A un mes de las detenciones irregulares de 5 trabajadores de la Junta Interna de ATE educación en La Plata, persiste la vigilancia, el control y el hostigamiento hacia los trabajadores y la vigencia del procesamiento de los mismos.
Este jueves, desde temprano, los integrantes de la Junta Interna de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) a cargo de la directora Nora De Lucía fueron llegando a la sede central en calle 13 entre 56 y 57 para realizar la asamblea anunciada el martes pasado en conferencia de prensa. En la conferencia habían hablado los y las protagonistas de las detenciones del 14 de mayo pasado, en un procedimiento viciado de irregularidades a la salida de una reunión del despacho de Daniel Montes de Oca -encargado de las negociaciones colectivas de la DGCyE-.
Para sorpresa de los trabajadores, la sede central de la DGCyE se encontraba cerrada y con un aviso de asueto administrativo por falta de agua en el edificio. En la conferencia de prensa, los delegados habían denunciando la presencia de la guardia policial que los había marcado e inclusive participado de la irregular detención hace un mes, la cual fue calificada de “secuestro” por los trabajadores, organizaciones sindicales y de Derechos Humanos.
Para el mediodía, en el mismo lugar, se esperaba a los estudiantes secundarios de la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios (CUES) que marcharon por la ciudad de La Plata por mejoras edilicias en las escuelas, mejoras salariales para sus docentes y en defensa de la educación pública. Los secundarios habían movilizado días atrás, encontrando las puertas de la DGCyE totalmente cerradas y sin posibilidad de ser atendidos por autoridad alguna de la provincia tras haber obtenido un compromiso de la directora Nora de Lucía de mejorar la situación de las escuelas bonaerenses semanas atrás.
Para las 17hs estaba convocado un plenario abierto desde la Junta Interna de ATE educación a todas las organizaciones sociales y políticas de la región. Ante la imposibilidad de ingresar al edificio de la DGCyE y la fuerte presencia policial custodiando las inmediaciones de dicha dependencia, se optó por realizar el plenario en otro espacio para evitar la tensión con las fuerzas de seguridad.
Ya en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, Alejandro Sanchez Moreno (delegado de Junta Interna de ATE educación) explicó que llamativamente estaba cerrada la DGCyE por falta de agua cuando en otras ocasiones ante la misma situación los funcionarios no permitieron a los trabajadores retirarse del ministerio. Al mismo tiempo que remarcó el control y la vigilancia de la guardia permanente del ministerio para controlar la actividad sindical y gremial de los trabajadores y, a la vez, de distintas maniobras para obstaculizar la reunión libre de los trabajadores en su lugar de trabajo para el ejercicio de sus derechos como tales.
Este contexto de mayor control y vigilancia hacia los trabajadores fue también denunciada por Silvia Valdés (también delegada de la Junta Interna) el martes pasado en conferencia de prensa al remarcar que en la DGCyE se recibe “violencia” cotidianamente y que quienes deben cuidarlos están para controlarlos ya que uno de los policías de civil que participó de la irregular detención era miembro de la guardia permanente del ministerio.
La reunión de los trabajadores de la DGCyE convocó a los estudiantes secundarios que se habían estado movilizando por la ciudad horas antes y también se hicieron presentes otras juntas internas de la provincia en solidaridad con los procesados. Además estuvieron presentes varias organizaciones sociales y políticas de la región, junto a las nuevas conducciones electas de los SUTEBA de La Plata y Ensenada. Apoyo de delegados de ATE zona sur, Matanza y una carta de los trabajadores petroleros de Las Heras (Provincia de Santa Cruz), que comenzarán a ser enjuiciados el próximo lunes tras haber sostenido un conflicto en 2006 donde reclamaban la eliminación del impuesto a las ganancias en el salario y contra la tercerización. Todos confluyeron al plenario abierto con un solo objetivo: el desprocesamiento de los 6 trabajadores de la Junta interna de ATE educación para frenar la criminalización de la protesta y el ajuste en la provincia.
Nulidad de la causas, retiro de la guardia policial permanente (“cómplice del secuestro”, en palabras de los delegados) y la renuncia de los funcionarios responsables de estos hechos como Nora de Lucía y Daniel Montes de Oca fueron, entre otras, las reivindicaciones más mencionadas por el conjunto de los participantes del plenario. Al mismo tiempo convocaron a realizar una movilización a la Casa de Gobierno y al Ministerio de Seguridad de la provincia, haciendo responsables de lo sucedido al ministro Casal y al gobernador Scioli.
Pareciera que “vigilar y castigar” se ha convertido en una práctica habitual en las instituciones de la provincia, y en el marco de esas relaciones de poder, los trabajadores ven cada vez más restringidas su libertades para ejercer sus derechos de reunión y asociación para la defensa de sus intereses; cuestión fundamental para el fortalecimiento de una vida y una sociedad democrática.