Por Tamara Perelmuter. El miércoles 16 de noviembre Javier y Arturo Juárez, sicarios del empresario Ciccioli, asesinaron de un disparo a Cristián Ferreyra e hirieron de gravedad a otro militante de MOCASE – Vía Campesina, ambos de la comunidad San Antonio de Santiago del Estero.
Sin embargo, no se trata de un hecho aislado. La provincia de Santiago del Estero fue la primera en la región extra- pampeana que incorporó en forma extensiva e intensiva la producción a través del paquete tecnológico de la soja. Desde la campaña 1992-1993 a 2010, la superficie sembrada de soja se incrementó en un 300%. En 2011 la producción ocupa más de 1 millón de hectáreas.
Esto ha implicado un cambio abismal en las relaciones de producción, no sólo por las características particulares del cultivo de la soja, sino también porque la implementación de este cultivo ha sustituido al algodón y otros tipos de cultivos. De esta manera, tierras habitadas tradicionalmente por comunidades campesinas comenzaron a ser ansiadas por empresas del agronegocio para la expansión en la zona. A mediados de los ’80 aconteció una primer oleada sistemática de desalojos de tierras a familias rurales, situación que se recrudeció a mediados de los 90 con la entrada de la soja transgénica y el corrimiento de la frontera agraria.
El 4 de agosto de 1990, en la localidad de Quimilí, se oficializó la conformación del MOCASE: la defensa de la tierra es el eje central de sus luchas. A los continuos intentos de desalojos las comunidades respondieron con organización, resistencia e incluso retomas de campos.
En los últimos tiempos, los campesinos santiagueños vienen resistiendo los constantes intentos de desalojo por parte de empresarios. El método común que estos emplean es contratar matones armados para realizar amedrentamientos. Algunos de los ejemplos más recientes son la detención arbitraria de Ricardo Cuellar, el atentado a la FM Pajsachama, la quema de ranchos y pertenencias de campesinos de la CCCOPAL, una de las centrales de la organización. El MOCASE, a través de un comunicado de prensa argumentó sobre el motivo que los pone en resistencia permanente: “esto ocurre con complicidad y alevosía de parte de autoridades provinciales y funcionarios del poder judicial e instituciones como la dirección provincial de bosque, quien autorizó el desmonte en un lugar donde viven familias campesinas indígenas de varias generaciones”.
Hoy el MOCASE es una referencia para decenas de organizaciones que nacieron en los últimos años. También es uno de los pilares en la conformación del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), una experiencia novedosa de organización rural del país de la que participan unas 15.000 familias de ocho provincias y que demuestran día a día que la tierra tiene y debe ser de quien la trabaja, la habita y la defiende.