Por Martin Scalabrini Ortiz. En los últimos días ha vuelto a tener preponderancia en los medios nacionales la cuestión de la producción de hidrocarburos. La medida de expropiación del 51% de YPF tomada el año pasado tuvo su continuidad con el anuncio de un acuerdo entre la empresa nacionalizada parcialmente y la española Repsol.
En distintos medios y sectores se han realizado diferentes análisis sobre los alcances y el monto con diferentes variaciones según el origen de esos análisis.
La política energética de los últimos 10 años ha ido variando entre la continuidad de las neoliberales de los noventa, con alguna apropiación de la renta mediante retenciones desde el comienzo y congelamiento de tarifas con subsidios para mantener los precios bajos y apuntalar el crecimiento económico. Se suma además, el ingreso de un actor privado “nacional” en la mayor petrolera argentina con resultados muy cuestionables, y la modificación del escenario jurídico-legal con mayor intervención estatal llevado adelante en el año 2012 con la ley de expropiación parcial de YPF (Ley 26.741/12) y el Decreto 1277/12 que derogó los principales artículos de los decretos menemistas de desregulación del mercado de hidrocarburos del año 1989. Y estas últimas medidas motivadas principalmente por la necesidad de hacer frente al enorme déficit energético en la balanza comercial. (U$S 2.931 millones en 2011, U$S 2.738 millones en 2012 y U$S 5.792 millones hasta octubre de este año)
A partir de principios de este año, se vuelven a retomar algunos conceptos propios de la década del noventa, tales como incentivos y beneficios, con nuevas resoluciones que llevaron el precio del gas nuevo (aquel que una empresa produce por encima del promedio de su producción) en el mercado interno a U$S 7,50 por MMBTU (millón de BTU es una medida de energía) y el precio del petróleo a U$S 70 por barril (unidad de volumen característica de la industria petrolera equivalente a 159 litros).
Por otra parte, aparece el Decreto 929/13 que retoma conceptos como “libre disponibilidad” (por un 20% de la producción total a partir del quinto año con opción de mantener las divisas obtenidas por exportación de ese porcentaje en un 100% fuera del país) y beneficios, tales como reconversión de concesiones ya entregadas y extensión de plazos de explotación, para aquellas empresas que decidan invertir más de U$S 1.000 millones en proyectos relacionados con los llamados recursos “no convencionales”.
Expropiación con indemnización: ¿a qué precio?
La expropiación de parte de las acciones de YPF incluía una indemnización a Repsol del valor de esas acciones que ahora están en poder del Estado Nacional y algunas Provincias (Ley 26741, Art. 11 y 12). Resulta razonable que de alguna manera se pague por lo que cambia de dueños, tal como lo hizo Venezuela con Techint cuando nacionalizó la empresa Sidor. La discusión pasa a ser el monto de la retribución y bajo qué conceptos se analiza.
Los principales medios opositores se dedicaron a resaltar las supuestas contradicciones del Gobierno Nacional entre el momento en que tomó la medida y la última semana en la que se llegó a un principio de acuerdo. Algunos artículos hablan de “volantazo de la Presidenta” (La Nación, Luis Majul, 28/11/13), de “intento de justificar el arreglo, resistido por la militancia” (La Nación, Mariano Obarrio, 29/11/13) o de “tardía rectificación” agregando que el acuerdo es un “gesto de sensatez” (La Nación, Editorial, 28/11/13). Otros se dedican a clarificar que se terminará pagando una suma mayor, cerca de U$S 8.000 millones (Clarín, Marcelo Canton, 29/11/13) como si no se supiera que cualquier monto a plazos se termina pagando más que el valor presente. Ámbito Financiero se dedicó a analizar los efectos sobre el mercado (29/11/13) y el posible ingreso de Pemex en asociación con YPF (1/12/13).
La magnitud de la cifra y su razonabilidad es poco analizada. Alfredo Zaiat (Página/12, 1/12/13) ofrece una versión de ese análisis destacando que se actuó con fortaleza, mencionando un artículo de la agencia de noticias financieras Bloomberg, y ofrece un análisis que utiliza conceptos financieros como valuación de mercado (entre U$S 12.000 y U$S 16.300 millones), perspectivas de crecimiento, etc. y de paso indica que Brufau es duramente cuestionado por medios españoles como una prueba de que la actuación argentina fue decorosa.
Sin embargo, no es en términos financieros que se debería analizar el valor de lo expropiado sino que debería tenerse en cuenta el “valor objetivo del bien” tal como lo declara la Ley 21.499/77 de Expopiación, que dicho sea de paso es de la época de la Dictadura Militar. La misma ley aclara que no se deberán tomar en cuenta ganancias hipotéticas ni se pagará lucro cesante. Eso es justamente lo que determina el valor de las acciones en el mercado. Los valores de las acciones varían de acuerdo a las expectativas de los compradores y los vendedores. Si por alguna razón muchos actores financieros suponen que la empresa tendrá mayores ganancias tenderán a comprar y el precio subirá. Si, por el contrario, esos actores piensan que la empresa ganará menos tenderán a vender y el precio bajará. Esas son las leyes del mercado que actúan bajo expectativas. Justamente lo que la ley dice que se no se debería tener en cuenta.
La pregunta es de qué manera se determina el valor objetivo del bien. YPF declaro según el balance publicado antes de la expropiación que su patrimonio neto era de alrededor de U$S 4.200 millones, con lo cual para el 51% da una cifra cercana de U$S 2.100 millones. Este valor sin tener en cuenta lo que se llevó Repsol desde 1999 y los pasivos ambientales que generó.
El Gobierno ha decidido recuperar la producción de gas y petróleo con incentivos y beneficios, tal como lo mencionamos al comienzo del artículo. El acuerdo cumple la función de allanar el camino a futuras asociaciones con distintas empresas, sean nacionales o extranjeras, principalmente éstas últimas, al desactivar la denuncia de Repsol ante el CIADI, institución multinacional a la que aún nuestro país adhiere. Además del acuerdo con Chevron, YPF ha firmado un acuerdo con la norteamericana Dow y posiblemente realice una asociación con la mexicana PEMEX. Estos acercamientos se explican por el interés de las empresas involucradas en poner un pie en Vaca Muerta, con cuantiosos recursos no convencionales, y apuntalar a la Argentina como país exportador de petróleo. Sin embargo, este perfil no soluciona nuestros problemas en la balanza energética dado que nuestro país importa gas natural y no petróleo, aunque éste último se sigue exportando.
En definitiva, el pragmatismo a veces va en dirección contraria a conceptos como “soberanía”, que significa que podamos decidir por nosotros mismos, y en el afán de buscar soluciones rápidas, se dejan de lado este importante concepto.