Foto: En La Vuelta
Por Lucrecia Fernández, Gloria Cosentino y Luka Morello. El 2014 estuvo a la orden del día en temáticas de Derechos Humanos, aquí el resumen del año de Marcha de algunos de los asuntos más destacados en materia represiva en la Argentina durante este año.
El 2014 nos dió un nutrido panorama de cuáles son las problemáticas principales y las deudas que en materia de Derechos Humanos aun nos atraviesan gravemente. En los momentos finales de un año que se va con una consigna clara al menos para el estado: una justicia que es funcional a los poderes estatales y empresariales, y una institución policial, que en todos sus niveles responde a la clase dominante.
La violencia institucional, la represión, el gatillo fácil, la coexistencia narco-policial, y la discriminación y selección por clase o color político que desde las instituciones judiciales se realiza a la hora de investigar o impartir penas, son los ejes principales que atravesaron este panorama que se asienta en estructuras e instituciones que se han mantenido en lo fundamental intactas y hasta se han perfeccionado en su funcionamiento en 31 años de democracia, volviéndose más peligrosas cuando las señales que se dan en materia de Derechos Humanos desde el poder político son nombramientos como el de Milani o el respaldo a personajes como Sergio Berni, experto en xenofobia y represión a la protesta.
El 2014 nos deja desafíos y problemáticas que no podemos dejar de poner como principales dentro de una agenda que busque memoria, verdad y justicia, a las puertas de un 2015 que parece dejarle el camino más abierto a opciones políticas más conservadoras y derechosas.
En este sentido el 2014 estuvo a la orden del día en relación a los Derechos Humanos. Aquí el resumen del año de Marcha de algunos de los temas más destacados de lo que fue en materia represiva la Argentina este año.
Milani: la contracara del “gobierno de los DDHH”
El 18 de diciembre del año 2013 se aprobaba el cuestionado pliego de los 200 ascensos en el Ejército Argentino, donde se incluía el del General Cesar Milani. Desde el momento en el que se conoció la noticia, la familia de Alberto Ledo, como así también Ramón Olivera otro denunciante contra Milani por su secuestro y el de su padre, fueron categóricos en hacer pública la denuncia y el total repudio al nombramiento. Durante el 2014 las repercusiones, los reclamos y las denuncias contra Milani no cesaron. Así fue como en mayo pasado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció “graves irregularidades y el posible cierre de la investigación” sobre César Milani, Jefe del Ejército Argentino, en el caso de detención y tortura de Pedro Olivera y su hijo, Ramón Alfredo Olivera, durante la última dictadura Militar. Frente a esto, tanto el fiscal que lleva la causa como el propio Milani, respaldado por el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, salieron al cruce de dichas declaraciones. Milani se excusó indicando que en el momento de detención de Olivera padre e hijo, él solo tenía 21 años, y no estaba en un cargo de mando.
El 2014 termino con el pedido de indagatoria de Cesar Milani por parte del fiscal federal de Tucumán, Carlos Brito, al juez Daniel Bejas, por encubrimiento y falsedad ideológica en la causa por la desaparición del soldado Alberto Ledo, considerando que hay prueba suficiente para que Milani explique por qué firmó, con el rango de subteniente, un acta falsa que decía que Ledo había desertado en 1976.
En declaraciones para la Red Nacional de Medios Alternativos Graciela Ledo declaraba al respecto del pedido de indagatoria que “sentimos alegría por un lado, pero cautela también porque este pedido de indagatoria hace mucho tiempo que ya lo habíamos solicitado y fue rechazado tres veces por el juez, esta vez lo solicita el fiscal”, y agrego “sabemos quién es Milani y todo el poder que ha acumulado y la protección que tiene de los tres poderes, ya que todos han actuado en forma coordinada para no dejar que la justicia haga lo que tiene que hacer”. Durante todo el 2014 la familia Ledo denuncio persecuciones políticas, amenazas, y todo tipo de maniobras para impedir la indagatoria del Jefe del ejército.
