El domingo serán las elecciones presidenciales en Ecuador y el favorito para ganar en primera vuelta es Andrés Arauz, apoyado por el ex presidente Rafael Correa, el más conservador entre los progresistas. La interrogante está planteada: ¿Cuál es su postura sobre el derecho a decidir?
Por Laura Salomé Canteros @laurasalome | Fotos: @sannnnnti para @laperiodicanet
Jueves en la tarde. Cierre de campaña presidencial del candidato Andrés Arauz en Quito, Ecuador. Palco, wiphala, transmisión en vivo, reggaeton; todo a la primera vuelta, la inscripción “recuperemos la esperanza” en una bandera naranja y un pañuelo verde. El discurso encendido del frontman que pretendía conmover a quienes lo acompañaban. No sucedía. Será la pandemia.
Arauz es el favorito de las encuestas rumbo a las elecciones del domingo a pesar del desencanto tras el estallido indígena popular de octubre de 2019. Es quien se muestra como “el verdadero sucesor” del ex presidente Rafael Correa -el más conservador entre los progresistas de la región-, y quien pretende posicionarse como el político que retomará la senda de los derechos y los proyectos colectivos tras la traición y el endeudamiento neoliberal del presidente Lenin Moreno.
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Según las entrevistas realizadas a les 16 candidatos y candidata presidencial por el medio Plan V para saber qué opinan en relación a la despenalización del aborto, siete dijeron estar a favor; tres se pronunciaron en contra; tres sugieren realizar una consulta popular y cuatro no respondieron a la información solicitada. Entre éstos últimos se encuentra Andrés Arauz.
Desde la redacción de Plan V son contundentes, el aborto “no es un tema de los planes de gobierno ni de sus agendas”, afirmando que “la mayoría de los 16 candidatos a la presidencia han evitado exponer su posición respecto a la despenalización del aborto mientras el Ecuador escala en el ranking de los países de la región con la más alta tasa de embarazo adolescente”.
Arauz, sin embargo, sí brindó información a través de su plataforma sobre otras propuestas “para mujeres”: un plan contra las violencias, erradicar la trata (sic), salarios y viviendas para víctimas del odio machista, superar las brechas salariales, paridad en la administración pública y reconocimiento del trabajo de cuidados. Nada sobre Educación Sexual Integral, acceso a los métodos anticonceptivos ni a las causales de aborto que al momento son permitidas.
Las elecciones presidenciales y legislativas en el Ecuador se dan en un contexto de descontento y fragmentación social, crisis económica debido a la pandemia y crisis de representación política. Con instituciones débiles, concentración mediática y falta de acceso al derecho a la información y una democracia centralista del poder que es cada vez más cuestionada pero que no obstante, sigue siendo golpeadas cada vez que proyectos populares avanzan a paso firme contra los privilegios de los dueños de todo en América Latina y el Caribe. Aunque este no es motivo para señalar que los derechos de las mujeres y personas LGBTTIQ+ siguen sin incluirse o a lo último.
En el Ecuador, el aborto es legal en caso de violación a una mujer con discapacidad mental y cuando el embarazo pone en riesgo la vida o salud de la persona gestante. Organismos internacionales ya exigieron al país que despenalice el aborto en casos de violación, incesto y serias malformaciones del feto. Lo hicieron desde 2015, cuando el Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) alertó sobre la problemática de salud pública: el limitado acceso al aborto terapéutico recae en riesgo de vida para las mujeres.
En 2013 y 2019, dos fueron las iniciativas que propusieron en la Asamblea avanzar en causales de la despenalización del aborto y que no fueron escuchadas por quienes ocupaban el parlamento. La primera, con la famosa intervención del entonces presidente Rafael Correa, quien amenazó con renunciar si se aprobaba la propuesta, que ordenó a su partido votar en contra, que terminó con tres legisladoras sancionadas y represión a las colectivas feministas en las calles.
La segunda, en septiembre de 2019, con una propuesta para la despenalización del aborto para víctimas de violación y en casos de incesto, estupro o inseminación no consentida que obtuvo 65 votos de los 70 necesarios para que sea aprobada. Esta, acompañada por grupos conservadores y antiderechos que como en toda la región se encargan de bloquear la agenda feminista y LGBTTIQ.
Desde una mirada feminista, la interrogante está planteada: de ganar el candidado por “Unión por la Esperanza”, ¿qué postura tendrá en relación al derecho al aborto? ¿Podrá, en caso de estar de acuerdo con avanzar en las causales de despenalización, “desobedecer” a lo que Rafael Correa opina sobre el derecho a decidir? ¿Cómo será la política pública en función de reducir las consecuencias de los abortos inseguros, cómo se abordará en su gobierno el acceso a los derechos sexuales y (no) reproductivos? ¿Podrá algún gobierno progresista en la región, gestionar estando en contra del aborto voluntario legal tras el reconocimiento de este derecho en Argentina?
En el acto de cierre de campaña del candidato a la presidencia Andrés Arauz había un pañuelo verde, en el puño de seguramente alguna feminista que la peleará “desde adentro”. Porque en el Ecuador, la vuelta del progresismo será con aborto voluntario legal o no será más que una farsa.