Por Carolina Vásquez Araya desde Guatemala – @carvasar / Foto: Dagna Faidutti
A principios de febrero la ONU exigió a los países afectados por el virus del zika ofrecer educación sexual y la modificación de leyes restrictivas que penalicen la interrupción del embarazo ante posibles casos de mujeres afectadas en su salud. Ante esto, el debate sobre el reconocimiento del derecho al aborto parece reposicionarse en la región nuestroamericana.
Una espina en el ojo no sería más molesta para los gobiernos de la región como el planteamiento hecho por la ONU sobre permitir el derecho al aborto y el acceso a métodos anticonceptivos para las mujeres que viven en países en donde actualmente se presenta una fuerte incidencia de casos de zika, como es el caso de América Latina.
La prevalencia de la doctrina católica en los países latinoamericanos, cuya influencia ha sido estampada hasta en los textos constitucionales —aun cuando la mayoría de Estados se autodenomina laico— constituye un obstáculo aparentemente infranqueable para uno de los problemas sociales de mayor impacto en estos países de población mayoritariamente pobre y sin acceso a la salud, y mucho menos a la educación sexual y reproductiva.
De ahí que el temor de un incremento incontrolado de abortos clandestinos con consecuencias fatales surja como derivado de restricciones a la práctica del aborto en establecimientos sanitarios legales y bien equipados. Esto, considerando que el entorno en el cual se desarrolla la vida de estas comunidades es de tal vulnerabilidad y marginación, que en el futuro cercano no existen mayores perspectivas de acciones eficaces para evitar la propagación del zika, ni del chikungunya, ni del dengue y tampoco de la malaria. Pero, adicionalmente, del hambre y la desnutrición, la falta de acceso a servicios de salud y la indiferencia de los gobiernos.
Se estima que unas 25 millones de mujeres carecen de acceso a métodos anticonceptivos en el continente latinoamericano, pero es probablemente mayor el número de quienes, a pesar de tenerlo, no los utilizan por razones religiosas o desconocimiento. También se conoce la tremenda prevalencia de violencia intrafamiliar, violaciones sexuales, incesto y trata de personas a quienes el sistema actual deja al margen de la protección de los Estados. Esto significa un problema de enormes dimensiones y requiere más de una visión humanitaria, sanitaria y de derechos, que de un manifiesto doctrinario.
Las víctimas de la mayoría de enfermedades transmitidas por los mosquitos se encuentran en áreas rurales o en zonas marginales, desprotegidas y sujetas a la voluntad de autoridades locales, quienes usualmente han sido electas por medio de campañas financiadas a través de acuerdos financieros y políticos. Estas autoridades muchas veces carecen de los conocimientos técnicos y legales para tomar decisiones de tanta responsabilidad, por lo cual los Estados de la región se sostienen en una cadena llena de eslabones rotos. Su tarea —titánica, por cierto— es diseñar e implementar políticas sanitarias coherentes y ajustadas a las emergencias del momento, como esta probable pandemia de zika que asola a los pueblos y a sus nonatos.
Los síntomas de las enfermedades transmitidas por los mosquitos son ampliamente conocidos por haber sido divulgados por todos los medios de comunicación, pero principalmente por quienes tienen acceso a ellos. Sin embargo, las medidas de protección son relativas a las condiciones de vida de las personas, o no existen o son prácticamente imposibles de implementar para evitar las peores consecuencias de estos males, una de las cuales es la microcefalia en los bebés y el síndrome de Gillian Barret, para ninguna de las cuales existe cura conocida.
De no responsabilizarse los Estados de la región de manera congruente con su mandato de proteger a la persona y a la familia —común para todos, sin duda— se encontrarán con una crisis humanitaria fuera de proporción. El momento de las decisiones, aun cuando es difícil, resulta inevitable.