La impunidad desmedida: la secta del gatillo.
La postal punitiva y represiva en Córdoba, dejo este año un terrible saldo de 8 jóvenes asesinados en manos de la institución policial: Lautaro Torres, Ezequiel Ávila, Ezequiel Barraza, Cristian Guevara, Miguel Ángel Torres, Alberto Pellico, Pablo Navarro, y Joel Sola, son sólo algunos de los nombres de los jóvenes asesinados en lo que va de 2014 en Córdoba. ”Los que hemos podido relevar por denuncias o porque salieron en los medios” relata Lucrecia Cuello del Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos. “Hay muchos más que no trascienden y quedan invisibilizados”. Así se tiño el año en Córdoba, a un año del narcoescandalo, con serias denuncias al jefe de la policía de Córdoba Cesar Suarez, por amenazas a periodistas que cubrían los casos de gatillo, y con todas las sospechas sobre armar implantadas, intercambios de disparos que no existían, y varios casos de jóvenes fusilados por la espalda por personal policial de civil.
Pero esto no fue exento de esa provincia, es un escenario que se repitió en casi todo el país, como el caso de Pablo Vera de Fiske Menuko –General Roca, Neuquén- quien recibió un tiro letal por parte del policía Jorge Villagra el 25 de septiembre pasado. Si bien se intentó disfrazar de forcejeo o enfrentamiento, las pericias determinaron que el disparo entró por la nuca desde una muy corta distancia. El policía Villegas quedo libre a la espera del juicio.
Esta situación se repite en cada caso de asesinato a un joven, las carátulas son de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en su mayoría, pero los efectivos siguen en funciones, con el aparato que les permitió matar, intacto para que vuelvan a hacerlo, como el caso de los policías Leyva y Chavez, asesinos del joven pellico en Córdoba, donde el oficial Leyva, conocido como “el verdugo” del barrio, un año atrás asesinaba en situaciones poco claras a Matias Paneta, otro joven víctima de gatillo fácil.
Un año de causas armadas
La absolución a Luz Gómez y Diego Romero, presos casi dos años por un homicidio que no cometieron, también fue condecorada en este 2014. Fruto de la perseverancia, la lucha, el compromiso de un puñado de organismos de derechos humanos y familiares de víctimas de desaparición y gatillo fácil. Diego y Luz estaban acusados de matar a un colectivero en 2011 en Castelar, partido de Morón. La única prueba que los inculpaba era una mochila que ellos olvidaron en un remis sumada a una una rueda de reconocimiento por demás irregular. Después de un juicio oral que extendió los grados de ansiedad superlativa durante cuatro audiencias, la justicia no tuvo más que confirmar su inocencia por considerar que las pruebas no probaban el hecho. La fiscalía interviniente había solicitado cadena perpetua para ambos jóvenes.
Entre otros, el caso de Luz y Diego fue activamente acompañado por Omar, padre de Francisco Núñez quien fuera detenido y acusado del asesinato de Oscar Vidal el 25 de noviembre del 2012. Siete meses antes, el 19 de abril del 2012, Diego, el hermano de Francisco, había sido asesinado por el oficial de la Comisaria 24 Pablo Alberto Carmona en un palier de un edifico en Caballito de 5 disparos. Sin embargo la policía modifico las pruebas intentando aparentar la existencia de un único disparo, convirtiéndose así en una nueva víctima del gatillo fácil. A partir de ese día, su familia luchó y lucha incansablemente exigiendo justicia para el joven. Durante todo este periodo y hasta la fecha, la familia Núñez recibe todo tipo de amenazas y hasta un intento de secuestro.
A fines de agosto, la Fiscalía solicitó la absolución por encontrar que el marco probatorio que imputaba a Francisco era absolutamente irregular.
