuarentena puso en evidencia que les docentes somos actores fundamentales de la realidad política y social de nuestro país, y desde nuestro trabajo, desde nuestro compromiso cotidiano y desde el vínculo con la familias conocemos mejor que ninguna esfera estatal la realidad y las necesidades que tienen las comunidades. Sabemos que en los barrios populares es donde más se hace sentir la adversidad económica, habiendo una gran mayoría de familias sostenidas por trabajadores y trabajadoras de la economía popular, con empleos no registrados que en este momento no disponen de ingresos fijos. Es por eso que les docentes queremos ser escuchades y tenides en cuenta para pensar la mejor manera de llegar a los barrios. Como lo hacemos día a día en el aula, también hoy, ante esta situación queremos hacer nuestro aporte a la construcción de infancias y juventudes dignas.