Sobreseimientos, cambios de carátula. Cuando la Justicia se viste de impunidad
El 21 de agosto pasado se dictó la sentencia de cadena perpetua para el oficial neuquino Héctor David Méndez, autor del asesinato de Matías Casas, ocurrido el 22 de julio de 2012 en Neuquén. La jueza María Gagliano se apoyó en el inciso 9 del artículo 80 del Código Penal que condena a perpetua a un miembro de la fuerza de seguridad que abuse de su función, luego un jurado popular lo condenó a cadena perpetua. Lo que debía ser un avance y un precedente para los casos de gatillo fácil en nuestro país, una lucha que se viene dando diariamente desde diferentes organismos de DDHH desde hace años quedo teñido de oscuro por la impunidad ya que los jueces del Tribunal de Impugnación, el pasado 3 de diciembre, revocaron la sentencia del jurado popular que había hallado culpable al ex policía Héctor Méndez por el crimen doblemente agravado de Matías Casas, ocurrido en 2012, en Cuenca XV. Ahora se deberá realizar otro juicio en el que se fijará la nueva pena. Méndez había sido condenado a prisión perpetua en mayo pasado. Esta es la primera vez que los jueces quitan un agravante a un condenado tras un juicio con participación popular.
Con la nueva calificación, de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, se descarta la prisión perpetua y se deberá evaluar una pena de entre 8 y 25 años.
Igual situación se vivió en el caso de Brian Hernández de solo 14 años, joven asesinado por la policía de Neuquén también en 2012, ya que en septiembre de este año el Tribunal Superior de Justicia dictó una resolución atenuando la calificación legal del delito imputado al policía Claudio Salas, asesino de Braian Hernández, pasándola de homicidio calificado por haber sido cometido “abusando de su función o cargo, por ser miembro integrante de las fuerzas policiales” (art. 80 inc. 9 CP), a homicidio simple (art. 79 CP). Esto implica una reducción de la escala penal desde la prisión perpetua a una prisión de 8 a 25 años.
Otro caso que en este 2014 deja ese terrible trago amargo de impunidad fue la absolución del policía Darío Agosti en Maipú, provincia de Mendoza el 17 de diciembre último, quien en noviembre de 2012 mato a Ezequiel Torres, un reconocido bailarín del grupo de danzas de la Municipalidad, que junto a su novia entraron en una despensa a comprar mercadería y quedaron atrapados en medio de un asalto. Los asaltantes huyeron hiriendo a la mujer que atendía el local. Su hijo que era policía al escuchar los gritos bajo, vio a su madre en el piso y disparo -con su arma reglamentaria- a quemarropa, dos disparos a Ezequiel, provocándole la muerte. En los alegatos de los jueces una de las razones de la absolución es que se equivocó, y que no quiso matar a Ezequiel solo estaba “consternado por la confusa escena que vio al entrar al local”.
Y en el cierre de año lo sucedido con el juicio por asesinato de Cristian Ferreyra, dejo en claro el concepto de que la justicia no está del lado del pueblo ni de la lucha. El 9 de diciembre la Cámara criminal de Santiago del Estero eximió a Jorge Ciccioli, el empresario, autor intelectual del asesinato del campesino Cristian Ferreyra, para quien trabajaba Javier Juárez, condenado a sólo 10 años de prisión, en calidad de autor material del homicidio cometido el 16 de noviembre de 2011 en el marco de una histórica disputa por la tierra en Monte Quemado, en la que tiene desarrollo el MoCaSE- Via Campesina.
Los familiares y compañeros de Ferreyra, repudiaron enérgicamente la sentencia del tribunal integrado por los jueces Elida Suárez de Bravo, María Angélica Peralta de Aguirre y Federicio López Alzogaray.
El fallo que liberó a los imputados, con excepción de Juárez (imputados que fueron señalados por el MoCaSE-VC como autores intelectuales y partícipes secundarios: Jorge Ciccioli, Demetrio “Fabucho” Palomo, Carlos Abregú; Mario René Abregú; Víctor Hugo Juárez y Walter Juárez) vuelve a poner sobre la mesa la vinculación y protección de la justicia santiagueña en beneficio de las élites locales y la perpetuidad del agronegocio.